¿Puede el gobierno que acaba de publicar la Cartilla moral de Alfonso Reyes cerrar los ojos ante el espantoso sufrimiento del pueblo venezolano?
Fuera de una extraña compatibilidad ideológica, nada justifica la postura oficial ante los hechos de Venezuela. Se ha invocado como sustento la Doctrina Estrada, es decir, el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países y la autodeterminación de los pueblos. Pero ¿qué ocurre cuando los asuntos internos de ese gobierno incluyen el atropello masivo a los derechos humanos: el asesinato, la tortura, la miseria y la mortandad provocadas, el exilio inducido? ¿Cómo esquivar el hecho de que la autodeterminación de ese pueblo, expresada en elecciones democráticas, ha sido atropellada por el mismo gobierno?
Cuando algo vagamente similar ocurrió en Honduras, el gobierno mexicano repudió el hecho. No se diga en el caso de Franco y el de Pinochet. Pero, por lo visto, para nuestro gobierno hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Las buenas son de izquierda, las malas de derecha. Y, en la misma lógica, hay golpes buenos y malos. Los primeros los ejecutan militares en nombre de la Revolución y del pueblo. Los segundos los ejecutan militares en nombre del orden.
Que se trata de un golpe de Estado no cabe duda. Pero no es un golpe contra Maduro sino de Maduro. En «La destrucción de Venezuela» (Letras Libres, marzo de 2018) di cuenta de la crisis legal (provocada por él) que es el origen de los hechos recientes. «Por cien días que apenas conmovieron al mundo -escribí entonces-, los venezolanos desplegaron la mayor manifestación democrática del siglo XXI. Entre abril y julio de 2017, millones de personas recorrieron las ciudades del país para protestar contra el autogolpe de Estado que llevó a cabo el Tribunal Superior de Justicia (brazo ejecutor del presidente Nicolás Maduro) al desconocer a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 y donde la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos opositora al régimen) tiene la mayoría. A pesar de la represión de la Guardia Nacional Bolivariana (muy difundida en redes sociales, y en la que hubo 135 muertos, cientos de heridos, presos y casos documentados de tortura), los manifestantes culminaron su protesta con un plebiscito en el que más de 7.5 millones de personas (40% del total de electores, 25% de la población) pidieron la renovación constitucional de los poderes públicos y rechazaron la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (otro órgano obediente a Maduro) para votar una Asamblea Nacional Constituyente paralela (ilegítimamente convocada), al gusto del Ejecutivo. Su esfuerzo fue en vano. Tras una votación a todas luces fraudulenta, la Asamblea espuria se estableció y (…) Maduro -cuyo mandato concluye en enero 2019- buscará realizar el sueño del hombre que llamó su mesías, Hugo Chávez: eternizar la ‘Revolución Bolivariana'».
Sobre esas bases notoriamente ilegales, atropellando la propia Constitución decretada por Hugo Chávez, Nicolás Maduro tomó posesión el 10 de enero, dando inicio a la usurpación. Cinco días antes, y en apego estricto a la Constitución, la Asamblea Nacional (única legal) había designado una nueva directiva, con Juan Guaidó en la presidencia. El 23 de enero, ante lo que se calificó como un vacío de poder y de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, Guaidó tomó posesión como presidente interino. Su prioridad -ha dicho- es convocar a elecciones y el rescate del estado de derecho. A Guaidó lo apoya la inmensa mayoría de los venezolanos. A Maduro lo secunda la élite militar (que teme las acciones legales que seguirían a la transición democrática) y un puñado de países, entre ellos -vergonzosamente- México.
Maduro ha hecho alarde de ese apoyo. Ha exclamado «¡Viva México!», mientras termina por matar de hambre a su propio pueblo que, sin embargo, ha salido una vez más a la calle, desplegando un nuevo capítulo de valentía y bravura, exigiendo libertad. ¿Qué haríamos los mexicanos si el presidente, tras unas elecciones legislativas que le fuesen adversas, decidiera desconocer al órgano legislativo legalmente conformado, convocar a nuevas elecciones para erigir una Cámara paralela, y a partir de ella consolidar un poder absoluto? ¿Nos indignaría una protesta internacional?
Exijamos elecciones inmediatas en Venezuela. Es tiempo de rectificar, no solo por razones legales y democráticas sino por la más elemental empatía humana, la misma que predica la Cartilla moral.
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