En el vertiginoso año transcurrido desde la segunda toma de posesión de Donald Trump, hemos vivido un rápido desliz de las instituciones federales hacia el autoritarismo y un estilo de gobierno cuyo referente es la figura central del magnate neoyorquino alrededor de la cual fluctúa toda una serie de personajes cuyas dos principales cualidades son, primero, la total obediencia a lo que diga, piense o sienta Trump (o lo que ellos atisban en sus mentes que podría decir, pensar o sentir) y luego, qué tal se ven por televisión. Al respecto no es entonces casual que Pete Hegseth, el menos cualificado ser en ejercer como secretario de Defensa en la historia estadounidense, fue antes presentador de noticias de Fox News (y antes, oficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército con misiones en Irak y Afganistán, otra cualidad muy bien cotizada por el Presidente).
Notamos una y otra vez en estas mismas páginas la continua y obsesiva expansión de sus poderes, el afán de romper con las tradiciones democráticas nacionales y la crudeza y crueldad de sus acciones dirigidas contra los inmigrantes primero y luego contra todos aquellos que se opongan a sus designios.
Ese ataque no se detiene ante nada, y la ofensiva contra la democracia sigue su curso bajo el liderazgo del sector más extremista en el grupo gobernante, poblado hoy por Stephen Miller, Kash Patel, Russ Vought, Kristi Noem, Pam Bondi y otros.
Un sector que está sintiendo los ataques cada vez más y donde su vulnerabilidad es preocupante es el de los jueces federales.
Son ellos los que, en al menos 60 casos registrados han frenado o bloqueado algunas de las iniciativas de su administración.
Como una mantra, cada vez que los jueces de tribunales inferiores emitieron fallos contrarios a las acciones del gobierno, los funcionarios de la administración los han acusado de política partidista, y a menudo han demandado su impugnación.
Ni qué hablar de las reacciones de los fanáticos que amenazan a los jueces de manera anónima o publican los detalles personales de los magistrados. Otras publicaciones han hecho compendios exhaustivos y bien documentados de miles de mensajes, llamadas, correos electrónicos, expresiones en TV, artículos en la prensa amiga, en ese sentido.
Una investigación de Reuters detalla los casos de 11 jueces federales cuyas familias han enfrentado amenazas y acoso por haber fallado contra Trump. El trabajo se publicó en mayo pasado, lo que permite deducir que el número fácilmente ha crecido desde entonces.
Todos estos ataques están dirigidos a intimidar a los jueces para que se abstengan de emitir fallos contrarios al gobierno federal.
Afortunadamente, son legión los jueces que, independientemente si fueron nominados por Bush, Obama, Biden o Trump, cumplen con su deber y defienden la Constitución de los abusos de poder.
Patrick J. Schiltz, juez principal del distrito de Minnesota, acusó al gobierno de haber violado o ignorado casi 100 fallos judiciales durante su escalada en Minneapolis.
Fred Biery de Texas lo acusó de violar los requisitos de orden judicial de la Cuarta Enmienda al detener a un niño de cinco años sin otro documento que una orden administrativa emitida por el poder ejecutivo.
Y en los últimos meses, el juez Amir Ali de la capital Washington bloqueó la congelación de la ayuda exterior; April Perry impidió el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois; Karin Immergut de Oregon lo hizo cuando la administración declaró áreas urbanas como zonas de guerra; John McConnell de Rhode Island dictaminó que Trump no tenía la autoridad de congelar subvenciones para la educación; Sara Ellis cuestionó la sinceridad de funcionarios migratorios en North Dakota, y un juez de California, que pidió el anonimato para protegerse, impidió los despidos masivos de empleados federales
El juez Mark L. Wolf de Massachusetts escribió que las acciones del gobierno de Trump son “contrarias a todo lo que he defendido en mis más de 50 años en el Departamento de Justicia y en el tribunal”, y renunció a su cargo.
Y hay más.
Todos ellos sufrieron en represalia amenazas a ellos y sus familias, comentarios degradantes y críticas violentas de la administración.
El Departamento de Justicia, otrora un ejemplo global de independencia, es ahora una agencia más a los pies de Trump. En lugar de defenderlos se sumó al ataque a los jueces.
Así, presentó una demanda de ética contra el juez James E. Boasberg, el juez que declaró ilegal la deportación de venezolanos a la prisión CECOT en El Salvador, mientras Trump y su séquito lo insultaban en entrevistas y redes sociales. Lo calumniaron aún más cuando insistió en hacer que el gobierno cumpla la ley.
La demanda fue firmemente rechazada por el juez Jeffrey S. Sutton, juez principal de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos.
El modelo del cual se inspiran los autores anónimos de estas amenazas es el mismo Presidente, quien dijo en un rally en mayo pasado: “No podemos permitir que un puñado de jueces de izquierda radical comunista obstruyan la aplicación de nuestras leyes y asuman deberes que pertenecen únicamente al presidente de los Estados Unidos”. Esa es la base y con esta frase, Trump dejó en libertad las ánimas que promueven su gobierno y que ya son tan, pero tan extremistas que lo llegaron a calificar a él mismo de traidor a la causa cuando, después de dos muertes en manos de ICE en Minneapolis, trató de iniciar un retroceso estratégico.
Estados Unidos está en medio de una crisis constitucional, cuyo núcleo es el desprecio del Poder Ejecutivo por el dominio de la ley y el derecho de las personas. Los jueces que así lo entienden y defienden la Constitución merecen nuestro respeto y apoyo y el reconocimiento de que en su conjunto, sus opiniones sean suficientes para frenar las peores manifestaciones de este régimen que tanto daño está causando al país.
