En su último reporte trimestral del 8 de agosto, GEO Group y CoreCivic reportaron 1,400 millones de dólares de ingresos entre abril y junio: 732 millones para el primero, 684.9 para el segundo. Su beneficio neto fue de 47.5 millones (254 millones en un año) y 37.1 millones, respectivamente.
Ambas empresas operan cárceles privadas de indocumentados con contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). GEO Group opera 50 cárceles; CoreCivic, 40.
Desde que inició el segundo mandato presidencial de Donald Trump, el porcentaje de ingresos provenientes de sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE fue creciendo hasta superar la mitad del total.
GEO Group además gestiona el monitoreo electrónico de indocumentados, una alternativa para el encarcelamiento para 185,000 personas.
El 70.6 % de los detenidos son personas acusadas de una infracción civil – residencia ilegal en el país – no un crimen serio (felony) y que en todo caso, no han sido juzgados o condenados por un juez. Solo 29.4 % tienen antecedentes penales.
En mayo de 2021, en cambio, el porcentaje de criminales allí era 85 %.
Según el centro de investigación TRAC, había para el 11 de julio 65,765 personas detenidas por ICE. Es un aumento del 70 % comparado con 12 meses antes, y en febrero de 2021 eran solo unos 14,000.
En diciembre de 2025 había 212 centros de detención de diferentes tamaños en todo el país. En enero del mismo año eran solo 108. Solo el 10 % del total son gestionados por ICE.
Cada día, los agentes migratorios arrestan a unas 1,200 personas.
Las empresas que lucran con esta iniciativa piden más y dicen que tienen aún lugar para al menos 20,000 inmigrantes adicionales.
Desde que inició el segundo gobierno de Trump Estados Unidos deportó a unas 270,000 personas. La expulsión de los detenidos muchas veces se posterga por recursos de habeas corpus, saturación de los tribunales migratorios o restricciones de los países de origen. Mientras, se quedan en esas cárceles.
Por si faltasen evidencias del incremento vertical en el número de detenciones de indocumentados – junto con residentes permanentes y ciudadanos que tuvieron la mala fortuna de estar en el camino de los agentes enmascarados que pululan en nuestra ciudades – esto números constituye una prueba.
Estamos frente a empresas privadas en contratos exclusivos con el gobierno federal, que pretenden estar por encima de las leyes locales o estatales y que reciben pingües ganancias de sus actividades.
Con tanto dinero a su disposición, estas empresas podrían suministrar a los detenidos condiciones humanas, tal como lo exige la ley.
Sin embargo, la acumulación de denuncias de violaciones a las leyes y los derechos humanos, muestran lo contrario. Lo siguiente son algunos ejemplos.
Así, registros del 911 revelaron cientos de llamadas por emergencias médicas en el centro de detención Stewart en Georgia entre enero y junio de este año.
En Nueva Jersey, la fiscalía general investiga al Centro de Detención Delaney Hall tras la muerte de tres inmigrantes en menos de un año. La última víctima fue el salvadoreño Edwin Giovanni López Cornejo, fallecido el 1 de agosto.
La familia de un detenido en Adelanto, California, difundió un vídeo en el que se ve el agua potable a disposición de los residentes, contaminada por lo que parecen ser gusanos nadando. La administración del lugar se niega a intervenir, afirmando que es el mismo agua que proporciona la ciudad a sus habitantes.
En marzo se registró la cuarta muerte de un detenido en Adelanto, el mexicano Jose Guadalupe Ramos-Solano. El gobierno de Claudia Sheinbaum investiga.
En el centro de detención de Tacoma, estado de Washington un juez federal ordenó permitir inspecciones sanitarias estatales a GEO Group, después de que las rechazara diez veces consecutivas, y luego de 3,500 quejas de detenidos en ese lapso. En lugar de cumplir la orden judicial, la empresa firmó al día siguiente un contrato con ICE por el que renuncia a toda responsabilidad en el caso.
En decenas de casos se han producido denuncias de alimentación forzadas de detenidos en huelga de hambre, motivando la protesta de asociaciones médicas y organismos contra la tortura.
Como se sabe, estas situaciones y los anuncios de nueva construcción de enormes centros de detención generaron protestas multitudinarias en todo el país, que en algunos casos lograron disuadir a la administración o a las empresas de abstenerse de abrir algunas cárceles. En un caso reciente, lograron forzar a un banco – el Citizen Bank – a dejar de financiar a los operadores de prisiones migratorias.
Con el dinero que reciben del gobierno, las empresas podrían mejorar las condiciones de vida de los detenidos. Pero no lo hacen.
A sabiendas, el gobierno federal empuja a miles de personas a manos de empresas privadas que se niegan a aceptar supervisión legal y pretenden impunidad por operar como subsidiarios de ICE.
Esto amerita una investigación del Congreso, para que se mejoren las míseras condiciones de vida en las que son hacinados los detenidos y se castigue a los responsables de violar las leyes.
