Más allá de tratar de con ceptualizar al régimen gobernante que a partir del 1° de octubre inició una nueva etapa o la continuidad del “segundo piso”, lo importante es tener claro que se requiere crear un círculo virtuoso de efecto causa entre crecimiento económico productividad y bienestar social, para que los avances logrados sean sostenibles.
EN CONTRASTE, LAS PERSONAS EN POBREZA EXTREMA, QUE SE ESPERARÍA FUERAN LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS DEL SISTEMA DE BIENESTAR, PASARON DE 7.0 POR CIENTO A 7.1 POR CIENTO, UN AUMENTO DE CERCA DE 400 MIL PERSONAS.
Cuando en 2018 inició el gobierno, se contaba con condiciones relativamente óptimas para gobernar, especialmente recursos financieros presupuestales y ahorros (388 mil millones de pesos); y un crecimien to promedio de la economía del 2 por ciento anual que, si bien no era lo ideal, permitió planear la construcción del conjunto de programa sociales que tanto éxito electoral han tenido, pero dudosos en su real beneficio al bienestar duradero.
No obstante, los resultados de la política social son contradictorios, por un lado el porcentaje de personas en pobreza entre 2018 y 2022 pasó de 41.9 por ciento a 36.3 por ciento una reducción equivalente a 5.1 millones de personas, lo que se explica por la reducción de la pobreza laboral gracias al significativo aumento en el salario mínimo (120 por ciento en el sexenio); las reformas estructurales como la eliminación del outsourcing que redujo la informalidad; a los programas sociales y a la destacada entrada de remesas familiares que se habrán incrementado entre 2018 y 2024 un 88.6 por ciento en su valor en dólares.
Sin embargo, la aparente mejora en el mercado laboral no ha venido acompañada de mayor productividad, durante el sexenio la productividad laboral cayó 3.8 por ciento, si bien a partir de la pandemia se ha recuperado no ha sido de manera significativa. Cabe señalar que nuestro país ocupa el último lugar en productividad entre los miembros de la OCDE. En contraste, las personas en pobreza extrema, que se esperaría fueran los principales beneficiados del sistema de bienestar, pasaron de 7.0 por ciento a 7.1 por ciento, un aumento de cerca de 400 mil personas. De igual forma la población vulnerable por carencias sociales se incrementó de 26.4 por ciento a 29.4 por ciento, destacando la población sin acceso a servicios de salud que equivale 39.1 por ciento es decir 50.4 millones de personas, resultado de la desastrosa política de salud que se ha implementado. Habrá que esperar los resultados de medición de pobreza en 2024, así como la instancia del gobierno que los elabore dada la propuesta de desaparición del CONEVAL.
Poner en marcha el sistema de bienestar, a la par de financiar la inversión pública en infraestructura, implicó no sólo el agotamiento de los ahorros y la toma de 90 mil millones de pesos que se encontraban en más de 90 fideicomisos que fueron extinguidos arbitrariamente; se requirió también elevar la deuda pública en casi 7 billones de pesos, ello a pesar de que se incrementó la recaudación de impuestos con esquemas de vigilancia estricta a los contribuyentes.
Empero, no es sólo la precaria situación de las finanzas públicas que el nuevo gobierno hereda y que deberá atender; sino también el inicio del sexenio que encuen tra el crecimiento econó mico en franco deterioro. El PIB cerrará 2024 con un crecimiento inferior al 1.5 por ciento y para 2025 las perspectivas apuntan a un nivel inferior y ello dificulta incrementar los ingresos y reducir el déficit público.
Los sistemas de bienestar social que consideran a los sistemas de salud pública, pensiones, educación, vivienda adecuada y esquemas de cuidado dependen en gran medida de una economía en crecimiento basada en productividad para ser sostenibles. La fórmula es relativamente sencilla: mayor crecimiento genera ingresos fiscales a los gobiernos y les permite financiar las políticas públicas, sobre todo las que por su concepción y naturaleza no generan un retorno. Si como se ha planteado no se pretende implementar una reforma fiscal, será muy importante que el gobierno integre presupuestos acordes a sus compromisos y necesidades, pero especialmente viables. El nuevo gobierno presentará el paquete económico en noviembre, el cual debe contemplar la necesaria consolidación fiscal que lleve al déficit a niveles por debajo del 3 por ciento del PIB, ello implica recortar casi un billón de pesos en el gasto.
El reto es enorme si se desea mantener los ofrecimientos de política económica para 2025 ofrecidos a principios de este año, o simplemente será uno más de los enunciados no cumplidos.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
