A través de los diferentes medios de comunicación –radio, televisión, impresos y por Internet—nos enteramos diariamente de que millones de migrantes cruzan las fronteras de países vecinos o alejados, sin saber lo que les espera, que puede ser el alto riesgo de perder la vida en el intento.
No saben si el barco o “lanchones” que los transportan se hundirán en el mar; si los camiones “tráileres”, que los transportan chocarán en las vías terrestres, o si morirán por asfixia por lo improvisado de esas unidades. Viajan con todos los riesgos.
Cuando logran llegar a las fronteras, ocurren otros casos que parecen imposibles que sucedan: por ejemplo, que estando “seguros, encerrados en un refugio del Instituto Nacional de Migración”, a algún “maloso” se le ocurra prender fuego al dormitorio y mueran cuarenta migrantes.
Este caso es inaudito, pero pasó en Ciudad Juárez, frontera entre México y Estados Unidos, sin que se haya aplicado justicia a los culpables y custodios del “resguardo”. Por lo pronto, el director de ese instituto, Francisco Garduño, “no ha dado la cara por ese incidente”. Sólo se supo que quien controlaba las llaves, no estaba en el lugar de los hechos.
Ahora bien, desde el momento en que miles o millones de migrantes deciden salir de sus países, los gobiernos de esas naciones se desentienden de la suerte que corran en los trayectos por recorrer ni les interesan los medios de transporte que utilizan. Entonces, caen en manos de traficantes migratorios quienes, lo primero que hacen, es vaciar los bolsillos de gente empobrecida.
Cuando se trata del tema de la migración, en muy pocas ocasiones se analiza la verdadera razón del fenómeno que causa tanta injusticia, sufrimiento de familias que se desplazan miles de kilómetros principalmente por mar y tierra, en busca de un empleo o de una vida digna para hombres, mujeres y niños.
Consideramos que esa responsabilidad recae, en primera instancia, en los gobiernos de todos los países expulsores, incluido México. Esa forma de gobernar podría considerarse fallida, por no crear las condiciones de empleo, capacitación, disposición de inversiones fiscales que impulsen el desarrollo social y económico para una población que crece y aumentan sus necesidades.
Ese tipo de gobiernos que no dan respuesta a sus gobernados, invariablemente callan para “ver qué pasos dan los gobiernos receptores” a la hora de enfrentar el problema migratorio, para después vanagloriarse, de tiempo en tiempo, de que “nuestros heroicos migrantes envían divisas para impulsar la economía familiar y del país”. En no pocas ocasiones así lo pregona, sin ningún recato, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La migración está íntimamente relacionada, primero, con la pobreza de una población creciente que no encuentra respuestas favorables de sus gobiernos, en cuanto a vivienda digna, empleo permanente, educación en todos niveles, así como condiciones para aumentar modos de vida familiar.
El fenómeno de la migración es mundial. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en 2020 había en el mundo 281 millones de migrantes internacionales, cifra equivalente al 3,6 por ciento de la población mundial.
La población migrante envía periódicamente remesas a sus países de origen, contabilizadas en dólares americanos. En el año 2000, las remesas alcanzaron valores aproximados de 126 mil millones de dólares, mientras que, en 2020, el valor fue de aproximadamente 702 mil millones de dólares.
En el caso de nuestro país, información del Banco de México indica que, durante la pandemia, en 2021 las remesas alcanzaron un valor de 40 mil millones de dólares; en 2022, de 50 mil millones y se espera que, para este 2023, estos ingresos se ubiquen en 60 mil millones de dólares.
Estos recursos que llegan desde el extranjero, parece que no son suficientes para la conformación del presupuesto de egresos de México. Hace semana y media el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer ante la Cámara de Diputados, que el presupuesto para 2024 será deficitario en dos billones de pesos, mientras que el Presidente López Obrador anda buscando recursos con lupa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
