La detención en Colombia de un juez mexicano por presunta colusión con el narcotráfico ha puesto de nuevo en el punto de mira al poder judicial mexicano, que no logra sacudirse la sombra de la corrupción. Luis Benítez Alcántara, juzgador penal a nivel federal, está acusado por Estados Unidos de haber cobrado un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la puesta en libertad en 2024 de Andrew Clark, la mano derecha del exatleta olímpico metido a narco, Ryan Wedding, quien se entregó a las autoridades en enero tras ser largamente buscado. El arresto de Benítez, que ejercía desde 2021 en la Ciudad de México, deja en evidencia todos los agujeros de la justicia en el país: por lo que sucede en el interior de la judicatura y por lo que no son capaces de detectar quienes se encargan de vigilarla.
El Tribunal de Disciplina, creado expresamente por la polémica reforma judicial para monitorear la actuación de los juzgadores en activo, no contaba con ninguna investigación en curso relacionada con este caso, que ha pasado desapercibido en México hasta que las autoridades del país vecino han anunciado su detención y sus vínculos con Wedding. Benítez sí tenía otras cuatro carpetas internas abiertas por cuestiones “jurisdiccionales”, según ha revelado este jueves el propio organismo, pero ninguna de las quejas tenían que ver con su colaboración con la banda criminal, una de las “más grandes, notorias y violentas” del panorama transnacional, según la describe el Departamento de Justicia estadounidense. Fuentes cercanas al organismo apuntan que las denuncias responden a desvíos de la legalidad.
Para el abogado Arturo Guerrero, exfuncionario del extinto Consejo de la Judicatura Federal, el precedente del organismo, “este es el tipo de casos que el Tribunal tendría que estar detectando”. “Lleva más de un año en funciones y están pasando completamente fuera del radar”, señala el experto. El hecho de que no hubiera una carpeta por este asunto implica que tampoco el Ministerio Público lo conocía o, como mínimo, que no había dado el aviso, pues para poder arrestar en territorio mexicano a un juzgador en activo, la dependencia debe solicitar primero al Tribunal de Disciplina su suspensión con efectos de detención.
Nada por ese frente, y resta el papel del Órgano de Administración Judicial, la segunda pata en la que se desdobló el Consejo, hoy encargado de gestionar la vida burocrática de los tribunales. El organismo guarda silencio sobre el caso de Benítez y no permite el acceso a la ficha con su currículum vitae disponible online, que es sin embargo perfectamente accesible para el resto de sus compañeros del Reclusorio Sur. Fuentes conocedoras de los procesos de carrera judicial señalan que el Pleno concedió a Benítez la licencia académica para acudir al evento en Colombia a finales de octubre, a pesar de que no había pasado el filtro de la Comisión encargada. De hecho, estas licencias son extremadamante inusuales en el ámbito penal y laboral, explica Arturo Guerrero, pues en estos tribunales los procedimientos son orales y exigen la presencia del titular para que la audiencia tenga validez. “Si se va el juzgador, no puedes habilitar a alguien para que desempeñe sus funciones, como podrías hacer con otro juez de distrito o magistrado de circuito”, desarrolla.
Todo lo anterior ha facilitado que el juez ―cuyo puesto formará parte de la segunda vuelta de las elecciones judiciales, en 2028― se encontrara en Colombia para la detención, lo que ha facilitado que Estados Unidos esquive el tortuoso proceso de extradición mexicano. Este procedimiento permite al interesado solicitar un amparo y la consecuente suspensión del traslado hasta que se resuelva el fondo. Mientras no haya fallo sobre ese amparo y, después, sobre el más que posible recurso de revisión, todo permanece paralizado, explica el jurista Luis Tapia. “En la práctica, eso hace que estos procesos sean superlargos. Los abogados alargan lo más que pueden el proceso y eso ha frustrado muchísimas extradiciones”, completa el abogado. Prueba de ello es que el propio Gobierno de Claudia Sheinbaum evitó recurrir a esta fórmula para enviar al otro lado de la frontera a un centenar de narcotraficantes que serán juzgados en tribunales estadounidenses.
Se desconoce todavía cuáles fueron las razones que condujeron a que se produjera en Colombia la detención de Benítez, ya polémico por sus resoluciones en otros casos, como la absolución del único acusado por el espionaje a Carmen Aristegui, que fue ratificada en segunda instancia. Nadie ha aclarado tampoco si las autoridades de sendos países norteamericanos habían hablado previamente sobre ello o si esta ha sido también la primera noticia sobre el caso para el Ejecutivo mexicano. Sin embargo, este jueves, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha anunciado la caída del líder del Cartel Nuevo Imperio, Edgar Aarón Vázquez, alias El General, a quien Estados Unidos acusa de haber brindado protección a Ryan Wedding en México. Los responsables al otro lado de la frontera creen que el narcotraficante canadiense había pasado 10 años en el país hispano antes de entregarse este enero en la Embajada en México.
En la declaración patrimonial del juez Benítez aparecen públicamente dos propiedades pagadas a crédito por montos poco destacables. Una casa fue adquirida en 2012 y un pent house, en julio de 2025. Los datos referentes a otros dos inmuebles aparecen totalmente censurados, junto con el de varios vehículos comprados y vendidos.
Los episodios de este jueves van cerrando el cerco sobre la poderosa red de narcotraficantes, que ha visto caer casi el mismo día a dos de sus colaboradores necesarios: uno abatido, el otro detenido y en espera de la extradición, que Estados Unidos ya ha adelantado que pedirá a Colombia. Luis Benítez Alcántara se enfrenta a nueve cargos federales y una posible pena máxima de 15 años, en caso de ser declarado culpable. El criminal al que presuntamente liberó a cambio de la importante suma de dinero, Andrew Clark, había sido detenido en octubre de 2024 por tráfico de drogas, asesinato e intento de asesinato, cargos que también implicaban al cabecilla. En noviembre de ese mismo año, Estados Unidos solicitó la extradición a su país, pero Benítez resolvió, en febrero, conceder la libertad bajo fianza y ordenar su excarcelación. Ese mismo día, según revela el Departamento de Justicia, recibió los dos millones de dólares por los que habría aceptado la transa.
“Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde se encuentren, que ayuden a narcotraficantes que operan en nuestro territorio, enfrentarán a la justicia en Estados Unidos”, ha dicho el fiscal general Todd Blanche en un comunicado. Un mensaje que hurga especialmente en la herida en México, que comparte 3.000 kilómetros de frontera y una intensa relación bilateral, y donde el Gobierno de Donald Trump está ejerciendo más presión. Numerosos políticos han perdido sus visas como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias y varios han sido directamente acusados por las autoridades de tener vínculos con el narcotráfico.
La cruzada contra el tráfico de drogas, que se han convertido en un problema de salud pública al norte del Río Bravo, se ha cobrado hoy a otro funcionario, que posiblemente terminará siendo juzgado allí. Un tentáculo menos en la red de Ryan Wedding, considerado por las dependencias anglosajonas un Chapo Guzmán moderno. Otra cuenta pendiente para México, que no logra detectar y jogzgar dentro del territorio nacional a sus compatriotas más cuestionables, a la espera de lo que suceda con el polémico juez.
