Los autores de la última gran investigación sobre el sistema de salud en México creen que el título que le han dado a su trabajo, Salud quebrada, es, quizás, muy fuerte. Pero, esto es lo que aparece al desglosar el contenido: el Gobierno mexicano solo invierte el 2,8% de su PIB en salud (la OMS fija que debería ser un 6%, lo que cumplen vecinos como Colombia o Argentina); que en el país solo hay tres equipos de resonancia y dos de radioterapia por cada millón de personas; que la mayoría de personal sanitario trabaja en la precariedad, con salarios de miseria y jornadas excesivas; que en el último indicador, 40 millones de personas reportaron que no tenían acceso a la salud; que de 2018 a 2024 la población sin asegurar en municipios pobres pasó del 6% al 62%; que seis millones de familias afrontaron gastos médicos que no podían pagar, cayendo muchas de ellas en la pobreza; que México ha retrocedido 30 años en el número de muertes maternas; que, entre el vaivén de las últimas reformas, las hospitalizaciones en diabéticos han aumentado 13%; que la falta de diagnóstico en el cáncer de mama hace que sean las mujeres sin recursos las que tengan muchas menos posibilidades de sobrevivir, o que el número de muertes llamadas evitables triplica la media de la OCDE. En definitiva, las personas entrevistadas resumen: “No tengo derecho a enfermarse”.
Durante cuatro años, cinco investigadores del Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) se han dedicado a estudiar uno de los nudos de México: su sistema de salud. El trabajo, que ha salido este lunes de forma pública, forma parte de un proyecto más amplio financiado por el National Institute for Health and Care Research (NIHR) de Reino Unido. El propósito ahora, después de generar bases de datos con miles de casos y de completar decenas de entrevistas, es que el informe pueda servir al Gobierno para tomar decisiones. Los autores insisten en que el objetivo no es polemizar con la administración de Sheinbaum, sino ofrecer la información y poner el tema de la salud, por fin, como prioritario en la agenda pública. Justo lo que han tratado de hacer los trabajadores del IMSS en las últimas protestas: “Hemos llegado al hartazgo, por eso nos encontramos en las calles y no en los hospitales”, contaban a EL PAÍS.
A la cola de la región en presupuesto público
La presidenta ha anunciado la creación del Sistema Universal de Salud, que busca unir en 2027 el IMSS y el ISSSTE (ambos reciben aportes del Gobierno y de las empresas empleadoras) con el IMSS-Bienestar, que se financia solo con presupuesto público y atiende a unas 70 millones de personas en la informalidad. El ambicioso proyecto solucionaría uno de los grandes males del sistema mexicano: su fragmentación (una división que marca que cada ciudadano debe atenderse en un lugar distinto, con recursos y profesionales distintos, según si trabaja en una empresa, para el Estado o de manera informal). Sin embargo, aunque les “entusiasma la integración del sistema”, los investigadores mantienen que es “casi imposible alcanzar la cobertura universal sin incrementar de manera sustantiva el presupuesto”.
La meta que plantea el informe es que el presupuesto público en salud llegue al 3,5% del PIB en 2030 y al 6% en 2043, por el centenario de la creación del IMSS. Ese horizonte implicaría un salto total. Para 2027, Sheinbaum ha presupuestado el 2,9% del PIB (0,1% más que el año anterior), lo que los autores consideran insuficiente, porque ni siquiera sirve para cubrir el aumento de población (unos dos millones de nacimientos al año). Esta falta de financiación no es nueva, el país la arrastra desde hace sexenios y la ha llevado a estar en la cola de América Latina: Brasil tiene un gasto público en salud del 4,4% del PIB, Chile del 5,3%, Colombia del 5,7% y Argentina, por ejemplo, del 5,9%.
Al hacer las cuentas, el informe recoge que el Gobierno mexicano invierte al año 5.258 pesos (unos 280 dólares) por cada persona con seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex…) y 5.664 (300 dólares) por cada una sin seguridad social, es decir, ahora el IMSS-Bienestar. Solo por comparar, en 2021, el Gobierno pagaba a Capital Inbursa —propiedad de Carlos Slim— 6.634 pesos (unos 400 dólares) al día por cada mujer recluida en el Cefereso 16, la única cárcel federal de mujeres. Del otro lado, cada mexicano gasta de media 4.000 pesos de su bolsillo cada año en salud.
Sin insumos y con un personal asfixiado
Sin dinero es muy difícil combatir el absoluto rezago de México en equipamiento y en condiciones del personal sanitario. Por un lado, en el país falta equipo de alta tecnología y también insumos básicos, como camas: México cuenta con unas 140.000, lo que equivale a 1,1 camas por cada 1.000 habitantes (cuando en la región de las Américas hay 2,4 de media y el promedio de la OCDE es de 4,3). “Esta escasez se traduce en mayores tiempos de espera para una cirugía y en largas horas, e incluso días, de permanecer en una silla o en el suelo antes de que se desocupe un lugar en los servicios”, recoge el informe.
