La presencia militar en funciones tradicionalmente civiles en México ha visto un incremento notable bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un amplio rango de acuerdos, convenios y reformas legislativas, las Fuerzas Armadas han extendido su influencia a sectores que van más allá de su mandato original de seguridad pública.
Militarización en ascenso: La expansión del rol de las Fuerzas Armadas en México
Según el Inventario Nacional de lo Militarizado, elaborado por organizaciones como el Programa de Política de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta, un sorprendente 83% de los convenios firmados entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales abarcan funciones no relacionadas con la seguridad. Estos incluyen desde la protección ambiental hasta la construcción de infraestructura y la administración de servicios de salud y políticas sociales.
Historial y contexto de la militarización
El fenómeno de la militarización no es nuevo y ha sido una tendencia creciente desde hace al menos tres sexenios. Sin embargo, el ritmo de militarización se ha acelerado significativamente en los últimos años. Las reformas constitucionales, legislativas, los decretos presidenciales y los convenios específicos han sido las herramientas clave para transferir una variedad de funciones y presupuestos originalmente civiles a las Fuerzas Armadas.
Desde 2006 hasta la fecha, se han presentado 87 iniciativas de reforma en el Congreso destinadas a formalizar la transferencia de roles civiles a las fuerzas militares. Notablemente, el 77% de estas iniciativas se presentaron durante las últimas dos legislaturas, coincidiendo con el mandato actual. El partido Morena ha sido un actor principal en este proceso, impulsando casi la mitad de todas las iniciativas.
Detalles del inventario militarizado
El Inventario Nacional de lo Militarizado no solo documenta estas transferencias, sino que también intenta comprender los mecanismos legales que las facilitan, los actores públicos involucrados y los argumentos utilizados para justificar estas expansiones. Entre 2007 y 2022, se registraron 258 convenios que transfirieron funciones o presupuestos civiles a las fuerzas armadas, destacándose una variedad de tareas asignadas a los militares que incluyen desde construcción de obras públicas hasta operaciones de empresas estatales.
Impacto y Controversias
Aunque la transferencia de funciones civiles a las fuerzas armadas es un fenómeno que atraviesa varios gobiernos, ha sido bajo la administración de López Obrador que esta práctica ha alcanzado nuevas alturas. En términos de transparencia y rendición de cuentas, muchos de estos convenios presentan deficiencias significativas. La falta de claridad en los montos transferidos y la duración de los convenios dificultan una supervisión efectiva, y en muchos casos, la justificación jurídica de estas transferencias ha sido débil o inexistente.
Este proceso ha levantado preocupaciones sustanciales sobre los riesgos de corrupción y abusos de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales de los empleados involucrados en proyectos administrados por militares. Además, la evidencia sugiere que la expansión del rol militar en funciones de seguridad pública no ha logrado contener la violencia de manera efectiva y, en algunos casos, ha contribuido a su exacerbación.
Desafíos para el futuro
La creciente militarización también representa un desafío significativo para el desarrollo democrático de México. Al asignar más funciones a las fuerzas armadas, más segmentos del estado quedan sujetos a un régimen especial, caracterizado por una menor transparencia y limitada rendición de cuentas. Esto plantea preguntas críticas sobre la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales en un país ya marcado por desafíos en la gobernanza y la justicia.
En conclusión, mientras que las Fuerzas Armadas continúan desempeñando un papel cada vez más prominente en la administración pública y la política social de México, la necesidad de un debate público informado y una supervisión rigurosa nunca ha sido más crucial. Los próximos años serán determinantes para definir el balance entre seguridad y democracia en el país, un desafío que requerirá la atención continua de todos los sectores de la sociedad mexicana.
