Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos y España, sus mayores socios comerciales, se enfría.
En junio, Sheinbaum se convertía en la primera presidenta electa de la historia mexicana con un triunfo electoral contundente, en medio de un positivo clima económico: moneda fortalecida, sólida inversión extranjera y éxitos de su predecesor en la reducción de la pobreza.
Pero su victoria también otorgó supermayorías al oficialismo de izquierda en el Congreso bicameral, donde ahora puede modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
Su primera votación avaló una drástica reforma judicial que instauró la elección popular de todos los jueces, un caso único en el mundo que preocupa a los mercados. Otras iniciativas, como la desaparición de los reguladores económicos independientes, aguardan su turno.
La reforma incomodó a Estados Unidos, principal socio de México a través del T-MEC, el acuerdo de libre comercio de América del Norte que también integra Canadá.
«Amenaza la relación (…) que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal» mexicano, puntualizó semanas atrás el embajador estadounidense Ken Salazar.
El mandato de Sheimbaum, que comenzará el primero de octubre, viene precedido además de una riña diplomática con España, segundo mayor inversionista extranjero en México lo que va del siglo. Madrid decidió boicotear la juramentación de Sheinbaum el próximo martes, al considerar «inaceptable» que el rey Felipe VI no fuera invitado.
«Hay analistas que dicen que con esto [las reformas] el sexenio nace muerto. No sé si hasta allá llegamos, pero me parece que las posibilidades para la economía son mucho menores», afirma Jesús Carrillo, director de economía del centro de análisis mexicano IMCO.
Tras las elecciones, la moneda mexicana, un termómetro de expectativas económicas, ha caído 13%.
Los cambios que López Obrador hereda a Sheinbaum suponen un shock similar a la cancelación de la construcción de un aeropuerto valuado en 13.000 millones de dólares al empezar su mandato en 2018.
Tal decisión paralizó por meses la inversión privada y requirió pagar millonarias indemnizaciones, recuerda Carrillo. «Son comparables en lo que muestran de falta de institucionalidad de México».
Imparcialidad
Expertos advierten que los cambios constitucionales colisionan con la normativa del T-MEC.
Si bien el tratado no incluye reglas específicas sobre el sistema judicial de los socios, «sí exige que sea imparcial e independiente», advierte el IMCO.
Capítulos del T-MEC demandan «trato justo y equitativo» para resolver controversias judiciales, condición que puede incumplirse si los jueces electos dependen de partidos políticos o grupos de interés, añade.
La primera elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte, a la que López Obrador acusa de defender a políticos corruptos y al crimen organizado, está prevista para junio de 2025.
La reforma que elimina a los reguladores de energía, telecomunicaciones y competencia, contraviene obligaciones del T-MEC y podría frenar inversiones en infraestructura.
Este sector generó numerosos empleos durante el gobierno de López Obrador y junto con vastos programas sociales e históricas alzas salariales permitió sacar de la pobreza a 8,9 millones de mexicanos.
Eliminar «organismos reguladores independientes (…) aumentaría la incertidumbre en torno a las normas y procedimientos, y haría que el sector de infraestructura de México sea menos atractivo» para invertir, señaló la calificadora Moody’s.
«En entredicho»
Carrillo añade que debilitar el marco regulatorio golpea la expectativa de relocalización de inversiones desde Asia hacia México para alimentar el mercado estadounidense, un fenómeno conocido como «nearshoring».
«Si México pierde (…) institucionalidad, si queda en entredicho su capacidad para cumplir y honrar sus acuerdos, me parece que el nearshoring se desvanece», afirmó.
Una economía debilitada impactaría finalmente en la recaudación tributaria en un momento desafiante, pues López Obrador aumentó el endeudamiento en su último año de gestión e incrementó el déficit fiscal.
La deuda como porcentaje del PIB trepó este año a 50,2%, desde 46,8% en 2023, mientras que la prima que México paga a sus acreedores (riesgo país) subió tras los comicios de junio y activó alertas sobre su calificación crediticia.
En busca de contener la incertidumbre, el futuro secretario de Economía de Sheinbaum, Marcelo Ebrard, anunció una reunión con 45 grandes empresas estadounidenses el próximo 15 de octubre, donde la mandataria explicará «cómo va a funcionar la reforma judicial».
«Vamos a respetar sus inversiones», aseguró Ebrard la semana pasada.
El Banco de México (central) prevé que la economía crezca 1,5% este año, frente al 3,2% del 2023.
