La decisión de la Suprema Corte del 20 de febrero, al declarar ilegales los aranceles de Trump impuestos al inicio de su segundo mandato, generó un breve respiro global. El fallo determinó que el Ejecutivo no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer impuestos, una facultad reservada exclusivamente al Congreso. Sin embargo, la reacción del Presidente, lejos de acatar el espíritu democrático, ha sido vaciar la sentencia de contenido mediante nuevas maniobras legales.
Haciendo uso de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, Trump ha anunciado un arancel global del 10% y, si logra organizar sus dependencias, subirlo al 15%, a todas las importaciones, el máximo legal, anunciándolo por su medio social Truth.
Esta medida no solo desafía al tribunal máximo, sino que abre la puerta a un sistema de favoritismo corporativo donde firmas allegadas al círculo presidencial, desde el sector de las criptomonedas hasta la tecnología de Nvidia, parecen obtener beneficios directos mientras las pequeñas empresas quedan al final de la fila.
Y si bien después del dictamen de la Suprema Corte en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump hubo un suspiro de alivio generalizado, este se conritió muy pronto en una exclamación de sorpresa y desaliento.
El revés de la Suprema Corte a la Ley IEEPA
Parecía que finalmente el tribunal máximo se había animado a rechazar la toma de poderes absolutos por la que enfiló esta administración. Que había asumido su rol en limitar la maquinaria de corrupción. Creíamos que ahora sí, las relaciones comerciales entre los países volverían a la relativa normalidad que precedió esta presidencia. Trump, dijo la mayoría de seis de los nueve jueces, no puede hacer uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Es que los aranceles o tarifas constituyen un impuesto. Y solo el Congreso puede imponerlo.
Esa sensación se fortaleció cuando nos enteramos de la reacción violenta de Trump, quien insultó a los jueces en los peores términos, especialmente a aquellos nominados en su momento por él mismo y que, según su concepto de poder absoluto, le debían personalmente el favor de estar en sus puestos.
Sin embargo, lejos de acatar el espíritu de la decisión, Trump se dedicó a vaciarla de contenido. El mismo día, anunció una serie de leyes diferente a las que la Suprema Corte había definido como fuera de su alcance, por las que impuso, primero un arancel global del 10% a todas las importaciones, aumentándolo poco después a un 15%.
La estrategia de Trump: El uso de la Sección 122 y la Ley de Comercio
La justificación legal para ello se basó en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Una ley que limita la vigencia de las tarifas a 150 días, después de los cuales se requiere el visto bueno del Congreso para extenderlas. Es la primera vez que se aplica este inciso.
Pero además, en su primera administración, Trump hizo amplio uso de sus facultades legales, específicamente la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. En ambos casos un comité elegido por él desarrolla el caso formal para la aplicación de los aranceles.
El uso indiscriminado del poder ejecutivo no se reduce a las importaciones.
Conflictos de interés: Criptomonedas, Nvidia y el petróleo venezolano
Ejemplos mencionados por los medios incluyen los beneficios a los Emiratos Árabes Unidos solo después de que este país hizo una inversión multimillonaria en una empresa de cripto de propiedad de las familias de Trump y de Steve Witkoff, su amigo personal y enviado para Medio Oriente.
O el permiso otorgado a la empresa Nvidia para colocar sus chips avanzados de computación en el extranjero, a cambio de su concesión de 25% de la propiedad al gobierno federal.
De la misma manera, firmas allegadas al círculo del Presidente son activas en la futura administración del petróleo venezolano.
Al igual que los aranceles iniciales, las nuevas decisiones significan mayores costos para los consumidores y las empresas en nuestro país y más incertidumbre económica. Al margen de ello, la impresión es que Trump insiste en que se haga su voluntad, independientemente de lo acertado de lo que ello signifique.
El hecho es que independientemente de las razones políticas e incluso personales para imponer los aranceles, el Presidente está determinando la selección de países, ramas industriales e incluso empresas extranjeras impactadas por sus decisiones sin base en la prosperidad del país y el bienestar de la población. Ellos son quienes están en la cabeza de la fila de las peticiones de exenciones a las tarifas.
El costo para el consumidor y el futuro de las pequeñas empresas
Al final de esta fila están las pequeñas empresas. Una vez más, Trump juega con la economía nacional para el lucro propio y de su grupo cercano.
El Congreso debería tomar cartas en el asunto, limitar las facultades del Ejecutivo en la imposición de aranceles, tarifas y exenciones, para limitar el daño que causan las decisiones del Presidente. Y la Suprema Corte debe dejar claro que de la misma manera que Trump carecía de la facultad de imponer los aranceles iniciales, carece del derecho de establecer estos nuevos costos.
