Morena y sus aliados aprobaron, ayer, la reforma judicial en la Cámara de Diputados. La semana que viene lo harán en el Senado si consiguen un voto de un legislador de oposición. Luego se enviará a las legislaturas locales que, en un proceso exprés, también la aprobarán. Habrá, por tanto, reforma judicial en este mes de septiembre. Será un “bonito” regalo de despedida a Andrés Manuel López Obrador.
Pero faltará una aduana: el reconocimiento internacional.
México es un país soberano que puede hacer y deshacer sus instituciones políticas… siempre y cuando respete los acuerdos internacionales. Tratados tan relevantes como el de libre comercio con Europa, Estados Unidos y Canadá.
Aquí vale la pena contar la historia de lo ocurrido en Polonia donde, por presiones de la Unión Europea, ese país tuvo que echar para atrás la reforma judicial de un gobierno populista de derecha que intentó someter a los juzgadores a la voluntad del partido gobernante.
Desde que llegó al poder en 2015, el partido ultraconservador Ley y Justicia se propuso subyugar al Poder Judicial. La justificación, oh sorpresa, era tener un sistema más eficiente. Comenzó la purga de los ministros del Tribunal Supremo adelantando la edad de jubilación. Al Ministerio de Justicia se le dio la facultad exclusiva para nombrar y destituir jueces. Muy importante fue la constitución de un Tribunal Disciplinario, dependiente directo del Ejecutivo, con la facultad de sancionar a jueces incluyendo la expulsión de los jueces de la profesión jurídica.
La reforma en México, aprobada ayer por diputados, contempla la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), integrado por cinco magistrados que permanecerán en su cargo seis años. Estos juzgadores, al igual que el resto, serán elegidos por voto directo de la ciudadanía, lo cual, por como está planteada la elección, acabará conformada por jueces cercanos a Morena.
El TDJ investigará y sancionará a juzgadores por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus sentencias no se ajusten “a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia”. Las sanciones incluyen la amonestación, suspensión, multa, destitución e inhabilitación.
Regreso a Polonia, país que se adhirió a la Unión Europea (UE) en 2004. Los europeos no sólo comparten una economía integrada, sino también reglas políticas que obligan a las naciones a tener regímenes democrático-liberales. No se puede pertenecer a la UE con gobiernos autoritarios.
Por tanto, desde que entró en vigor la reforma judicial en Polonia, las autoridades de la UE se manifestaron en contra de ella al violar el principio de independencia judicial, condición de un régimen democrático. Comenzó, así, un conflicto entre el gobierno nacionalista de Varsovia y las autoridades europeas de Bruselas que fue escalando. A Polonia se le congelaron fondos de miles de millones de euros de ayuda. Incluso, se habló de la posibilidad de un Polexit, es decir, la salida de este país de la UE.
El punto de contención más importante era el Tribunal Disciplinario que podía castigar a los jueces que no se sometieran a los dictados del Ejecutivo. En 2022, el gobierno polaco anunció la disolución de este órgano de control que cancelaba la independencia judicial.
La llegada de un nuevo gobierno en Polonia ha relajado las tensiones con la UE. Las flamantes autoridades se han comprometido a echar para atrás la reforma judicial, pero han alertado que será muy difícil hacerlo.
Retorno ahora a México.
Mi colega Carlos Elizondo escribió el domingo en Reforma: “Entre enredarse en la bandera nacional y ser parte del mercado de mercancías más grande del mundo, ¿qué preferimos? ¿Los mexicanos querrán pagar el costo económico de ser excluidos del T-MEC a cambio de tener la soberanía para elegir jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial? El futuro gobierno parece también creer que puede ampliar su poder con las reformas que están por aprobarse en septiembre y seguir gozando de todos los beneficios del T-MEC. Yo creo que no se puede tener el pastel y comérselo”.
Coincido.
La reforma al Poder Judicial nos traerá problemas en el tratado con Europa, donde existe una cláusula que obliga a México a ser una democracia-liberal.
Pero el mayor problema será con el T-MEC. Estados Unidos y Canadá inevitablemente argumentarán que, sin un Poder Judicial independiente, no hay manera de continuar con un pacto comercial y de inversión.
Hay que vernos en el espejo polaco y preguntarnos si queremos conflictos con nuestros socios comerciales por la desmesura de la reforma judicial.
X: @leozuckermann
