- La trayectoria de Espino destaca además de su experiencia electoral, también por su identidad indígena como mujer rarámuri
- Desde su salida del Instituto Electoral del Estado, Espino ha sufrido acusaciones sin sustento e, incluso, amenazas e infundios
El pasado viernes, las redes sociales y algunos medios de comunicación iniciaron el debate tras la renuncia de la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Suárez, considerado el segundo puesto administrativo más importante dentro del organismo. Poco después, comenzó a circular el nombre de Claudia Arlette Espino, exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, como posible sucesora.
Espino, reconocida especialista en el campo del medio electoral y de los derechos humanos, manteniendo una sólida trayectoria en el ámbito del desarrollo ciudadano y social, así como en lo relativo a la democracia incluyente, es ampliamente conocida por su lucha a favor de las acciones afirmativas. Sin embargo, su postulación ha revivido antiguas rencillas y discrepancias con personajes en Chihuahua, estado donde lideró exitosamente el órgano electoral local, pero en el que persisten dos grupos políticos históricamente enfrentados.
La trayectoria de Espino incluye un doctorado con tesis doctoral sobre las defensorías públicas en materia de derechos humanos; la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y la fundación de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), para proteger los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, así como cargos en el ámbito académico, siendo profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y profesora invitada a instituciones nacionales e internacionales de estudios superiores sobre los temas que conoce y procura en su natal Chihuahua.
Desde su salida del Instituto Electoral del Estado, Espino ha sufrido acusaciones sin sustento e, incluso, amenazas e infundios, a manera de lo que algunos califican como un boicot sistemático. Fuentes cercanas señalan que la llegada de Yanko Durán Prieto a la presidencia del Instituto hace más de tres años, periodo en el que sistemáticamente ha procurado y fracasado en desacreditar los evidentes logros de la gestión electoral y social de Espino, generando tensiones que se extienden hasta el presente.
Entre las acusaciones fabricadas en su contra, se incluyen supuestas irregularidades administrativas sin fundamento y sin procedencia. Sin embargo, colaboradores de la exconsejera y personal del propio órgano sostienen que estas denuncias son parte de una campaña de desprestigio encabezada por José Miguel Salcido Romero, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también ocupó cargos durante el gobierno de César Duarte y enfrentó cargos por peculado, abuso de autoridad y uso ilegal de atribuciones y quien actualmente es aliado de Yanko Durán.
Este vergonzoso conflicto no se limita al ámbito institucional. Se ha señalado que el esposo de Durán, quien ocupa un puesto clave en el Tribunal Administrativo, ha tenido injerencia en esta manipulación. Estas tensiones han generado un ambiente de hostilidad que ahora se aprovecha ante la posibilidad de que la chihuahuense acceda a un puesto estratégico en el INE.
La trayectoria de Espino no solo destaca por su experiencia electoral, sino también por su identidad indígena como mujer rarámuri, lo que añade una dimensión cultural y política a las acusaciones fabricadas y no probadas que se ha procurado filtrar en su contra. Observadores del caso, consideran que esta situación refleja claras señales de violencia política de género.
Por su parte, el Instituto Electoral de Chihuahua enfrenta uno de sus episodios más oscuros desde su creación. Existen diversos señalamientos apuntados a la presidenta Yanko Durán, tales como la acusación de malos tratos hacia colaboradores cercanos, como en el caso de Carmen Ramírez, quien denunció haber sido despedida de manera arbitraria.
Durán ha sido vinculada a figuras políticas tanto de Morena, como del PAN, lo que ha provocado especulaciones sobre una posible intervención partidista en el órgano electoral. En este contexto, la polarización política en el estado ha agravado las tensiones, especialmente ante la implementación de la Reforma Judicial y la actitud poco conciliadora de la consejera Duran.
Fuentes locales reportan y afirman que el Instituto habría recibido instrucciones directas de la gobernadora Maru Campos, para obstaculizar el Proceso Electoral Judicial en la entidad. Esto ha provocado conflictos entre magistrados vinculados al mismo grupo político que respalda a Durán, quienes ahora buscan un acercamiento con la dirigencia de Morena, recrudeciendo una situación ya de por si complicada en el escenario político local.
Se espera que la decisión sobre la próxima persona titular de la Secretaría Ejecutiva del INE se defina en los próximos días, mientras las tensiones locales en torno al proceso parecen estar incrementándose.
