El debate sobre la conservación de la prisión preventiva oficiosa suscitado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar es útil y necesario. Es una barbaridad, como lo han dicho tantos, que el 40 % de la población carcelaria de este país —una población elevada, en relación a otras partes— no esté sentenciada. También es un escándalo que la mayoría de los reclusos sin sentencia sean pobres, carezcan de una defensa competente, y puedan en algunos casos (Israel Vallarta) llevar casi veinte años sin juicio. Y es aberrante que un gobierno que se dice de izquierda amplíe el número de delitos por los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, y que presione abiertamente a la Suprema Corte de Justicia para que rechace la ponencia de Aguilar. La pregunta, sin embargo, es otra: ¿de quién es la culpa?
He pensado desde 2018 que la responsabilidad por la mayor parte de las aberraciones de López Obrador proviene de un complejo juego de intercambios entre gobernados y gobernantes que no es nuevo, pero que se ha invertido en este sexenio. Creo que los presidentes de México en la época moderna, digamos desde Alemán hasta Peña Nieto, de maneras diferentes y cada uno con su estilo propio —frivolidad, corrupción, autoritarismo, insensibilidad, maquiavelismo, cinismo, etc.—, han entendido algo fundamental para gobernar este país. Gracias a la innegable inteligencia que se necesitaba para llegar a ese cargo, a una especie de sabiduría intuitiva producto de su personalidad y de su trayectoria —muchas muy distintas, las unas de las otras—, los presidentes de México —como los de muchos países, pero no todos, no siempre— resistieron la tentación de apelar a lo peor de la sociedad mexicana. Unos, con quienes he conversado de este tema, lo piensan bajo la fórmula de “sumar y no restar”. Otros carecen de un pensamiento propio al respecto, pero reconocen, ante la sugerencia, que así actuaron, aun sin saberlo muy bien. Desistieron de azuzar las pulsiones más oscuras de este pueblo que, como todos los pueblos, posee sus virtudes y sus vicios, sus fortalezas y debilidades, sus proclividades y rechazos, todas ellas producto de la historia convulsa del país.
López Obrador ha hecho exactamente lo contrario. Apela a lo peor de la sociedad mexicana: el resentimiento, la pasividad, el individualismo exacerbado, la incultura política, la inexperiencia democrática, el simplismo expresado de manera magistral por el recurso de todo mexicano a los dichos. No existe el temor presidencial de las consecuencias de legitimar sentimientos, creencias, convicciones equivocadas, premodernas, antidemocráticas o francamente peligrosas.
He buscado desde hace tiempo un caso específico, respaldado por datos duros, que ilustre esta tesis y le dé sustancia. Creo haberlo encontrado en la encuesta que divulgó hace unos días la organización Impunidad Cero que preside Federico Reyes Heroles. Se trata de dos preguntas muy claras. La primera: “¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? Todos los delitos se deben de sancionar con cárcel”. El 54 % de los encuestados dijo estar totalmente de acuerdo; el 26 %, algo de acuerdo. En otras palabras, 8 de cada 10 mexicanos creen que todos los delitos deben ser castigados con cárcel. Es una postura aberrante, que la inmensa mayoría de los mexicanos sabe que es falsa, empezando por pasarse un alto. Pero aún hay más en materia de aberraciones.
“¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? Todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se acusa”. Es la prisión preventiva oficiosa, y la negación radical de la presunción de inocencia. Pues bien, 45 % de los mexicanos está totalmente de acuerdo, y otro 29 %, algo de acuerdo. O sea: tres de cada cuatro ciudadanos de este país creen en la prisión preventiva oficiosa, y sólo una cuarta parte cree en la presunción de inocencia.
Los anteriores presidentes de México, con toda su pequeñez o miopía, no se hubieran doblado como López Obrador ante una opinión pública que piensa semejantes barbaridades. Habrían comprendido que existían razones para esta actitud; como dice Javier Tello, puede ser una reacción ante la impunidad reinante. ¡Que los castiguen a todos, aunque no sean culpables, algo habrán hecho! Pero no hubieran apelado descaradamente a las pulsiones más primitivas de la sociedad. López Obrador se alinea con ellas; las alimenta y las aplaude.
En la prisión preventiva oficiosa, como en tantos otros temas, la conclusión parece inescapable. La culpa no es de AMLO, sino de quien lo hizo presidente: los mexicanos.
