López Obrador ha puesto el debate sobre el ejército en la dimensión correcta aunque no necesariamente con la solución ideal.
La obligación del Estado es garantizar seguridad y lo que se desprende de ella: tranquilidad para la convivencia, el no despojo de los bienes y por supuesto preservar la vida. Para esto puede y debe echar mano de todos los recursos a su alcance, pero hay límites jurídicos, políticos, éticos y hasta históricos.
La obligación del Estado se encuentra ante el diseño político-institucional. Para garantizar la seguridad doméstica existe la policía en todas sus variantes, para asegurar la integridad de la nación de peligros del exterior existen las fuerzas armadas. El problema es que ninguna de las premisas se ha cumplido históricamente.
Las políticas de seguridad doméstica han puesto el énfasis en el manejo de las policías que están asociadas estrechamente con la corrupción, con la tortura como método de investigación y con la violación de derechos humanos.
México sostiene una política de neutralidad y no intervención con lo que prácticamente ha carecido de enemigos en casi un siglo, no cuentan los que utilizó Calderón para declarar la guerra sin consultar al poder legislativo.
La guerra civil de 1910-1921 incorporó a las fuerzas armadas al arreglo institucional para la seguridad doméstica, volviéndolas parte esencial del aparato represivo y han estado asociadas a la violación de los derechos humanos.
Ningún gobierno se ha atrevido o podido restaurar el orden institucional, a limpiar a las policías y a reorganizar a un ejército que en realidad no tiene razón de existir en un paz pacifista. López Obrador sigue con la misma dinámica, pone un gran énfasis en la reorganización de la policía (Guardia Nacional), pero la lleva a estar bajo el mando real y práctico de las fuerzas armadas, mientras que a las fuerzas armadas les otorga un poder militar innecesario y un protagonismo económico muy fuera de lugar, para esto sangra el presupuesto que bien podría utilizarse para apoyar el desarrollo económico. Para el 2023 se destinarán 252 mil millones de pesos de gasto improductivo.
Muchos reclaman la atención del gobierno a los militares llamando a no olvidar el pasado, tienen razón y no. Son distintos éstos militares a los del 68, la guerra sucia, o el general que mandó asesinar a seis estudiantes en Ayotzinapa, alguien podría decir que si, otros aseguran que no.
Los militares mexicanos siguen siendo grandes violadores de los derechos humanos, de hecho, hay una correlación fuerte entre la llegada de militares y aumento de asesinatos, lo que hace sospechar que también funcionan como brigada de ajusticiamiento, y hay que recordarles que los criminales aunque son una basura, también tienen derechos jurídicos, por ejemplo, ser juzgados.
Aquí se abre la disyuntiva. El país está urgido de seguridad, paz y tranquilidad. El país está de luto, temeroso y paralizado por el terror. El Estado está rebasado por el crimen autorizado, o sea la asociación estructural entre criminales y la política y se requiere de una acción decisiva que corrija esta falla. Pero el país está frente a la amenaza oligárquica de golpe de Estado y para eso necesitan a los militares. Cualquier persona sensata dirá, anular el golpe de Estado y trabajar para la seguridad, ¿a qué precio?, ¿cuántas generaciones tendrán que sufrir las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy?, ¿cuánto tiempo tomará regresar a los militares a sus cuarteles?
AMLO acierta al criticar a los que hoy gritan contra sus políticas que son resultados de las condiciones que ellos crearon y a los que ofrecen pagar por su caída. Calderón desestabilizó al país y le entregó la calle a los militares, pero hoy reclama sin proponer nada para corregir el desastre que causó. Los priistas se dividen entre los que quieren colaborar, tal vez para salvar la cabeza y aquellos que parecen o quieren olvidar que fueron cómplices de la corrupción que contaminó la vida social, económica y política. Del PRD no vale la pena hablar, esos se vendieron por muy poco y van rumbo a la extinción. Mientras que la oligarquía habla de golpe de Estado desde 1975 y reclama políticas de mano dura.
El país requiere de unidad nacional, especialmente en un tema tan sensible. Pero eso es lo que menos le interesa a las partes. Estamos en rutas de colisión con posturas cuasi suicidas, donde las fuerzas arremeten para ver quién se hace primero a un lado, aunque la sociedad es quién paga los platos rotos y éstos abundan: las señales son miles de encarcelados sin sentencia, miles de huérfanos, millones de hogares enlutados ya sea por asesinato o por sufrir desplazamiento.
México tiene una gran ley de víctimas, pero irónicamente, no se aplica porque no hay dinero para pagar el costo de la reparación del daño o asegurar que la afrenta o la agresión no vuelva a suceder, porque de una u otra manera, en México todos somos víctimas.
