Entre 2018 y 2025, nuestro país ha experimentado uno de los procesos más acelerados de recuperación del salario mínimo en su historia reciente. En términos reales, esta base creció 141 por ciento, un cambio estructural tras décadas de rezago. Sin embargo, mientras el salario ha avanzado, el empleo formal se ha estancado. En 2024 se generaron apenas 214 mil nuevas plazas inscritas en el IMSS, una reducción de 67.2 por ciento respecto a 2023, y entre enero y septiembre de 2025, el número de nuevos empleos formales (poco más de 333 mil) es 27 por ciento menor que el observado en el mismo período del año anterior.
La paradoja es evidente: se mejora el salario, pero se deteriora el empleo formal. Este fenómeno plantea una pregunta esencial para la economía política: ¿cómo puede una política salarial exitosa en términos sociales y redistributivos coexistir con una desaceleración del empleo y un aumento de la informalidad?
No se puede soslayar, que en términos sociales la política salarial ha sido exitosa. El estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), “Impacto del salario mínimo en la pobreza durante el período 2018–2024”, ofrece una evaluación empírica contundente. En esos años, la pobreza multidimensional se redujo de 41.9 por ciento a 29.6 por ciento de la población, es decir, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. De ese total, 6.6 millones lo hicieron exclusivamente gracias al incremento del salario mínimo, que aumentó 116.4 por ciento en términos reales.
El estudio muestra que los incrementos salariales no afectaron de manera significativa el nivel de empleo, pero sí impulsaron el ingreso laboral real, que creció 31.1 por ciento. Además, se confirma que la pensión para adultos mayores y las remesas familiares contribuyeron a reducir la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares.
En otras palabras, la política de aumentos salariales ha sido socialmente exitosa: redujo pobreza, elevó el ingreso y fortaleció el consumo de los hogares especialmente en los grupos sociales con ocupación menos favorecida. Pero el éxito distributivo no se ha traducido en dinamismo del empleo formal.
Estamos ante una paradoja estructural. Mientras los ingresos han mejorado, la base productiva del empleo formal se ha debilitado. De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, en agosto de 2025 la población ocupada en la informalidad laboral alcanzó 32.6 millones de personas, con una tasa de informalidad laboral (TIL1) de 54.8 por ciento, superior al 54.3 por ciento del mismo mes de 2024.
En el sector informal (según lo define el INEGI), 17.6 millones de personas — 29.6 por ciento de la población ocupada— trabajan sin registro ni seguridad social, señalando un aumento de 1.4 puntos porcentuales respecto a un año antes. Esta “informalidad dentro de la formalidad” refleja un marco laboral rígido y costoso, así como una estructura fiscal que no recompensa suficientemente el cumplimiento normativo. La tendencia es preocupante: la economía no está creando, sino destruyendo empleos formales.
El estancamiento del empleo formal en México responde a un conjunto de factores estructurales que interactúan entre sí y que limitan la capacidad de la economía para absorber trabajadores en condiciones de legalidad y estabilidad. En primer lugar, persiste un rezago en la productividad laboral, especialmente en las micro y pequeñas empresas, donde los incrementos salariales han superado significativamente la capacidad de generación de valor.
Las nuevas cargas sociales como lo han sido el incremento en los días de vacacio nes, el aumento de los impuestos laborales, la reducción de la jornada, la limitación de los formatos de contratación y otras más, generan costos adicionales a las empresas lo que limita el empleo formal y provoca la sustitución de este tipo de empleo por esquemas informales o temporales, la contratación por honorarios o incluso la automatización parcial de procesos.
El contexto macroeconómico tampoco ha sido favorable. La menor inversión privada se combina con un crecimiento económico muy lento lo que ha restringido la expansión de la demanda laboral.
La política económica ha elevado el ingreso real pero no la capacidad del aparato productivo para generar empleos formales sostenibles. El equilibrio entre el aumento en el salario mínimo y la generación de empleo es delicado. La sostenibilidad de los incrementos al salario mínimo requiere de una estrategia integral que vincule justicia salarial con productividad y competitividad empresarial.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
