De presentarse en 2026  un escenario inflacionario que rebase el objetivo del 3% del Banco de  México no sólo pondría a  prueba la credibilidad del  marco macroeconómico  planteado por la autori dad financiera, sino que  activaría tensiones latentes en la estabilidad, la cohesión social e incluso el  propio escenario electoral. La historia económica  nacional nos muestra que  los repuntes inflacionarios además de erosionar  el ingreso real suelen amplificar la polarización en  un contexto ya exacerbado políticamente. 

Las presiones internas  se pueden reactivar producto de la propia política  gubernamental de ganar  simpatías. El incremento  de 13% al salario mínimo, que llevaría el ingreso diario a $315.04 pesos  en, si bien tiene un  claro objetivo redistributivo al beneficiar directamente a unos 8.5 millones  de trabajadores, en términos macroeconómicos  no tiene un efecto neutro.  

Nuevamente la historia  nos refiere que aumentos  salariales por encima de la  productividad tienden a  trasladarse a precios, par 

particularmente en sectores  intensivos en mano de  obra y en MIPyMES con  menor capacidad de absorción de costos. En un  contexto de inflación subyacente que desde hace  tiempo supera el   , este  efecto de empalme puede consolidar expectativas inflacionarias, un factor clave para la toma de  decisiones de política del  banco central que pretende continuar con su ciclo  de ajustes. 

A lo anterior se suman los ajustes fiscales  indirectos, como los aumentos al IEPS en bebidas azucaradas, tabaco \  bebidas energéticas. Aun  cuando la recaudación estimada de 670 mil millones de pesos ayudaría a  las finanzas S¼Elicas en  el corto Sla]o, el iPSac to directo en precios que  se estima de entre 5% y  10% en esos bienes tiene  un componente regresivo  

Para el consumidor, especialmente en sectores  de bajos ingresos donde  los refrescos forman parte  de la dieta cotidiana. En  México, donde el consumo  privado representa cerca  de dos tercios del 3,4%, la  percepción de pérdida de  poder adquisitivo puede traducirse rápidamente  en descontento social y  presión sobre la ilusoria  narrativa gubernamental. 

De igual forma la eliminación del subsidio a  las gasolinas establecido a finales del  2025 podría tener un efecto en los  costos del transporte y la  producción. En términos  políticos, el fin de estos  mecanismos de contención —junto con el acuerdo de mantener el precio  de la gasolina magna en  $24 pesos o una posible  no renovación de programas como el PACIC— puede ser interpretado como  un ajuste impopular y por  tanto de rechazo. 

El escenario internacional podría abonar directamente a las presiones  inflacionarias. /a escalada arancelaria de Estados  Unidos sobre importaciones chinas, con tasas de  25% a 50% en sectores estratégicos afecta indirectamente a México a través  de las cadenas de suministro que si bien operan  en el marco del T-MEC  no quedarían inmunes  del todo. Si a lo anterior  añadimos la propia medida de nuestro país de imponer aranceles a países  no socios, especialmente  China, un impacto inflacionario adicional de 0.5  a 1% podría alimentar un  debate interno sobre la  conveniencia de una política comercial más proteccionista frente a los cos tos para la industria que  finalmente se trasladarían  al consumidor. 

Si bien el aumento en  precios internacionales  podría verse parcialmente  amortiguado de continuar  el peso apreciado, ha\ que  tener presente que la estabilidad cambiaria no  siempre basta para contener shocks externos. (En este contexto, el  margen de maniobra de  Banxico se estrecha. Con  una inflación persistente, la autoridad monetaria  enfrentaría el dilema clásico entre combatir  la inflación y no limitar aún más un crecimiento ya moderado  que se ubica entre 1.1%  y 1.2% para el próximo  año. Las decisiones del  Banco central, aunque  técnicas, no sólo tienen  consecuencias económicas también políticas. En un entorno inflacionario, la tentación de  seguir recurriendo a medidas de corto plazo para  preservar apoyo electoral  puede chocar con la necesidad de disciplina macroeconómica. Un posible repunte inflacionario  en 2026 no solo sería una  prueba para la estabilidad  de la economía mexicana,  sino un factor imperante  en el debate político que  se avecina. 

El autor es presidente de Consultores  Internacionales, S.C.®

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