La Presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, anunció y firmó este 9 de octubre un decreto que buscaría garantizar entornos digitales seguros y libres de contenidos violentos para menores de edad y adolescentes en México.
La iniciativa fue anunciada después de que la semana pasada dos exalumnos de una escuela de Torreón, en el estado de Coahuila, atacaran con armas blancas a docentes y estudiantes, causando una muerte y cuatro heridos.
El Gobierno de México detalló que busca restringir el acceso de los menores de edad a los contenidos violentos y sexuales en las plataformas digitales, aunque reconoció que el decreto que prepara no contempla sanciones para las empresas que incumplan.
Una medida urgente en México
La Mandataria explicó que la iniciativa se publicará previsiblemente el martes o miércoles próximo, una vez concluida su revisión jurídica y el diálogo con las plataformas.
«No tiene sanciones como tal el decreto; el objetivo es que las plataformas se sumen de manera voluntaria a esta protección de niñas y niños en México», afirmó Sheinbaum durante «La Mañanera«.
Sheinbaum señaló que espera que estas medidas comiencen a aplicarse desde la publicación del decreto, aunque el Gobierno dialogará con las plataformas para determinar si necesitan un plazo adicional. La Mandataria reconoció que, si las empresas no cumplen voluntariamente, podría impulsarse una regulación posterior que establezca sanciones.
El papel de las plataformas
Alcalde, por su parte, explicó que las plataformas deberán impedir que niños y adolescentes accedan a contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, acoso escolar y otras conductas ilícitas.
Para ello, tendrán que identificar y retirar inmediatamente cuentas o publicaciones que promuevan la violencia, clasificar contenidos por edades y ofrecer herramientas de supervisión para padres y tutores.
También deberán activar por defecto las configuraciones de privacidad y seguridad más restrictivas para los menores, sin necesidad de que los usuarios las habiliten.
El decreto contempla además que las empresas dispongan de un punto de contacto permanente para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preserven y entreguen información relacionada con posibles delitos y alerten sobre contenidos que amenacen la vida.
En este sentido, la Consejería Jurídica de la Presidencia instalará mesas de trabajo para evaluar la necesidad de nuevas disposiciones legales sobre la protección de menores en internet.
