Terminado en el proceso de elección de un nuevo gobierno federal que entrará en funciones el 1 de octubre, no se puede soslayar que su asunción genera un número de expectativas e ilusiones, pero fundamentalmente de retos y desafíos. La transición del poder debe procesarse con la diligencia y determinación necesarias para garantizar la estabilidad política y económica que permita desde el primer día enfocarse en instrumentar el programa de gobierno propuesto durante la campaña.
La coyuntura actual implica que los retos que la nueva administración habrá de enfrentar abarcan cuestiones políticas, sociales y especialmente económicas contenidas en la suerte de herencia que recibirá del gobierno que está por terminar y que se ha caracterizado por una forma sui-géneris de gobernar lo que puede influir en el éxito o el fracaso del nuevo gobierno y de su proyecto de nación.
Habrá que observar si las condiciones políticas y de encono que ha generado este proceso se pueden superar con rapidez y podemos retomar el camino y avanzar en los temas importantes que nos deben ocupar como país. Para ello, sin duda el primer reto que enfrentará la primera mujer en gobernar el país es la necesidad de establecer su legitimidad y ganarse la confianza del pueblo.
Más allá de cómo se haya llegado al poder y de los escollos que tengan que superar, es fundamental que el gobierno demuestre su compromiso con el bienestar y el progreso sostenible de la sociedad y su capacidad para asumir responsabilidades y empezar a dar resultados que den tranquilidad a los mercados y permitan generar horizontes de planeación asertiva. Ello implica la implementación de políticas transparentes, éticas y viables, así como garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía y las instituciones democráticas.
Infortunadamente la historia económica y política del país nos ha mostrado que en ocasiones la búsqueda de legitimidad ha llevado a tomar decisiones erróneas o que resultan contraproducentes, no sólo en el ámbito político, las más complicadas suelen ser las de corte económico, especialmente cuando conducen a reacciones inesperadas en los mercados y trastocan la estabilidad económica y financiera, ejemplos sobran.
En lo económico se heredan una serie de problemas y situaciones críticas que requerirán de capacidad de reacción. El sexenio por terminar ha sido el de menor crecimiento promedio de los últimos 5 períodos, un registro de 0.9 por ciento anual. Asimismo, de confirmarse un crecimiento menor al 2 por ciento en 2024, será el peor último año para un sexenio en los últimos 30 años.
A ello hay que agregar la alta inflación, especialmente de materias primas y alimentos que ha trastocado las decisiones de las familias y las empresas (la inflación acumulada durante el sexenio habrá sido de 30.2 por ciento). El nuevo gobierno tendrá el reto de reducir la inflación a las cifras objetivo del 3 por ciento anual, pero con menor holgura en el manejo de la política económica.
Abordar estos desafíos requiere de políticas económicas sólidas y un manejo prudente de los recursos públicos. Sin embargo, la situación se ve complicada considerando que la primera presidenta del país habrá ganado las elecciones prometiendo incrementar tanto en monto como en número de beneficiarios, las transferencias monetarias a la ciudadanía etiquetadas como programas sociales. No queda claro el origen de los recursos para cumplir esta ineludible promesa de campaña, lo que sí es evidentes es que ya no cuenta con los medios de los que echó mano el actual gobierno el cual agotó los fondos de estabilización, desapareció los más de 100 fideicomisos, pauperizó las estructuras de gobierno incautando recursos presupuestales de proyectos no considerados como prioritarios y endeudó al país en casi 6.5 billones de pesos.
Cumplir con la promesa implicar la adopción de medidas para estimular el crecimiento económico, fomentar la inversión, garantizar el estado de derecho y crear empleo productivo, así como la implementación de políticas fiscales y hacendarias responsables y reducir el peso de la deuda pública y especialmente del déficit fiscal.
La primera presidenta que tendrá el país tiene un reto enorme en materia de desarrollo económico. Se requiere visión de futuro, liderazgo incluyente, políticas sólidas y fundamentalmente el apoyo de la ciudadanía, por lo que el camino de la polarización no es aceptable, se requiere sentar las bases para un futuro próspero y sostenible, el éxito del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para gestionar eficazmente estos desafíos y cumplir con las expectativas del pueblo al que sirve, ya veremos si eso es posible.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
