El 19 de diciembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció los resultados de la investigación sobre las múltiples propiedades de personas relacionadas con Manuel Bartlett que no fueron reportadas en su Declaración Patrimonial. Como estábamos en vísperas de las vacaciones, no tuve tiempo de comentar este asunto. Supongo que el gobierno precisamente quería eso: “enterrar” el anuncio haciéndolo en una fecha cuando la opinión pública y la publicada estaban más concentradas en el periodo vacacional que en temas como la fortuna del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hoy, ya de regreso a estas páginas, retomo este asunto.
Se trata de una decisión que, por su importancia, como dijo ayer Héctor Aguilar Camín en Es la hora de opinar, marcará al gobierno de López Obrador. Y es que estamos hablando de uno de los colaboradores más cercanos a un Presidente que hizo del tema de la corrupción el principal de su campaña.
López Obrador prometió honestidad en el ejercicio del poder a partir del primero de diciembre de 2018. Muy pronto, salió el primer gorgojo en el frijol. Arelí Quintero publicó en el sitio de Carlos Loret de Mola una investigación que descubría que la fortuna de Bartlett, quien lleva varias décadas trabajando en el servicio público, era 16 veces más grande que los 51 millones de pesos que declaró al entrar a la CFE: “A través de familiares, empresas y presuntos prestanombres se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos […] a partir de 2001, cuando Bartlett había dejado de ser gobernador postulado por el PRI, y se vuelve senador lopezobradorista en el PT, deja de registrar los bienes a su nombre. Y justo a partir de esa fecha, se multiplicaron de forma acelerada los inmuebles a nombre de su pareja, Julia Elena Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen de matrimonios anteriores”.
Aquí vale la pena hacer un paréntesis y citar al propio López Obrador en su libro de 1995, Entre la historia y la esperanza. El hoy Presidente asegura que, cuando se proyectó el periférico de Villahermosa, “una elevada proporción de los terrenos baldíos comprendidos en el nuevo trazo de la ciudad, pasaron a ser propiedad de los más encumbrados funcionarios públicos”. En el sexenio del gobernador Mario Trujillo (1971-1977), “los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre, Manuel Bartlett Bautista, fueron urbanizados de una peculiar manera […] claro está que todas las obras de infraestructura se hicieron con cargo al erario”.
Palabras de López Obrador. Pero, como Bartlett es ahora su aliado, se ha purificado. Está libre de todo pecado. Por eso, en cuanto salió a la luz pública la investigación de los 800 millones de pesos del hoy director de la CFE, el Presidente lo exoneró inmediata y públicamente.
Eso sí, al estilo de Peña Nieto con el escándalo de la Casa Blanca, solicitó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigara el caso. La titular de la secretaría, Irma Eréndira Sandoval, subordinada de López Obrador, entendió bien el mensaje de su jefe y, como su antecesor, Virgilio Andrade, realizó una pesquisa a modo: no encontró ilegalidad alguna. Bartlett “no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad. En torno al patrimonio de su pareja, no tenía obligación legal de declarar sus bienes, ya que no tienen el carácter de cónyuges o concubinos, pues no existe entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil ni cumplen los criterios jurídicos para considerar que están unidos en concubinato. En cuanto a los bienes inmuebles a nombre de los hijos del servidor público, tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones patrimoniales, al ser mayores de edad y sin dependencia económica con su padre”.
Todo kosher, pues. No obstante, Sandoval anunció que “a partir del próximo año, los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con las que tenemos un vínculo sentimental”. Muerto el niño…
Muchos pensábamos que López Obrador sería implacable en el combate a la corrupción de funcionarios de su gobierno. Que no toleraría la menor sospecha. Nos equivocamos. No sólo las va a tolerar, sino a perdonar. Así la lógica de combatir la corrupción barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, como prometió el Presidente en su campaña: “Quizá sea un corrupto, pero, como es uno de los nuestros, por definición no es corrupto”.
Twitter: @leozuckermann
