El otro día en una discusión ante inversionistas con mi amigo y colega Javier Tello, surgió un punto de desacuerdo matizado entre el comentarista de Es la hora de opinar y yo. Ambos coincidíamos en que dado el bajo crecimiento de la economía previsto para este año y probablemente para por lo menos el siguiente, los ambiciosos programas sociales de López Obrador difícilmente podrán ser financiados sin algún tipo de complemento. La pregunta era de dónde van a venir esos recursos tanto desde el punto de vista estrictamente fiscal como desde una perspectiva más social. Insistía yo: si el pastel no crece y se quiere seguir redistribuyendo como dice López Obrador, hay que quitarle a algunos para darle a otros, o si se prefiere hay que restarle a los que más tienen para entregárselo a los que menos tienen.
Si esos mayores recursos no provienen del crecimiento, y los márgenes de endeudamiento, aunque no menores, no son infinitos, todo sugiere que la fuente más eficiente, productiva y factible de aumentar recursos, es una reforma fiscal de fondo en México. López Obrador ha dicho que no quiere hacerla hasta después de las elecciones de 2021. Más allá del error estratégico de esta postura —hace unos días me comentó el expresidente Juan Manuel Santos que lo que no se hace en el primer año de un gobierno en materia fiscal, suele no hacerse— ya el plazo para AMLO se amplió. Al colocar la revocación de mandato hasta marzo de 2022, casi podemos aseverar sin mayores posibilidades de equivocarnos, que no habrá reforma fiscal antes de esa fecha. Ir a un plebiscito habiendo apenas aumentado los impuestos a quien sea, es ir al suicidio electoral.
El tema va a ser cómo llevar a cabo una reforma fiscal antes, sin que parezca una reforma fiscal, o que sea una reforma que sólo afecte a la gente más pudiente. Además del aumento al impuesto sobre intereses de 1% a 1.45% que entró en vigor el 1 de enero, es muy posible que la discusión en Estados Unidos sobre el impuesto patrimonial —propuesto tanto por Elizabeth Warren como por Bernie Sanders— pueda pronto trasladarse a México. Y la racionalidad es muy sencilla: si ha habido una enorme concentración de la riqueza en Estados Unidos, en Europa Occidental, en China, en la India y desde luego en México en los últimos 30 años, la única manera de contrarrestarla es con un impuesto ya no únicamente sobre el ingreso sino sobre lo que se ha concentrado, a saber, la riqueza.
En México el único impuesto patrimonial que tenemos, es como en casi todos los países, el predial. Pero recaudamos menos como porcentaje del PIB por el predial que la mayoría de los países en América Latina, sin hablar desde luego de los países ricos. Un impuesto patrimonial en México sería altamente recaudatorio, probablemente eficaz en la medida que el SAT ya tiene los instrumentos para detectar y contabilizar el patrimonio de los sectores de mayor riqueza en el país, y tendría una connotación de justicia muy evidente.
¿Difícil hacerlo en México porque los ricos llevarían su patrimonio a otros países? ¿Como por ejemplo a Estados Unidos? ¿Y qué tal que Estados Unidos ya tiene su propio impuesto patrimonial?
