La pobreza en México ha sido históricamente un desafío persistente, condicionado por factores estructurales como la informalidad laboral, las brechas regionales y la desigualdad en el acceso a servicios básicos. Sin embargo, en la última década, las condiciones han mejorado, al menos en lo que respecta a la pobreza por ingresos, impulsada por un incremento en los ingresos laborales, pero también sostenida por los programas sociales y el sorprendente aumento en las remesas, que se han consolidado como un salvavidas para los miles de familias receptoras. No obstante, en un entorno de crecimiento económico débil, la dependencia de estas transferencias puede volverse insostenible en el mediano y largo plazo.
Recientemente, el Banco Mundial presentó su Informe de Pobreza y Equidad en México, en el que destaca que el país ha logrado una importante reducción de la pobreza en los últimos años. Específicamente, señala que entre 2018 y 2023, México registró la mayor
disminución de la pobreza en América Latina y el Caribe, con una caída de alrededor del 7 por ciento, atribuida principalmente a mejoras en los mercados laborales y a programas de transferencias sociales. Sin duda, las cifras respaldan estos resultados, pero como se ha señalado, dos variables han jugado un papel determinante en la contención y reducción de la pobreza: los subsidios del gobierno y las remesas enviadas por mexicanos que migraron preci samente por las condiciones de pobreza y desempleo que persisten en el país.
El informe, basado en cifras oficiales, subraya el papel crucial que han desempeñado tanto los incrementos en los ingresos laborales como las políticas sociales en la reducción de la pobreza. Ciertamente, los programas sociales han logrado avances significativos, aún cuando existen oportunidades para ampliar su impacto fortaleciendo su cobertura, eficiencia y —añadimos— su sostenibilidad. En este contexto, las transferencias gubernamentales se han consolidado
como una fuente fundamental de ingreso para las familias más vulnerables.
Una de las fuentes más confiables para analizar la evolución de las condiciones de pobreza en México es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el INEGI cada dos años. Por su cobertura y metodología, se ha convertido en el principal punto de referencia para los análisis del desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Según esta fuente, entre 2016 y 2022 (última encuesta disponible), los ingresos laborales de los hogares ubicados en los primeros tres deciles de ingreso se incrementaron en 146 por ciento en términos reales. La mejora salarial ha sido significativa, si bien la participación de esta fuente en el total de ingresos se ha mantenido relativamente estable, alrededor del 55 por ciento.
Las otras dos fuentes mencionadas —remesas y transferencias sociales— muestran comportamientos aún más notables. En el mismo período, los ingresos por remesas de los hogares de los primeros tres deciles crecieron un 181 por ciento en términos reales. Esto no sorprende si consideramos que en 2016 México recibió 27 mil millones de dólares en remesas, cifra que se elevó a 52 mil millones en 2022, marcando un récord histórico.
La importancia de las remesas no radica únicamente en su volumen, sino en su efecto directo sobre el ingreso disponible de los hogares pobres, especialmente en regiones rurales o marginadas. El CONEVAL, en su análisis de pobreza 2022, advirtió que la ausencia de remesas habría incrementado considerablemente la pobreza por ingresos. No obstante, es importante subrayar que esta no es una fuente de ingreso formal ni producto de una política pública; está sujeta a múltiples factores externos, como las medidas migratorias del gobierno de Estados Unidos o la posible imposición de impuestos a las transferencias.
El Banco Mundial también asigna un papel destacado a los programas sociales en la reducción de la pobreza. Aunque existen desde hace décadas, fue a partir de 2018 cuando adquirieron mayor protagonismo, transformándose en transferencias monetarias directas a los beneficiarios. Entre 2018 y 2024, el gasto en subsidios aumentó un 27 por ciento en términos reales, alcanzando 1.1 billones de pesos.
De acuerdo con la ENIGH, los ingresos por programas gubernamentales para los hogares en los primeros tres deciles se incrementaron en 145 por ciento en términos reales entre 2016 y 2022.
El Banco Mundial recomienda rediseñar estos programas para ampliar su cobertura, pero también para hacerlos más progresivos, es decir, que beneficien en ma yor medida a quienes más lo necesitan.
Los apoyos gubernamentales deben ser temporales, ya que no pueden mantener se indefinidamente sin comprometer la estabilidad fiscal. Se requiere crecimiento económico sostenido, el cual ha sido prácticamente nulo: durante el sexenio anterior, el ingreso per cápita tuvo un crecimiento marginal.
Finalmente, no debe olvidarse que la pobreza es un fenómeno multidimensional. Dimensiones como el acceso a la seguridad social, los servicios de salud, la infraestructura sanitaria y la vivienda han sido descuidadas, lo que ha provocado un aumento en la pobreza extrema por carencias sociales. Aún queda mucho por hacer si se desea combatir la pobreza de manera real y sostenida.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
