¿CIUDAD DE MÉXICO, .— Desde Estados Unidos, y mientras enfrenta investigaciones y controversias legales en México, Francisco Javier García Cabeza de Vaca busca regresar al centro de la disputa política nacional. El exgobernador de Tamaulipas confirmó que aspira a competir por la Presidencia de la República en 2030, rechazó los delitos que le han atribuido autoridades mexicanas y aseguró que mantendrá su confrontación con Morena.
Durante una entrevista con Daniel Camargo para Cuestión de POLÉMICA, el político panista construyó una narrativa en dos frentes: por una parte, se presentó como víctima de una persecución política emprendida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; por otra, lanzó graves acusaciones contra exfuncionarios federales por su presunta relación con el contrabando fiscal de combustibles.
Entre los nombres señalados apareció el de Horacio Duarte Olivares, actual secretario general de Gobierno del Estado de México y exresponsable del sistema nacional de aduanas.
Las declaraciones corresponden a la versión expuesta por Cabeza de Vaca durante la entrevista. Por sí mismas no acreditan responsabilidades penales o administrativas y deberán contrastarse con expedientes oficiales, investigaciones ministeriales, documentos y las respuestas de las personas mencionadas.
El exmandatario, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022, rechazó las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero formuladas en su contra y aseguró que los expedientes fueron utilizados como una herramienta para someter políticamente a su administración.
Según su relato, la confrontación con el gobierno federal comenzó cuando todavía ocupaba la gubernatura y se intensificó después de que, desde 2020, denunció supuestos vínculos entre funcionarios, actores políticos y organizaciones criminales.
Cabeza de Vaca sostuvo que continuará su defensa desde Estados Unidos y aseguró que cualquier intento de extradición tendría que superar la revisión de las autoridades judiciales de ese país.
“Acá sí hay justicia y no es por contentillo de una presidenta”, declaró.
Su permanencia fuera de México, sin embargo, forma parte de la controversia que lo rodea. Mientras él asegura ser objeto de persecución política, en México han persistido disputas legales relacionadas con su actuación pública y su patrimonio.
El señalamiento más delicado de la entrevista surgió cuando el panista habló del denominado huachicol fiscal, nombre utilizado para describir esquemas de ingreso irregular de combustibles mediante operaciones que presuntamente evaden el pago de impuestos.
Cabeza de Vaca afirmó que durante el sexenio anterior habría operado una estructura capaz de generar una evasión cercana a los 600 mil millones de pesos. Fue todavía más lejos: sostuvo que parte de esos recursos pudo haber sido utilizada para financiar actividades político-electorales.
Durante la conversación, sin embargo, no exhibió una resolución judicial definitiva que acreditara esa acusación.
El exgobernador aseguró también que las operaciones habrían utilizado instalaciones portuarias y aduaneras de Altamira, Tampico, Veracruz y Guaymas, y habló de la supuesta participación de servidores públicos, dirigentes partidistas y organizaciones criminales.
“No solO financiaron sus campañas con huachicol fiscal, sino que operaron entre gobierno, Morena y grupos criminales”, declaró el panista al referirse a Duarte y otros ex responsables de ADUANAS.
El alcance del señalamiento es enorme. De comprobarse, supondría no solamente un esquema de evasión tributaria, sino una posible conexión entre dinero ilícito, estructuras gubernamentales, actividad partidista y grupos criminales.
Pero la dimensión de la acusación obliga también a marcar una frontera: una denuncia política no equivale a una responsabilidad penal comprobada. Hasta ahora, lo expuesto en la entrevista corresponde a la versión de Cabeza de Vaca y requiere respaldo documental, investigación ministerial y, en su caso, determinaciones judiciales.
Dentro de esa presunta trama, Cabeza de Vaca señaló directamente a Horacio Duarte Olivares, quien encabezó primero la Administración General de Aduanas y posteriormente la Agencia Nacional de Aduanas de México, antes de incorporarse al gobierno del Estado de México.
El señalamiento es particularmente delicado por la posición que actualmente ocupa Horacio Duarte como secretario general de Gobierno del Estado de México, uno de los cargos de mayor peso político dentro de la administración mexiquense.
