A la comentocracia y a los gobiernos de México les encanta reclamarle a Estados Unidos el tráfico de armas a nuestro país. Desde hace ya medio siglo, insistimos en que nosotros ponemos las drogas y los muertos, y ellos las armas. Como el reclamo de que reduzcan el consumo de drogas ya no vuela, el de las armas se ha convertido en el lamento patriótico, retórico y moral predilecto contra la pérfida América (ya no Albión).
Haciendo a un lado el carácter inviable de la exigencia -la Segunda enmienda a la Constitución norteamericana no se va a modificar- o la naturaleza contradictoria de la exigencia -¿a quién le toca evitar la salida no autorizada de un país? ¿a las autoridades del país de salida, o de entrada? Piensen bien antes de contestar- e incluso el aspecto contraproducente de inspecciones de norte a sur, el tema es más complicado de lo que parece.
Está prohibido exportar armas de Estados Unidos sin permiso, pero es imposible determinar la intención de un posible exportador, hasta que exporta. Asimismo, si queremos que ellos eviten la salida de armas, como ha sostenido Carlos Puig, nos van a responder que nosotros evitemos la de mexicanos; hasta López Obrador, ningún gobierno de México se había animado a hacerlo. Desde 2009, Rubén Aguilar y yo, escribimos en La Guerra Fallida -cuando pocos se atrevían a cuestionar la estrategia de Calderón- que al colocar Estados Unidos retenes de inspección en San Ysidro, del lado norte de la frontera con Tijuana, los primeros en alzarse casi en armas fueron los comerciantes tijuanenses. Las eternas colas para entrar a México hicieron que se desplomara el comercio; muy pronto el gobierno de México pidió frías.
Lo más interesante no es todo esto. Reside en la tesis de Carlos Pascual, el exembajador de Estados Unidos en México entre 2009 y 2011, a propósito del reclamo de entonces del gobierno de Calderón sobre el tráfico de armas, y de la acusación de que el incremento de la violencia en México se debía a eso. En particular Calderón y su gente invocaban la prescripción, en septiembre de 2004, del Assault Weapons Ban (AWB), o prohibición de venta de fusiles de asalto. Pascual refutaba esta versión con un simple dato, que entrego al lector para que decida.
Según el INEGI, los años 2004-2007 fueron los menos violentos en la historia moderna de México, llegando a 8.3 homicidios por 100,000 habitantes, el nivel más bajo jamás registrado. Hoy -es decir en 2018- estamos, según el propio INEGI, en más de 29.
En otras palabras, la violencia en México descendió en los primeros cuatro años posteriores a la prescripción del AWB. Comenzó a elevarse a partir de finales de 2007, cuando entró en vigor de lleno la guerra de Calderón. Se puede atribuir a muchos factores dicho incremento, pero no fácilmente a las exportaciones de fusiles de asalto de Estados Unidos a México.
