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El deber de Casandra

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«Los espíritus estrechos acusan
siempre a los clarividentes de desear
las desgracias que prevén. El deber
de Casandra es el más triste que puede
recaer sobre los amigos de la verdad».

Ernest Renan

Hace un año y medio, en el umbral de las elecciones presidenciales, publiqué en The New York Times el artículo «The End of Mexican Democracy?». De haberlo publicado hoy, lo digo con tristeza, estaría tentado a suprimir el signo de interrogación.

En aquel texto di la bienvenida a un cambio de gobierno: «el Partido Revolucionario Institucional (PRI) merece perder por haber reincidido en actos de corrupción que todos asociamos con su comportamiento habitual en el siglo XX». Tampoco le di mayor crédito al Frente encabezado por el PAN, cuyo candidato «no había dado a los votantes elementos para juzgarlo, porque no ha expuesto ningún programa». La victoria de López Obrador era inminente, pero me preocupaba. A continuación procedo a glosar mis argumentos de entonces.

López Obrador había prometido un «cambio de régimen». Dados los precedentes -expliqué- los votantes debían considerar cuidadosamente el significado de sus palabras. Para comenzar, había declarado que dudaba de la existencia misma de la democracia mexicana, aunque era en el marco legal de esa misma democracia que estaba a punto de llegar a la presidencia. Tampoco confiaba en el árbitro. Tras perder la elección de 2006 por un margen estrechísimo (0.56%), se había proclamado «presidente legítimo». «Al diablo con sus instituciones», había dicho famosamente en 2006, y nunca retiró esas palabras. Entre esas instituciones estaba la Suprema Corte de Justicia a la que acusaba de ser un instrumento de la oligarquía.

No por primera vez, señalé que el líder convocaba alrededor suyo un fervor religioso que no era inexacto llamar mesiánico. Pero movido él mismo por esa convicción, mostraba una inflexible intolerancia a la crítica de los medios e intelectuales independientes. Para todos tenía un adjetivo descalificador. Parecía incapaz de ejercer la autocrítica y exhibía en cambio una marcada proclividad a dividir al país entre «el pueblo» que lo apoyaba y todos los demás, representantes de «la mafia del poder».

Me parecía ingenuo que López Obrador confiase tanto en su carisma como para hacer «entrar en razón» a Trump o devolver la seguridad a México explorando la posibilidad de amnistiar a criminales y narcotraficantes. «Sólo yo puedo acabar con la corrupción», proclamaba, anunciando la publicación de una «Constitución moral». Esa autocomplacencia me parecía infundada y contradictoria, porque se había rodeado de antiguos políticos y líderes sindicales del PRI, emblemas de la corrupción.

Reconocí por supuesto su «preocupación genuina por aliviar la pobreza», aunque anoté que sus propuestas carecían aún de la suficiente especificidad. En temas económicos, me limité a registrar ciertas dudas sobre la política energética. Al final expresé mi mayor temor, su propósito de desvirtuar la joven democracia:

Si López Obrador decide apelar a movilizaciones populares y plebiscitos, no sería imposible … que procediera a anular la división de poderes, subordinar a la Suprema Corte y las entidades autónomas, restringir a los medios y silenciar las voces críticas. En ese caso, México sería otra vez (como en tiempos del PRI) una monarquía, pero esta vez caudillista y mesiánica, sin ropajes republicanos: el «país de un solo hombre». Ojalá el legítimo descontento de los mexicanos y la urgente necesidad de cambio no desemboque en el fin de la frágil pero genuina democracia mexicana.

Hasta aquí la glosa de aquel vaticinio. Por desgracia, se está cumpliendo. Temo que México esté en vías de cerrar el breve capítulo democrático que con el sacrificio de varias generaciones comenzó a gestarse en 1968 y que implicó una ardua batalla de tres décadas en la que participaron centenares de miles de mexicanos hartos de un sistema autoritario y corrupto. Esa larga marcha por la libertad pareció concluir al fin en 1997, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal. Pero como lo sabían los griegos y lo comprobamos ahora nosotros, la democracia siempre está a prueba.

Si el gobierno persiste en acosar a la prensa independiente, difamar a los críticos, y debilitar hasta doblegar al Instituto Nacional Electoral, nuestra democracia entrará en proceso de demolición. Habrá que resistir ese atropello histórico. Y, de ser necesario, reconstruir la democracia desde los cimientos.

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