Cabeza de Vaca afirmó que legisladores de Acción Nacional presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que su propio equipo jurídico y de inteligencia participó en la recopilación de información relacionada con esas operaciones. También cuestionó la falta de avances públicos en las investigaciones.
Sin embargo, la presentación de una denuncia no demuestra la comisión de un delito.
En la entrevista no se exhibieron sentencias ni resoluciones definitivas que acrediten la participación de Horacio Duarte en las conductas descritas. El señalamiento permanece, por tanto, como una acusación directa formulada por Cabeza de Vaca que deberá confrontarse con los expedientes oficiales y con la postura del funcionario mexiquense.
Cabeza de Vaca sostuvo que el presunto contrabando fiscal de combustibles no terminó con el sexenio de López Obrador.
Según un análisis elaborado por su equipo con información pública, la evasión habría alcanzado aproximadamente 87 mil millones de pesos hasta abril de 2026.
La acusación pretende trasladar directamente el costo político del caso al gobierno de Claudia Sheinbaum y representa uno de los señalamientos más fuertes formulados por el exgobernador durante la entrevista.
Pero nuevamente existe una diferencia fundamental entre documentar que el contrabando de combustibles pudo continuar durante una administración y afirmar que el gobierno federal lo dirige, permite o protege deliberadamente.
Durante la entrevista, Cabeza de Vaca no presentó una resolución de autoridad que acreditara que el gobierno de Claudia Sheinbaum opere deliberadamente ese supuesto esquema.
La acusación es políticamente explosiva. Su comprobación, sin embargo, exige mucho más que una declaración.
Embajadas, traiciones y votos
El exgobernador no reservó sus críticas únicamente para Morena.
También acusó a integrantes de la propia oposición de haber entregado políticamente sus estados al oficialismo para después recibir cargos diplomáticos.
Cuestionó además a legisladores opositores que aportaron votos decisivos para que Morena y sus aliados aprobaran reformas constitucionales.
Desde su perspectiva, esas negociaciones debilitaron los contrapesos institucionales y dejaron a la oposición sin una estrategia común frente al oficialismo.
Su discurso intenta colocarlo en una posición incómoda para los dos bloques: adversario frontal de Morena, pero también crítico de una oposición a la que acusa de negociar, ceder y guardar silencio.
“Por supuesto que aspiro”, dijo.
Cuando Daniel Camargo le preguntó directamente si buscará la Presidencia de la República, Cabeza de Vaca no intentó esquivar la respuesta.
El panista aseguró que pretende participar en la construcción de una alianza entre partidos políticos, sectores productivos y ciudadanos rumbo a 2030.
Pero su aspiración presidencial enfrenta un desafío que rebasa las encuestas y las estructuras partidistas: recuperar presencia pública mientras permanecen abiertas las controversias legales en México y continúan las preguntas sobre las investigaciones en su contra.
La entrevista cerró con un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum:
“no voy a ningún lado, voy a seguir dando la batalla hasta tumbar este régimen autoritario”.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha colocado nuevamente su nombre en el tablero presidencial. Lo hace desde Estados Unidos, con una aspiración política explícita y elevando el tono de sus acusaciones contra Morena y personajes centrales del poder político.
Pero una aspiración presidencial no borra un expediente, de la misma manera que una acusación, por grave que sea, no se convierte automáticamente en verdad judicial.
Entre los señalamientos que enfrenta y los que ahora formula contra integrantes del oficialismo, el exgobernador intenta disputar algo más que una candidatura: busca imponer su propia versión de una de las confrontaciones políticas más ásperas del sexenio anterior y convertirla en plataforma rumbo a 2030.
El camino presidencial, sin embargo, no se definirá únicamente frente a cámaras y micrófonos.
Se jugará también en las carpetas de investigación, las denuncias presentadas, los documentos que puedan hacerse públicos, las respuestas de los funcionarios señalados y las resoluciones de los tribunales.
Ahí estará la verdadera disputa: determinar, con pruebas y no solamente con discursos, quién persiguió políticamente, quién debe responder por sus actos y quién puede sostener frente a la justicia las acusaciones que hoy lanza desde la arena pública.
