El Instituto Americano del , API, envió una carta al de  Joe Biden, Presidente estadounidense, donde acusa esfuerzos continuos por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador para socavar el T-MEC y discriminar a los inversionistas estadunidenses en violación de los compromisos de dicho tratado.

De acuerdo con la carta, las reformas impulsadas por López Obrador a la Ley de la Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos obstaculizan a los privados, destruyen y violan compromisos comerciales de bajo el acuerdo comercial regional de 1993, TLCAN. así como su acuerdo del T-MEC.

«El común denominador común de ambas Leyes es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya están operando en violación de los compromisos de México bajo el TLCAN y el T-MEC», dijo Michael J. Sommers, Presidente de API, en la misiva de dos páginas.

La carta, dirigida a los Secretarios, Anthony Blinken de Estado; Jennifer Granholm, de y Gina Raimondo de Comercio así como a Katherine Tai, Representante Comercial estadounidense, asegura que López Obrador a incrementado sus acciones para obstaculizar la inversión privada en el sector energético, además de que violan al menos 5 artículos dentro de 3 capítulos del T-MEC.

«Los alentamos a que continúen interactuando diplomáticamente con el Presidente López Obrador y sus contrapartes para instar al Gobierno de México a respetar sus compromisos del T-MEC de tratar a los inversionistas y exportadores estadounidenses de manera justa», pidió Sommers en su carta.

Fundado en 1919, el API congrega a casi 600 del sector petrolero y del gas a lo largo de sus diversas etapas incluyendo grandes corporativos como Bechtel, Chevron y ExxonMobil y desde junio de 2020 había ya enviado una carta similar a la Administración del ex Presidente, .

De acuerdo con el API, las reformas a las Leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos violan tres artículos del T-MEC del capítulo 14 dedicado a inversión, un artículo del capítulo 2 dedicado al comercio de bienes y un artículo del capítulo 22 dedicado a empresas propiedad del Estado.

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