“Buscamos roomie”. Clóset, ventana, espacio para una cama matrimonial y baño compartido, pero sin permiso para hacer home office. Con esas condiciones, un anuncio ofrece una habitación por 7.000 pesos de renta al mes en un departamento compartido con otras tres personas en Coyoacán, al sur de Ciudad de México. Hace una semana se publicó en Facebook y es una muestra de los requisitos y condiciones abusivas a las que ha llegado la situación del alquiler de vivienda en la capital mexicana. “Si haces home office hay que sumar 1.000 pesos al precio base”, “no se admiten mascotas”, “ideal para una pareja joven” o “cuarto petite” son restricciones con las que los arrendatarios disfrazan las prácticas prohibidas. La Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, ha enviado al Congreso una iniciativa de Ley de Rentas Justas que pretende contrarrestar estos y otros aspectos críticos del alquiler, cuando la crisis de vivienda ya escapa la regulación y el control.
Hace falta solo un repaso rápido a los grupos de redes sociales o los portales inmobiliarios para dar cuenta de los excesos. En la Colonia del Valle, se ofrece una habitación individual “solo para caballeros profesionistas o médicos que busquen un ambiente tranquilo”. No se aceptan parejas, mascotas, niños, ni teletrabajo. La arrendadora se justifica diciendo que no busca a alguien “para estar en la casa”, sino que quiera solamente un lugar de descanso. Al consultar a otros propietarios o inquilinos que rentan una habitación y que restringen el teletrabajo, se escudan dando prioridad a sus propias agendas o a su uso del espacio. También plantean que con un trabajador en remoto hay que limpiar más o que aumenta el costo de los servicios, por más que el arrendatario los asuma.
La discriminación más generalizada es la de las mascotas. Los propietarios hablan de la destrucción, el descuido y las quejas de los vecinos y de la “culpa de los dueños, no de los animales”. Pero hay propietarios que incluso se atreven a restringir que haya niños viviendo en la casa. Un arrendador, que prefiere el anonimato, justifica esta prohibición por el ruido, el espacio y “las adaptaciones” que necesita un bebé. “Solo se renta a parejas que están empezando”, admite.
El secretario de vivienda de Ciudad de México, Inti Muñoz, recalca que estos mecanismos de discriminación están prohibidos expresamente, pero reconoce que en el mundo del alquiler de vivienda rige “la ley de la selva o del más fuerte”. En entrevista telefónica, el funcionario describe un “mercado distorsionado” con un aumento desproporcionado y constante del precio y las malas prácticas, que él ubica ha empeorado en los últimos 13 años. La iniciativa de Ley de Rentas Justas de la jefa de Gobierno, defiende el secretario, “es el principio del fin de las rentas impagables” y de los requisitos que implican discriminación. “Sobre todo económica, como exigir dos avales, un depósito o una fianza. Ahora solamente se podrá pedir un solo requisito, una sola garantía”, asegura.
Alejandra Garrido, investigadora postdoctoral del Instituto de Geografía de la UNAM, apunta que hay “vacíos importantes” en la normativa cuanto a todas esas prácticas que afecta más precisamente los jóvenes. En las zonas cercanas a Ciudad Universitaria como Santo Domingo, Copilco el Alto o Tlalpan, donde se concentran miles de estudiantes, las habitaciones cuestan entre 8.000 y 10.000 pesos. Son cuartos en malas condiciones, con techos de lámina o espacios no habitables, como las adaptaciones que se hacen a salas o garajes para colocar más camas. Al pedir información, además, imponen condiciones de convivencia con horarios restrictivos de llegada y prohibición de visitas.
Garrido ha estudiado la evolución del alquiler de la mano de estudiantes. “La precariedad no se limita a las zonas céntricas”, asegura y apunta a otro problema estructural: “En los barrios populares es común alquilar sin un contrato”. Y explica que las malas prácticas se sostienen por la simple demanda. “Si alguien protesta por un aumento o una condición abusiva, el propietario puede sustituirlo por otra persona dispuesta a aceptar sus exigencias”, dice. La investigadora señala que las iniciativas de regulación deben partir de un diagnóstico que contemple el mercado informal y advierte del riesgo de que el registro obligatorio del contrato lleve a los propietarios e inquilinos a evitar los registros y se fomente una especie de “mercado negro”.
