Mauricio Merino dice tener mil y una motivaciones para volver al activismo ciudadano en vísperas del proceso electoral de 2027. El partido en el Gobierno ha ido definiendo sus figuras para las urnas bajo el eufemismo de los “defensores de la transformación”, mientras la oposición, que inicialmente denunciaba campañas anticipadas, ha renunciado a esa estrategia y ha optado por imitar al oficialismo. La confianza en las autoridades electorales ha quedado en entredicho y el crimen organizado acecha los comicios. En ese contexto, Merino y otros académicos y activistas de la etapa de la transición a la democracia en México han decidido crear Alianza Democrática, una iniciativa de observación electoral que emula a la Alianza Cívica de los años 90.
Corría el aciago 1994, el año del levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la crisis del fin del Salinismo, cuando un grupo de intelectuales y dirigentes de la sociedad civil fundaron Alianza Cívica, con el propósito de involucrar a la sociedad en la defensa del voto, la equidad y la limpieza electoral, mancilladas en las elecciones presidenciales de 1988 y en una larga cadena de fraudes cometidos desde el Estado en elecciones locales. Eran los primeros años de la transición a la democracia, el Instituto Federal Electoral tenía apenas cuatro años de edad y aún no se pactaba la reforma que sacaría por completo al Gobierno de la organización de las elecciones. Los fraudes electorales movilizaban a la sociedad en largos y desgastantes conflictos postelectorales. Panistas, perredistas y ciudadanos apartidistas confluían en un solo objetivo: que el PRI no volviera a robarse una elección. Sergio Aguayo, Rogelio Gómez Hermosillo y Mariclaire Acosta formaban parte de Alianza Cívica, que fue pionera en la observación electoral, junto con otros organismos como el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), que desde 1989 perseguía los mismos fines, y que hoy forma parte de este proyecto.
Han pasado 32 años y múltiples reformas al sistema electoral mexicano. Los activistas de entonces han decidido regresar al origen: convocar a la ciudadanía a vigilar las elecciones. “México está perdiendo su democracia. Paso a paso, se han ido desmantelando las instituciones creadas para ejercer y garantizar derechos y desplegar libertades. El INAI se extinguió, la CNDH abdicó de sus fines, el Poder Judicial se puso a disposición del partido-gobierno, el Legislativo sufrió un fraude que entregó la mayoría calificada a la coalición gobernante y las instituciones electorales: el INE y el Tribunal Electoral, están capturadas y sometidas al interés de la mayoría”, advierten en la convocatoria lanzada el 10 de septiembre, el mismo día del arranque formal y legal del proceso electoral.
Mauricio Merino Huerta, investigador de la Universidad de Guadalajara con una larga trayectoria en instituciones como El Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es uno de los promotores principales de Alianza Democrática. Este proyecto es respaldado, en principio, por 450 ciudadanos, entre los que se encuentran académicos, periodistas y exconsejeros electorales como José Woldenberg, primer presidente del IFE, y como él mismo, que fue integrante del Consejo General de 1996 a 2003. “No sabemos hasta dónde va a llegar esto. Lo que sí deseamos es que haya cada vez más conciencia de que no hay nada más ciudadano que un proceso electoral, y que por lo tanto no solo tenemos derecho, sino la obligación ciudadana, de vigilar que se cumpla la ley. Y, si no se está cumpliendo ya desde ahorita, por lo menos documentarlo, decirlo y hacerlo público”, comenta Merino en entrevista con EL PAÍS.
La anticipación de las campañas por parte del oficialismo -mediante el proceso de selección de “defensores de la transformación”- y la decisión de la oposición de crear su propio eufemismo para burlar la ley con sus “defensores de la patria”, han sido el detonante. La primera misión de Alianza Democrática es documentar los actos anticipados de campaña y para ello se ha creado un sistema para reportar toda aquella promoción de candidaturas disfrazada como “procesos internos de los partidos”.
Al mismo tiempo, la agrupación está documentando la integración de los 32 Consejos Locales y los 300 Consejos Distritales que operarán en el proceso y que constituyen la estructura descentralizada encargada de la organización y el arbitraje de los comicios. La siguiente etapa es mucho más ambiciosa -y compleja- y consiste en crear un ejército de observadores ciudadanos dispuestos a cubrir las más de 73.000 secciones electorales en las que se divide el territorio nacional. La cifra representa casi el triple de los 25.000 observadores acreditados por el INE en las elecciones presidenciales de 2024.
“Sí hay un proceso de regresión autoritaria bastante palpable y evidente, porque estamos viendo faltas flagrantes a las normas electorales, con autoridades que prefieren hacer alegatos jurídicos antes que hacer cumplir la ley. Vamos a registrar a nuestros observadores ante el INE y ese es el mayor desafío que tiene la Alianza Democrática, porque son 73.264 secciones electorales en todo el país”, comenta Merino con miras a la votación del domingo . En caso de que no logren congregar a esa cantidad de personas antes del 7 de mayo, cuando vence el plazo para el registro de observadores ante el INE, Alianza Democrática seguirá captando registros de lo que la ciudadanía vea en campo y pueda ser denunciado como un acto que ensucia el proceso.
