La pena de muerte era el castigo para el delito de traición a la patria, sin embargo, se prohibió en el país en 2005.
Constante Laureano fue el último ejecutado en México, militar de 28 años de edad fue fusilado en Saltillo el 9 de agosto de 1961. Sus delitos fueron insubordinación y homicidio.
Bajo los efectos del alcohol, disparó contra dos de sus superiores (un sargento y un subteniente), dándoles muerte.
Ahora la traición se castiga con 5 a 40 años de prisión y una multa de hasta 50,000 pesos.
Las formas de traición incluyen actos contra la soberanía, espionaje, facilitar una invasión, etc. Acusaciones un poco difíciles de comprobar.
Al ex fiscal de justicia de Chihuahua, César Jauregui, lo detuvieron acusado de traición a la patria, la acusación principal, fue permitir la entrada de dos agentes de la CIA para destruir un narcolaboratorio. Lo escabroso del tema, sostiene Jauregui y tal vez con razón, es que esa destrucción fue en bien de la patria, y estaría acorde a la política federal de ataque a los narcos.
Nos dicen que hay otros cargos estatales, que no se dan a conocer.
Es muy difícil que un fiscal estatal este limpio de toda culpa, es un puesto donde sobran tentaciones y oportunidades poco éticas y hasta ilegales, pero en el juicio federal no lo acusan de corrupto y si acaso lo hacen, deberán comprobárselo.
Hasta aquí parecería un acto de limpia de un funcionario que se fue por la senda equivocada, y merecería el mayor de los aplausos, pero parece haber mar de fondo político.
EL fiscal fue sacrificado con el escándalo de la CIA para quitarle presión política a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que quiere ser presidenta de la república, pero de paso, se limpiaba la escena panista en el Estado rumbo a las próximas elecciones.
El fiscal quería ser gobernador, y si no se podía, se conformaba con una presidencial municipal. O sea, que más allá de la opinión del pueblo, o de los panistas, en la cumbre se negociaban las posiciones políticas y el parecía no caber en los cálculos.
El fiscal fue nombrado para cuidar los equilibrios de grupos políticos panistas en el Estado, pero con los años, los intereses modifican las posiciones y propician cambios en la élite gobernante. Entre las cosas que cambiaron se abren las siguientes hipótesis, recuérdese que una hipótesis requiere comprobación:
- Al fiscal le pagaron la factura política que tenía con el puesto y hacia el ocaso del gobierno, hay que acomodar las fichas y él ya no es funcional
- La gobernadora negoció la entrega del Estado a cambio de que no la toquen y pueda seguir con su campaña para la presidencia. Por cierto, el candidato de Morena es un viejo panista, que enojado se fue cambiando de partido hasta que aterrizó en Morena donde logró la presidencia municipal de Juárez y ahora la candidatura a gobernador. En esencia el PAN seguirá gobernando el estado.
- La gobernadora buscó a la presidenta, tuvieron una reunión privada; posiblemente en la negociación se incluyó la entrega del ex fiscal para cerrar el expediente de los agentes de la CIA. La presidenta demuestra que en efecto hubo un ataque a la soberanía y se aplica la ley, la gobernadora cumple con la patria entregando al culpable y puede seguir con su carrera política. Ambas ganan.
De no probarse las hipótesis, necesitamos transparencia, saber qué, cómo, cuando, por qué el fiscal trabajo con los agentes de la CIA para destruir unos narcolaboratorios, quién más estaba enterado, de entrada, sería su jefa y las autoridades federales, porque el ejército y la guardia nacional estaban en el operativo. A final de cuentas los funcionarios mexicanos no actúan solos.
De probarse alguna o todas las hipótesis, las políticas ganan y la sociedad pierde. Comprobamos que la calidad de la política mexicana ha llegado a un nivel deleznable y éstos son la nueva generación que puede (mal) manejar el país por las próximas dos décadas.
Así resultaría que la detención de un ex fiscal, el otro acusado al parecer se les escapó, no es una cuestión basada en la ley, sino en consideraciones que tienen el efecto contrario, atropellan el Estado de Derecho.