Por el otro lado, sin inversión no se puede pagar bien a los trabajadores. Aunque el grueso del presupuesto actual va para nóminas, sigue sin ser suficiente. Entre 2005 y 2022, la proporción de médicos en condiciones de precariedad aumentó un 29%, es decir, ahora tres de cada cuatro integrantes del personal médico trabajan desprotegidos (sin contrato, con un sueldo por debajo de dos salarios mínimos o con jornadas excesivas). “La situación de la enfermería no es menos alarmante: la precariedad pasó del 49% en 2005 al 67% en 2022″, recoge el informe. Esto, en un gremio que vivió una de las tasas de mortalidad más altas del mundo durante la pandemia de covid por trabajar sin material de protección.
Ocho años retrocediendo
El lema de los Gobiernos de Morena siempre ha sido claro: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Por ese mantra se subió el salario mínimo, se aumentaron las pensiones, las becas para estudiantes y los apoyos para los agricultores, y también se multiplicaron las ayudas directas. Esto logró que en el sexenio de López Obrador 10 millones de mexicanos salieran de la pobreza. Sin embargo, en ese mismo período, también se disparó el número de ciudadanos que reportaron no tener acceso a la salud: hasta llegar en 2024, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), a 40 millones de personas.
El informe recoge la tendencia y los autores apuntan a una explicación. Entre 2004 y 2016 la proporción de hogares sin aseguramiento médico pasó del 59% al 8%. “Este cambio coincidió con la expansión del Seguro Popular, que extendió la protección formal a millones de personas”, señala el documento.
Cuando llegó López Obrador a la presidencia consideró que el Seguro Popular, que operaba en cada Estado, era insuficiente y recentralizó el sistema con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con el objetivo de dar más cobertura. El cambio fue drástico y demasiado rápido. Después de 40 meses, el Gobierno constató que no funcionaba y creó el IMSS-Bienestar, que pasó de ser una institución pequeña a tener que atender a 70 millones de personas. Ahora se modificará hacia el Sistema Universal. “¿Qué sistema de salud aguanta en ocho años tres reformas considerables“, pregunta Octavio Gómez.
La respuesta está en las cifras propias del Gobierno: para 2024, la proporción nacional de hogares que se reportaban sin aseguramiento había aumentado del 8% al 31%. Esto fue mayor en los municipios con mayor rezago, que pasaron de tener, en 2018, el 6% de los hogares sin acceso al sistema a tener el 62% en 2024. “En seis años reapareció una brecha que había tardado más de una década en cerrarse”, insiste el informe. Por ejemplo en Chiapas, la evolución de personas que se reportan aseguradas es la siguiente: 18% en el año 2000, 81% en 2020, y 36% en 2023. La mismo curva aparece en Guerrero y Oaxaca, pero no en Aguascalientes o Nuevo León, que se mantienen en el 90% de población asegurada en 2023.
¿Hacia dónde?
El seguro popular, que no tenía hospitales propios, era una póliza con la que se podía ir a centros médicos. Cuando desapareció, la instrucción era poderse atender solo presentando la CURP, la clave única de registro de población. “Pero vas a intentar atenderte y no te reciben. O vas a intentar atenderte y se tardan mucho. O vas a intentar atenderte y no hay el medicamento. Son muchos desincentivos para ir al sistema público”, apunta la investigadora del Colegio de México y autora, Laura Flamand: “Entonces, esas personas tienen el derecho a la protección de la salud, pero no saben que lo tienen o saben que lo tienen, pero no saben a quién acudir cuando lo necesitan, o incluso acuden pero les niegan el acceso”.
Esto hizo que en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024, solo 4,5 millones de personas dijeron que su protección de salud venía del IMSS-Bienestar (solo el 6% de los que en realidad optaban a ella). “Eso ahora lo están haciendo mucho mejor, con la credencialización, que es un primer paso: informarle a las personas ‘esta es tu garantía de que tienes esta protección pública a la salud”.
El escenario de 2018 les demuestra a los autores que México si puede conseguir un sistema de salud digno, que de hecho, entonces, estuvieron muy cerca. “Hemos tenido muchos momentos en la historia del sistema de salud en México, donde pudimos construir instituciones robustas”, apunta Flamand: “Si dedicamos suficientes recursos, lo ponemos como prioridad nacional, le damos atención al personal, podemos dar muy buenos resultados en salud para la población, independientemente de su nivel de ingreso, de dónde viven, de si son indígenas o no. Sabemos que hay muchas cosas muy desesperanzadoras en el informe, pero nos parece que hay mucho por construir, por eso es queremos llamar la atención”.
