Todo parece indicar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está utilizando los primeros años de su gobierno para sembrar las condiciones que lleven al país a aceptar una reforma fiscal.
Desde hace mucho tiempo, México ha necesitado implementar cambios que le permitan al gobierno recaudar más dinero público. Pero aumentar los impuestos es una decisión potencialmente impopular que ningún presidente en las últimas décadas se ha tomado en serio. México recauda actualmente solo 0.8 puntos más del PIB de lo que recaudaba en 1983. Es muy poco.
En los últimos meses, sin embargo, algunas decisiones de López Obrador están creando las condiciones necesarias para que sea la propia opinión pública o funcionarios de otros niveles de gobierno los que pidan el aumento de impuestos.
La suya es una estrategia bien calculada pero también cruel y que entraña riesgos innecesarios, como pueden ser la incertidumbre de la seguridad médica de miles de enfermos pobres y la salud institucional de México.
El gobierno de López Obrador está eliminando la cobertura de tratamientos médicos onerosos —argumentando que volverán a proveerlos cuando haya más recursos—, ha recortado empleos públicos en varias instituciones e incluso ha reducido los presupuestos de algunas oficinas de gobierno hasta llevarlas a la inoperancia.
Estas medidas de austeridad implacables parecen allanar el camino para una muy deseada reforma fiscal: no solo están haciendo que el ciudadano promedio demande con vehemencia que su gobierno encuentre maneras de solventar las terribles omisiones del sector público, sino que podrían llevar a que los potenciales detractores a una reforma tributaria carezcan de argumentos políticamente viables para oponerse a ella.
Un presidente con el nivel de aprobación de López Obrador —que ronda el 70% — debiera ser capaz de plantear una reforma fiscal de frente sin tener que recurrir a tretas de puerta trasera que pongan en riesgo a las personas más pobres que dependen del Estado.
México tiene una larga deuda con el cobro de más impuestos a los a los más ricos y no solo a la clase media. Los ingresos del gobierno federal mexicano por concepto de impuestos son de apenas el 16.2% del PIB, menos que Bolivia, Nicaragua, Honduras y hasta que paraísos fiscales como Bahamas.
El origen de este problema no es nuevo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por más de setenta años, obtuvo la complacencia de las élites empresariales al limitar significativamente los impuestos que estas pagaban.
En esos mismos años, se desarrolló un sistema de simulaciones donde el gobierno mexicano decía proveer servicios públicos amplios, pero en realidad solo permitía que muy pocos los usaran. Existía acceso supuestamente gratuito a la salud por medio del Seguro Popular, pero el servicio solo cubría 66 enfermedades costosas. Se otorga educación superior aparentemente pública en universidades de alto prestigio, pero se rechaza a 9 de cada 10 aspirantes o postulantes por falta de cupo.
Veladamente, López Obrador está abriendo paso para que esta simulación se termine con tres políticas.
Primero, la centralización de recursos de los estados a la federación. Con López Obrador, los estados están recibiendo cada vez menos recursos. Esto está creando un incentivo brutalmente efectivo para que los gobernadores empiecen a cobrar más impuestos.
Apenas empezó el año, Baja California aumentó el impuesto a la nómina y permitió el aumento en el número de casinos que traerán mayor recaudación. Yucatán creó un gravamen ambiental y de seguridad pública. Oaxaca está discutiendo un aumento al impuesto del mezcal y Puebla, uno al hospedaje. Se reporta que al menos otras 8 entidades tienen cambios fiscales.
Segundo, la reasignación del gasto público hacia programas sociales e inversión energética. El presupuesto del gobierno de López Obrador ha dejado a múltiples instituciones encargadas de asuntos electorales y transparencia con muchos menos recursos para operar y, por tanto, con incentivos para apoyar una futura reforma fiscal.
Algunos han interpretado estas reducciones en presupuesto como atentados contra instituciones que son básicas para la democracia. Pero yo creo que se trata de una manera de alinear a la oposición en favor de una reforma fiscal que permita dar más recursos a organizaciones que garantizan el funcionamiento saludable de la democracia.
Por último, otra forma en la que López Obrador silenciosamente ha creado condiciones para que se dé una reforma fiscal es mediante el diseño de políticas que, sin más dinero, crearán crueldades evidentes y visibles a los ojos de todos.
El nuevo sistema de salud, llamado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), es el mejor ejemplo de ello. La pretensión del gobierno de López Obrador es que el INSABI será un sistema de salud universal, pero basta ver el presupuesto asignado para saber que esta decisión desatenderá a los más pobres. Se estima que un sistema de salud verdaderamente universal en México costaría aproximadamente 162,000 millones de pesos anuales, cuatro veces más del presupuesto que le asignó. Por lo mismo, desde su puesta en vigencia este mes, el INSABI determinó que no podría atender a todos los enfermos.
Si el presidente está recurriendo a estas tretas políticas para evitar el costo político de una reforma fiscal estaría cometiendo una equivocación: el costo humano y de funcionamiento institucional es demasiado grande.
López Obrador debe buscar otra forma para lograr su objetivo y aprovechar sus índices de aprobación —los más altos de cualquier otro presidente desde la alternancia democrática en 2000— y la mayoría en el congreso para impulsar de manera clara y directa la tan necesitada reforma tributaria.
