- La estrategia contiene proyecciones conservadoras de crecimiento de la demanda.
- Se mantendrá la falta de competitividad en el mercado, con 54% destinado para CFE.
- Se amplían en sobremedida las metas de energía renovable para 2030.
La administración actual ha presentado la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, un «ambicioso» plan con la promesa de continuar fortaleciendo la soberanía energética a costa de la competencia y acelerar la transición hacia energías limpias. Entre sus metas destaca mantener el control estatal del sector con un 54% de la generación en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y destinar una inversión de 23,400 millones de dólares para generación, transmisión y distribución hasta 2030. Sin embargo, este plan se basa en proyecciones conservadoras que parecen subestimar la demanda eléctrica futura y limita la participación del sector privado, lo que plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con los objetivos planteados.
El plan proyecta la intención de añadir 13,024 MW al sistema eléctrico nacional durante el sexenio, con lo que se alcanzaría un total de 103,494 MW para 2030. No obstante, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) publicado en mayo estima un crecimiento anual entre 2.1% como límite inferior y 2.9% como límite superior en la demanda máxima integrada. Como resultado, con el plan energético propuesto no se llegaría a cubrir el rango inferior de 104,524 MW, si bien se quedaría cerca, mientras que se queda muy lejos del límite superior de 110,330 MW.
Considerando que se ha establecido que la CFE genere el 54% de la energía nacional total, podemos estimar que, para cumplir ese porcentaje, para el año 2030 únicamente se habrá permitido una expansion de mil MW por parte del sector privado y los productores independientes de energía (PIE) en conjunto, reduciendo su participación sobre la capacidad total del sistema en 4 puntos porcentuales. Estas discrepancias no sólo comprometen la capacidad del sistema eléctrico para cubrir la demanda futura, sino que también perpetúan los problemas de infraestructura insuficiente, como ya se vio entre 2019 y 2023, cuando la capacidad instalada creció apenas un 6%, mientras que el consumo aumentó un 9%, resultando en apagones recurrentes.
A ello se suma la meta de generación limpia de 64,979 MW para 2030, representando un total del 62% de la capacidad que proyectan para ese año, un desafío que sobrepasa las metas que se tenían establecidas en el PRONASEN para 2030 del 48%.
Aun cuando los 23,400 millones de dólares son significativos, resultan insuficientes frente a las necesidades del sector. La generación distribuida fotovoltaica, por ejemplo, requerirá un crecimiento anual de hasta 12.3% para alcanzar 18,913 MW en 2038. Además, la baja inversión en modernización de la red eléctrica limita la integración de fuentes renovables, obstaculizando la transición energética.
El modelo propuesto, con un control mayoritario de la CFE y «productores mixtos», busca reforzar el papel del Estado, pero podría desincentivar la participación privada y la innovación tecnológica. La eficiencia de la CFE ya ha sido cuestionada: a pesar de mayores presupuestos, no ha logrado cumplir con sus metas de generación limpia ni garantizar un suministro constante.
Pemex, por su parte, busca consolidarse como pilar de la seguridad energética mediante una mayor integración operativa y la eliminación de gastos redundantes, con un ahorro estimado de 50 mil millones de pesos. Sin embargo, su situación financiera sigue siendo crítica, con pérdidas acumuladas de 2.87 billones de pesos entre 2010 y 2023 y una deuda bruta de 1.86 billones. Esta realidad plantea dudas sobre su capacidad para cumplir con los proyectos de energías limpias y sostenibles que se le asignan. La dependencia del Estado en dos monopolios (CFE y Pemex) con problemas estructurales podría comprometer la viabilidad financiera de la estrategia energética en su conjunto.
La Estrategia Nacional del Sector Eléctrico busca fortalecer el control estatal y promover una transición energética, pero sus proyecciones conservadoras y una inversión insuficiente dificultan el cumplimiento de estos objetivos. Al limitar la competencia y la participación privada, el gobierno corre el riesgo de frenar el desarrollo de un sector energético sostenible y competitivo. Para enfrentar los desafíos del futuro, México necesita un modelo que fomente la innovación, atraiga inversiones significativas y garantice la estabilidad financiera de sus empresas estatales.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
