Nuevo León, uno de los estados más poblados y prósperos de México, ha vivido una crisis política en los últimos días. No se lo merecen, desde luego, los nuevoleonenses, que son gente trabajadora y echada para adelante. Al escribir estas líneas, gracias a la oportuna intervención de la Suprema Corte y la sensatez del Congreso local, ya sabemos que el gobernador es Samuel García. En esta columna, sin embargo, me gustaría argumentar que esta lamentable situación podría ser un juego de niños comparado a lo que podría suceder a nivel nacional por culpa de la revocación de mandato.
De acuerdo a la Constitución federal, la revocación de mandato del Presidente se lleva a cabo tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Se trata de una consulta popular, organizada por el Instituto Nacional Electoral, que se realiza después de las elecciones intermedias de la Cámara de Diputados.
Vamos a poner uno de los peores escenarios posibles. Digamos que el Presidente es del partido X. Durante las elecciones intermedias, a X le va mal en las urnas y no logra una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Esto ya ocurrió en 2003 y 2009 en los sexenios de Fox y Calderón. Entonces no había revocación de mandato. Ahora sí.
Supongamos que, en el siguiente gobierno, la Presidenta en turno pierde la votación para permanecer en su cargo. Tendría que irse de manera obligada. Por tanto, la titularidad del Poder Ejecutivo la asumiría provisionalmente el presidente de la Cámara de Diputados. Con toda probabilidad sería un opositor porque el partido X habría perdido las elecciones intermedias.
Pero todavía viene lo peor.
En treinta días, el Congreso tendría que nombrar al sustituto que concluiría el periodo constitucional del Presidente depuesto en la revocación de mandato. Para ello se requiere un quórum de dos terceras partes del Congreso constituido en Colegio Electoral. Es decir: un tercio de diputados o senadores podría reventar el quórum y hacer imposible dicho nombramiento, que debe realizarse por mayoría simple.
Imaginemos la politiquería de los legisladores para nombrar a un nuevo Presidente. Cada facción parlamentaria propondría uno de los suyos. La oposición argumentaría que, como el Presidente en turno perdió el mandato, y ellos tienen mayoría en el Legislativo, debería ser un opositor. Los del partido X aducirían que ellos habían ganado la elección presidencial original y que tiene más legitimidad un gobernante producto del sufragio popular que uno nombrado por el Congreso.
Recordemos, además, que X contaría con una palanca muy poderosa para negociar: rehusarse a participar en la sesión y evitar, así, la existencia del quórum requerido por la Constitución para designar a un nuevo Presidente.
¿Qué pasaría si el Congreso no se pone de acuerdo en treinta días?
Pues, como vimos en Nuevo León, todo el mundo andaría preguntando quién es el presidente de México.
En el mejor de los casos, después de un toma y daca de la política en el Congreso, seguramente quedaría un Presidente de compromiso, es decir, un debilucho con pocos apoyos reales en la clase política nacional. Y este personaje tendría que “gobernar” (sí, entre comillas) los últimos dos años del sexenio.
Las constituciones se redactan tomando en cuenta todos los efectos que sus disposiciones pueden generar, en particular los peores escenarios. En este sentido, la revocación del mandato engendra un terrible problema para la gobernabilidad del país.
Increíble que la oposición actual haya aprobado este esperpento de reforma constitucional que puede acarrear consecuencias muy negativas para el país. Una barbaridad de políticos cortos de miras que no quisieron oponerse a una de las peores ocurrencias de López Obrador.
En el fondo, la inestabilidad política nuevoleonesa ocurrió por un enfrentamiento entre el Ejecutivo (controlado por MC) y el Legislativo (donde PAN y PRI tienen mayoría). Esta situación, que tiene en un brete a ese estado, es un extraordinario ejemplo de lo que podría ocurrir magnificado a nivel nacional por culpa de la revocación del mandato.
¿Quién va a querer invertir en un país donde el Presidente tiene que presentarse, un poquito después de la mitad del camino, a una elección para ver si se queda en el poder y, si pierde, lo sustituye un Presidente prácticamente de adorno?
Prioridad número uno para la siguiente Legislatura: derogar la revocación del mandato o, por lo menos, legislar para otorgarle mayor certidumbre al nombramiento de un Presidente sustituto.
Twitter: @leozuckermann
