Al Presidente no le gusta perder. Cuando lo hace, suele doblar las apuestas. Es lo que ha hecho, de nuevo, ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ayer, en la mañanera, López Obrador anunció que enviará el primero de septiembre de 2024, un mes antes de dejar el poder, una iniciativa para reformar la Constitución, de tal suerte que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.
Lo primero que hay que decir sobre esta idea es que, ahora sí, el Presidente está optando por el camino adecuado para reformar la Constitución. No se valía, como pretendía, hacerlo por la puerta de atrás, es decir, cambiando una ley secundaria violatoria del texto constitucional apostándole a que una minoría de cuatro ministros de la Suprema Corte le diera la razón. Por fortuna, en esta ocasión sólo consiguió tres votos del órgano judicial por lo que la Corte declaró inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena.
Como dije ayer, si el Presidente quería dicho cambio, tenía que haberlo hecho como se debía, es decir, reformando la Constitución. Él tiene la facultad de presentar una iniciativa de reforma ante el Congreso. Ya anunció que lo hará en 2024.
López Obrador está apostando que en la próxima Legislatura, que precisamente comienza el primero de septiembre del año que viene, Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, además de la mayoría en la mitad de los congresos locales, para que su iniciativa se apruebe.
Es un escenario muy optimista. Vamos a ver si se cumple. Pero lo importante es que, al anunciar esta medida, López Obrador ya volvió la militarización de la seguridad pública en un tema electoral de 2024.
Lo celebro. Qué bueno.
Este país requiere un debate serio e intenso sobre el papel que deben jugar los militares, no sólo en la seguridad pública, sino además en las otras labores que el gobierno le ha encargado a las instituciones castrenses. Yo quiero ver cómo defiende la candidata o candidato presidencial de Morena la creciente militarización del país, sobre todo tomando en cuenta los malos resultados que se han tenido en esta materia.
A lo que le está apostando López Obrador es a la buena imagen que todavía tienen las Fuerzas Armadas en la opinión pública nacional. Es lo que van a tratar de utilizar para convencer al electorado. Del otro lado, los que estamos en contra de la militarización, tendremos que presentar buenos argumentos, sustentados en evidencia empírica, para convencer de la necesidad de tener policías civiles en México.
Todo esto sería fair play en una democracia. Pero tampoco seamos ingenuos. La pregunta es si los militares, que tienen mucho que perder o ganar en este debate, van a quedarse calladitos viendo cómo se da el debate político-electoral sobre el papel que jugarán en el futuro. Su posible intervención activa en las elecciones sería un elemento de enorme preocupación. Estamos hablando de un grupo de interés con gran poder, el de las armas, que podría inclinar la cancha a favor de un partido político en las elecciones, lo cual no se ha visto en México en muchas décadas.
Sí, que se debata la militarización, pero sin la intervención activa de las Fuerzas Armadas en las campañas. Ni para un lado ni para el otro. Porque, de hacerlo, estaríamos frente a la politización de las instituciones castrenses que son —y deben seguir siendo— del Estado, no de un partido en particular. Mucho cuidado con eso.
Dice el Presidente que le solicitará al Congreso darle prioridad a esta iniciativa de reforma constitucional para que la aprueben antes que se vaya. La Constitución le otorga dos iniciativas preferentes cada que comienza un periodo ordinario de sesiones del Congreso. Pero esta facultad no aplica para reformas constitucionales. Así que, aunque la envíe, el Legislativo no tiene por qué hacerlo como pretende López Obrador.
En todo caso, será muy interesante ver a un Presidente lame duck, que ya se va en unos cuantos días, empujando una iniciativa de reforma constitucional de la más alta importancia para el próximo mandatario. Es lo que hizo José López Portillo con la estatización de la banca en 1982. Él tomó la decisión, el Congreso la aprobó y Miguel de la Madrid, que estaba en contra, la tuvo que implementar.
¿Se vale?
Legalmente, sí. Pero políticamente resulta muy cuestionable este tipo de cambios de gran calado de un Presidente en retiro. Pero así es López Obrador. Hasta el último día de su mandato dará lata. Quizá hasta después…
Twitter: @leozuckerman
