El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo enfrentará desde su casa las acusaciones que le carga la Fiscalía de encabezar presuntamente una gran trama de huachicol fiscal. Una jueza de control ha ordenado el cambio de la medida cautelar que se le había impuesto al político del PAN en un principio, esto es, ser recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Se espera que Ruffo, de 74 años, abandone la prisión en las próximas horas. Es probable que al exmandatario se le coloque un dispositivo rastreador y se le dicten restricciones de movilidad.
El cambio de la medida precautoria ha derivado de un amparo que promovió la defensa legal de Ruffo contra su reclusión en el temible Altiplano, donde convive con criminales de alto perfil, incluidos narcotraficantes. Sus abogados alegaron que, conforme al Código Penal Federal, un imputado mayor de 70 años tiene derecho a la prisión domiciliaria para afrontar una acusación en su contra. Una jueza federal de amparo ordenó esta semana a la jueza de control con sede en el Altiplano que rectificara la medida que ella misma le había impuesto a Ruffo en julio, tras la audiencia de imputación.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exgobernador fue uno de los principales orquestadores de una red de huachicol fiscal que contrabandeó a México desde Estados Unidos 18 millones de litros de gasolina y diésel en 2025. En el centro de la trama se localiza la firma Ingemar, de la que Ruffo era accionista y secretario del consejo de administración. Según la acusación, a través de las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, frontera con EE UU, Ingemar introdujo 163 ferrotanques con combustible declarando una cantidad mucho menor a la que realmente transportaban, con lo que la red criminal evadió, presuntamente, el pago de 166,4 millones de pesos en impuestos.
La FGR acusó a una veintena de personas, desde accionistas de Ingemar y otras empresas hasta agentes aduanales corruptos. El 16 de julio fue arrestado el exgobernador panista. En la audiencia de imputación, la Fiscalía pidió a la jueza de control que se le impusiera la prisión preventiva oficiosa alegando que existía riesgo de que Ruffo se diese a la fuga, debido a su capacidad económica, su red de contactos y su doble nacionalidad (mexicana y estadounidense). Extrañamente, en aquella audiencia, su defensa legal no apeló para pedir otra medida cautelar, según han confirmado a EL PAÍS personas con conocimiento del caso. Los abogados del exgobernador dejaron pasar varios días para impugnar la prisión preventiva por la vía del amparo.
