El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) considera que el próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas sujetas a diversos riesgos de insostenibilidad, sin márgenes de maniobra (sin recursos precautorios) y fragilidades por parte de los ingresos públicos.
Igualmente, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prevé que la siguiente administración enfrente un elevado déficit fiscal y necesidades de gasto público en los tres órdenes de gobierno.
En su análisis semanal, abundó que las presiones de gasto para los próximos años se concentran en rubros de alta prioridad social y otros ineludibles, con especial importancia en la recuperación de la salud pública para 30.3 millones de personas que la perdieron entre 2018 y 2022.
También tendrá que resolver diversos rezagos educativos parcialmente causados por ausencia de clases en la pandemia, así como recomponer el sistema de seguridad pública con estrategias claras y con recursos suficientes para la federación, los estados y los municipios e invertir en la infraestructura pública y su mantenimiento, que ha sufrido descuido.
Asimismo, el CEESP contempla que la siguiente administración deberá elevar el presupuesto para enfrentar los mayores gastos por servicio de la deuda y las pensiones, así como mantener y avanzar en los programas sociales, preponderantemente en las pensiones para adultos mayores.
El organismo destacó que, es probable que se piense que los presupuestos luego de 2025 tengan un respiro al acabarse la inversión física en las obras icónicas de esta administración, en particular en la refinería de Dos Bocas y el tren Maya; sin embargo, de 2019 a la mitad de este año, estos proyectos sólo han promediado 2.4% del producto interno bruto (PIB), el porcentaje más bajo en los últimos 30 años en inversión pública.
“(Por ello), es obvio pensar que la terminación de las obras icónicas no será un respiro presupuestario para la exigua inversión física del sector público. Tendrá que avocarse a la infraestructura de transporte, transmisión de electricidad, agua, etc., que han sido claramente descuidadas”.
En su análisis, el Centro reiteró que el déficit público propuesto para el próximo año “es históricamente alto”.
Abundó que, aunque el gobierno sostiene que lo es sólo de manera transitoria -implicando que el crecimiento de la deuda pública se podrá detener-, normalmente es muy raro que un déficit público sea sólo transitorio, a menos que se deba a un gasto adicional a lo normal que así lo sea.
“Eso no es el caso en México hoy día. Los gastos que este gobierno ha añadido han sido en parte compensados por menor gasto que el necesario en otros rubros como educación, salud, seguridad, pandemia e infraestructura, entre otros, y en parte -no menor- financiados con deuda pública”.
Todo eso, dijo, deja fuertes compromisos hacia adelante, pues “adicionalmente, habrá que subsidiar las pérdidas económicas que muy probablemente tendrán los proyectos del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya”.
“Así, en vista de las presiones fiscales que se avizoran, al gobierno siguiente le será muy difícil reducir el déficit de las finanzas públicas y detener el incremento de la deuda pública.
“Ante panoramas como este o similares, y sosteniendo que la carga tributaria en México, la recaudación de impuestos, es demasiado reducida, diversos observadores y analistas sostienen que la necesidad de una reforma fiscal es inminente, entendiendo por ello formas de aumentar impuestos”, retomó el CEESP.
Agregó que, en su caso, la propuesta de una reforma fiscal debería ser justificada con fundamentos sólidos, razonables de gasto adicional.
Finalmente, el Centro resaltó que la iniciativa de Ley de Ingresos 2024 sí propone un aumento de impuestos: que la tasa de retención de ISR sobre intereses pagados por el sistema financiero se multiplique por diez, de 0.15% a 1.48% sobre el principal.
“Esto es significativo y es inapropiado como política pública. Gravar el ahorro, que es un proceso deseable para el país; económicamente es una doble imposición ya que hay gravamen cuando se obtiene el ingreso por el trabajo y nuevamente cuando se ahorra.
“Es una medida muy regresiva, ya que lo probable es que el impuesto se aplique totalmente a quienes tienen menores ingresos ya que ellos son principalmente los que no presentan declaración fiscal, mientras que, quienes si la presentan, pueden acreditar la retención contra sus demás ingresos”, advirtió.
