Dejaron ir a Chavarría solamente después que él aceptó las condiciones y entregó sus aparatos electrónicos. Estos fueron incautados y revisados sin la orden judicial que exige la ley.
El caso tuvo lugar en julio de este año, cuando Chavarría volvía al país de un viaje de visita familiar a su Nicaragua natal. Chavarría es el superintendente de escuelas de Winooski, en el estado de Vermont. De 37 años, nacido en un campo de refugiados durante la guerra civil en Nicaragua, es un graduado de Harvard.
Chavarría presentó esta semana testimonio ante un foro del Congreso. Junto con otros cuatro ciudadanos estadounidenses detenidos por Inmigración, contestó preguntas de un senador y un congresista.
Al día siguiente, demandó en corte al gobierno.
No es la primera vez que los agentes fronterizos, sean del CBP, ICE u otra agencia del gobierno, asumen derechos que no les corresponden, mientras actúan con arrogancia, se niegan a responder preguntas o a explicar su proceder y luego pretenden una inmunidad más allá de lo concedido por la ley y que en la realidad no existe.
En este caso actuaron contra un ciudadano estadounidense, un funcionario que gracias a su conocimiento de las leyes y acceso a ayuda legal pudo llevar al caso a tribunales y al Congreso.
En otros casos los agentes fronterizos actuaron de manera similar contra ciudadanos de otros países, inmigrantes indocumentados o aquellos con permiso de estadía. Pero pocos de esos casos llegaron a conocimiento de la prensa.
La demanda de Chavarría – representado en corte por la Pacific Legal Foundation – contra el Departamento de Seguridad Interna es necesaria. Aunque no ha recibido respuesta alguna de las autoridades de migración. Aquí se puede leer su texto completo.
Esta demanda es necesaria para que de una vez por todas la corte aclare a la policía fronteriza que no tiene autoridad por encima de la Constitución y que los funcionarios del gobierno carecen de la facultad de registrar e incautar dispositivos electrónicos sin una orden judicial.
Sí, tienen la tarea de prevenir el contrabando de mercancías. Para eso están y el gobierno paga sus salarios. Pero el celular, o la computadora, son una extensión de la persona que lo porta. No es una valija. Puede contener acceso a cuentas personales, muchos años de comunicaciones, datos médicos, registros financieros, historial personal o fotografías. Es información protegida, a menos que lo permita un juez.
Y por si se necesitara recordar, la Cuarta Enmienda de la Constitución, (ratificada el 15 de diciembre de 1791) , dice lo siguiente, en versión del gobierno federal: “No se infringirá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y no se expedirán a ese fin órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil, que estén corroboradas por juramento o afirmación, y en las que se describa específicamente el lugar que deba registrarse y las personas o los objetos que han de aprehenderse”.
Pero si el caso se convierte en otra concesión constitucional otorgada por la Suprema Corte – si es que llega allí para una decisión final, si se les aprobara esta violación de nuestros derechos – entonces todos tendremos motivos para temer viajar al exterior, como si nos faltasen en este momento. Quizás a nuestro regreso nos detengan y usen esa detención como método coercitivo. Quizás estemos de regreso de unos viajes de negocios y llegamos con nosotros información confidencial. Nos tocarán a nosotros mismos, los periodistas, por si lleváramos información de fuentes sensibles. O a los médicos que lleven consigo datos confidenciales de sus pacientes. A abogados. A cualquiera que tenga en su computadora datos íntimos de su vida privada. A quienes desde la resistencia se oponen a este gobierno y escriben contra sus excesos y barbaridades.
Nada de esto tiene que ver con la seguridad nacional, pero sí con el desliz que no se detiene de nuestro país hacia el autoritarismo.
Por último, ¿por qué lo detuvieron, justamente a Chavarría? ¿Fue pura casualidad? ¿Fue casualidad que un par de semanas antes, como superintendente de distrito, ordenó izar en las escuelas la bandera somalí después de que el presidente Trump se refiriera a los inmigrantes de aquel país africano – muchos de cuyos hijos estudian en sus escuelas, como basura? Quizás se esclarezca esta coincidencia durante el juicio a seguir.
