En México, la costumbre era que los ricos y poderosos violaban la ley con toda impunidad. Las autoridades no los castigaban.
Gozaban de ese gran privilegio que ejercían a cabalidad.
Muy pocos, generalmente los que caían de la gracia del gobierno en turno, pisaban la cárcel cuando cometían un delito.
Se pasaban la ley por el Arco del Triunfo porque sobornaban a las autoridades o tenían alguna “palanca” política.
Una vergüenza. Bueno, pues ahora nos enteramos que este privilegio se ampliará a todos aquellos grupos de gente pobre que tengan una causa que el gobierno considere como justa. A ellos, tampoco se les aplicará la ley.
Narro, sucintamente, los hechos. Estudiantes de la Normal Rural de Tenería, en el Estado de México, secuestraron 92 autobuses, incluyendo a sus conductores.
Para tal efecto, utilizaron piedras, tubos y palos.
Además, invadieron varias casetas de peajes donde evitaron que los usuarios de las carreteras pagaran su cuota. Durante varios días privaron de su libertad a los 92 choferes de los camiones.
La Secretaría de Gobernación abrió una mesa de diálogo con los estudiantes. Los gobiernos mexiquense y federal cedieron en varias demandas de los normalistas. Se les otorgaron más plazas federales automáticas a los egresados, además de las 84 plazas que estaban contempladas. No se les aplicará ninguna “evaluación clasificatoria”. Se incrementará el monto y número de distintas becas.
Y se colocará pasto sintético en la cancha de futbol de la Normal. A cambio, los normalistas liberaron a los 92 conductores, los autobuses y las casetas de peaje. Felicidades: ganaron.
Se salieron con la suya, a pesar de haber cometido varios delitos como robo, secuestro y toma de vías de comunicación.
El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, justificó las acciones de los normalistas en entrevista con José Cárdenas.
Con mucha elocuencia, nos invitó a un ejercicio de “pedagogía de sensibilidad social”. Argumentó que el nuevo gobierno de López Obrador está haciendo las cosas de manera diferente: “Tenemos que sensibilizarnos, son grupos ancestrales de orígenes muy humildes, tuvieron que llegar a esto para ser visibilizados; estamos haciendo cosas diferentes, estamos escuchándolos y ayudándolos”.
Suena muy bien, pero me temo que es una barbaridad. Nadie, ni ricos ni pobres, tienen que obtener licencias del Estado para delinquir. En toda democracia liberal, la ley es obligatoria para todos. No puede haber excepciones.
Ni para el Presidente ni para el empresario más próspero ni para el individuo más paupérrimo. La ley debe ser general. Es un principio de un auténtico Estado de Derecho. Ninguna causa puede considerarse como “legítima” para justificar la ilegalidad.
Puede, sin duda, haber atenuantes en la comisión de un delito, pero no, como dice Peralta, justificar la no aplicación de la ley porque los normalistas son ancestralmente pobres y sus causas legítimas. En este caso, perdonarlos por los robos y secuestros que cometieron.
El subsecretario Peralta no puede ni debe ponerse en papel de juez. No está en sus facultades. Él no puede negociar la ley. Mucho menos justificar que tal o cual causa es buena, por lo que no importa que los estudiantes hayan secuestrado a 92 personas. Cuidado. Aquí podría comenzar una peligrosa pendiente resbaladiza. Hoy se justifican los actos ilegales de los normalistas de Tenería. Mañana podrían ser los de un grupo de obreros que se sienten explotados e incautan la fábrica y secuestran a su dueño.
Pasado que, por la fuerza, gente sin vivienda eche de su hogar a los residentes legales.
¿Quién decide cuando algo es justo, legítimo y, por tanto, sujeto a que las autoridades no apliquen la ley? ¿El subsecretario Peralta, la secretaria Sánchez Cordero, el presidente López Obrador, la Suprema Corte o un consejo de sabios?
¿Y quién defiende los derechos de los afectados? Justifican la acción de los pobres normalistas, ¿y qué decirles a los 92 conductores secuestrados? ¿Y a los propietarios de los autobuses retenidos? ¿Acaso el Estado no tiene la obligación de defenderlos y castigar a los que les causaron un daño personal y/o patrimonial?
El principal problema que tiene México es la debilidad de su Estado de Derecho. Ni ricos ni pobres ni nadie puede tener licencia para delinquir con impunidad. Hace mal el gobierno de AMLO en verlo así. Más temprano que tarde veremos las consecuencias de la pedagogía a la que nos invita Peralta: el desastre social de todos, violando la ley racionalizándolo porque es “justo”.
Twitter: @leozuckermann