Ricardo Rocha, de 28 años, originario de Guerrero, vive desde hace tres años y medio un departamento en Xochimilco donde el acuerdo se selló de palabra, no con firma. La incertidumbre aparece cuando piensa en un posible desalojo, pues no tiene un acuerdo claro sobre cuánto tiempo tendría para vaciar su casa en caso de que la dueña decidiera recuperarla. “La verdad es que no tengo opciones contempladas si nos pide que dejemos el lugar. No es como que tenga muchas alternativas”, comparte.
La realidad es que su caso es mayoría. El secretario de vivienda de Ciudad de México reconoce que “hoy todo el mercado, o la gran mayoría del mercado inmobiliario de renta en la Ciudad de México, es informal. Lo que estamos haciendo son pasos claros, concretos y bien planeados hacia la formalización del mercado inmobiliario”, ha defendido sobre la nueva regulación. Brugada ya ha impulsado normas como el Bando 1 que prohíben estas prácticas, sin que en realidad hayan desaparecido. La nueva ley implica la creación de una defensoría gratuita para atender los conflictos entre propietarios e inquilinos y un gabinete de acompañamiento en casos de desalojo. Plantea también un registro obligatorio de contratos y ratifica medidas contra las prácticas discriminatorias. Garrido, sin embargo, sostiene que las medidas “todavía no alcanzan a atender el problema de fondo”, el de los precios.
Hace un mes, Mitzi Vargas, de 34 años, se tuvo que enfrentar por primera vez a la “competencia salvaje” de conseguir un departamento para compartir con su pareja. No tienen mascotas, ni hijos y cuentan con un presupuesto que consideraban “aceptable” para la zona de Narvarte, Del Valle o Portales. Les calificaban por sus características como un perfil favorable. Pero cuando empezaron a agendar citas y solicitar precios se encontraron con un escenario inesperado. En su departamento anterior de tres habitaciones, en Coyoacán, pagaban 11.000 pesos. Ahora, para encontrar uno de dos habitaciones con lo mínimo indispensable, tuvieron que elevarlo hasta los 20.000, además de agregar 30.000 de otros requisitos iniciales. “Elevamos el presupuesto cuando nos dimos cuenta que no nos iba a alcanzar”, comparte. En uno de los lugares que vieron en la Narvarte les exigían el mes de renta, depósito y medio, además de una póliza jurídica de entre 5.000 y 7.000 pesos. “Tengo la sensación de que es competir en un mercado en el que siempre hay alguien dispuesto a pagar más”, dice.
Además de los precios, dice, “el mal sabor de boca” empieza antes de visitar un lugar. Para agendar una cita, hay que pasar varios filtros como rellenar formularios con información personal sobre empleo, ingresos, cuentas bancarias, créditos, automóvil. También piden referencias personales y documentos del obligado solidario, incluidos recibos de nómina y estados de cuenta. “La primera vez me quedé pensando en qué pasa con todos esos datos… Les entregas toda tu información”, cuestiona. Todo el proceso le ha dejado una mezcla de “ansiedad, insomnio y desánimo” e, incluso, se ha planteado si podrá seguir viviendo en la capital o tendrá que mudarse a otro Estado. “Nos hemos encontrado con anuncios terroríficos. Te enfrentas a rentas caras de 18.000 pesos en departamentos muy maltratados”, concluye.
En el caso de Yasmín Gutiérrez las complicaciones y desavenencias no están solo en la búsqueda de vivienda, sino también al salir de una. En 2023, durante la renovación de su segundo contrato de alquiler, le avisaron con menos de un mes de anticipación que debía desalojar el departamento de interés social de dos habitaciones por el que pagaba 8.000 pesos. “No me devolvieron el depósito alegando desperfectos”, cuenta. Más tarde, tratando de encontrar dónde vivir, se topó con anuncios de supuestos departamentos “que en realidad eran cuartos de azotea por el mismo precio que pagaba”.
El secretario Muñoz admite que “hay zonas de la ciudad que han registrado aumentos en estos últimos años del 100% o 200% en el monto de la renta” y que hay “una sobreoferta de vivienda cara que nadie puede comprar. No puede comprarla el 97% de la población”. Pero el funcionario del Gobierno capitalino insiste en que “a ley da fuerza, claridad, certidumbre y orden a todo este conjunto de derechos” y permitirá que los jóvenes se puedan emancipar. Estos, en cambio, no ven tan claro ese horizonte. “Estamos completamente abandonados”, se lamenta Mitzi.
