La suerte de no está decidida. El Andrés Manuel López Obrador no ha dado señal alguna de que lo vaya a destituir, pese a que está consciente, revelaron funcionarios federales, que el daño causado por el todavía titular de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso , pone en riesgo toda la investigación del crimen y su compromiso de resolverlo frente a los padres de los 46 normalistas que desaparecieron en Iguala en 2014.

López Obrador no cesa a nadie, pero le renuncian. Sin embargo, tampoco hay indicios de que lo esté pensando el subsecretario de Gobernación Encinas, que ha quedado en Palacio Nacional como un incompetente.

Lo importante para el presidente en estos momentos es rescatar la investigación y dar una respuesta satisfactoria a los padres de los normalistas. El fin de López Obrador, de acuerdo con los funcionarios, no es cumplir con la justicia prometida, sino evitar su reactivación como movimiento en un año electoral.

No quiere el presidente movilizaciones y presiones que incidan en sus estrategias para ganar las gubernaturas del estado de y Coahuila. No hay empatía, sino interés y urgencia, ante el desencanto y las crecientes críticas de los padres y sus abogados.

Hay una segunda razón, que tiene que ver con la incompetencia de Encinas. El sentir de López Obrador, según personas que conocen de sus consultas con varios funcionarios en los últimos días, es que el subsecretario no pudo armar una investigación sin perjudicar al como institución y acotarla en presuntamente involucrados en el crimen, y consolidar las evidencias para procesar a todos aquellos civiles, funcionarios locales, estatales y federales, que presuntamente participaron no sólo en la desaparición de los normalistas, sino en la red de protección de los delincuentes.

El presidente está en medio de dos trincheras con capacidad de fuego. Por un lado está la de Encinas, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que están convencidos de que Alfredo Higuera Bernal, que tuvo bajo su cargo durante casi tres años la fiscalía para el Caso Ayotzinapa en el gobierno de Enrique , y que fue nombrado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero como subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, es el responsable de estar torpedeando el trabajo de la comisión presidencial.

Por el otro lado está la Fiscalía General, que recibió una investigación por parte de Encinas que, de acuerdo con los funcionarios federales, no se sostenía. Una buena parte de esta debilidad está detrás del desistimiento de casi una veintena de órdenes de aprehensión solicitadas por Encinas y el exfiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, contra quien hay una investigación por que presuntamente él fue quien filtró el informe de la comisión presidencial sin testear, el punto de inflexión y desconcierto del trabajo de Encinas.

Gertz Manero lleva meses criticando a Encinas con López Obrador porque sus rencores y deseos de ajustar cuentas con el Ejército afectaron la investigación, pero el presidente ya no quiso seguir escuchando una vez más los señalamientos al subsecretario, dijeron los funcionarios, porque estaba más preocupado en encontrar una salida al desastre cometido por el subsecretario. Lo primero que escuchó de Gertz Manero es que el nivel en el que se encuentra el caso hace imposible que deje satisfecha a ninguna de las partes, y repercutirá en el propio presidente.

López Obrador está buscando una estrategia que le permita dar una respuesta de justicia a los padres de los normalistas este mismo año, al tiempo de encontrar otra que separe a militares presuntamente responsables del crimen de la institución. En ambos casos, se antoja sumamente difícil.

Las expectativas generadas por Encinas fueron muy altas, donde se empataron sus fobias con los deseos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, cuyo secretario técnico fue Gómez Trejo, de llevar a los militares el banquillo de los acusados. Crecieron con el respaldo sostenido en público por el presidente al titular de la comisión presidencial.

El discurso de “crimen de Estado” impulsado por Encinas con la venia presidencial, no tiene punto de retorno. La percepción de culpabilidad de los militares, tampoco. La pretensión de López Obrador de encontrar una salida que lo beneficie cuando él mismo permitió las expectativas que hoy se ve no estaban sustentadas, es ingenua.

No tiene control de cómo vaya creciendo el descrédito contra la investigación y su gobierno. Pero tampoco tiene control interno de sus funcionarios, que están más interesados en culparse unos a otros, que en enfocarse en los criminales.

La nueva crisis en Palacio Nacional explotó por la entrevista que concedió Encinas reconociendo que su investigación no servía por pruebas falsas, y aceleró los conflictos al interior del gabinete que se vienen arrastrando desde el informe de la comisión presidencial en agosto, que no los quiere ver con seriedad el presidente y menos aún actuar en consecuencia para apagar ese fuego en casa, que ya lo está quemando.

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