En poquísimas palabras, el Instituto Nacional Electoral (INE) es la evolución de un órgano que nació para frenar los abusos de un voraz régimen autoritario y hacer válidos los triunfos de la oposición; un árbitro capaz de contener al fraudulento, al tiempo que organizaba la competencia y garantizaba equidad y credibilidad en cada fase. Con tamaño reto, ¿a quién extraña que el INE haya devenido, para mal, en actor político?
De hecho, en las negociaciones para quitarle al PRI-Gobierno el control de las elecciones, inicialmente se ideó un esquema híbrido en el que se subsidiaba, con personas con peso específico fuera de la política profesional, el esfuerzo institucional para apuntalar tanto la eficacia del invento como la confianza en su proceder colectivo. No fue trivial todo lo que cedieron los políticos.
Viene al caso recordar que problemas ajenos a la técnica electoral afloraron pronto, y que en las consejerías se cayó, en los tiempos de las alternancias prianistas, en la componenda de “las cuotas y los cuates” entre los partidos con más peso. Si en lo formal se guardaban las normas, si se promovían cuadros solventes en la técnica, no quita que la política, los políticos, se fueron reapropiando del IFE/INE.
Si en algo son comparables Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, es que, por los motivos que se quieran, fueron cabeza de un organismo donde la presidencia se volvió demasiado protagónica. El árbitro saturaba mucho la conversación. Reitero, la salida de ambos no puede ser más distinta en cuanto a las causas, pero quizá valga la pena revisar que ese protagonismo, al final de cuentas, comprometió al INE.
Como en el principio, es decir, después de la crisis por los comicios de 1988, hoy el árbitro electoral no puede ni debe ser antagónico del gobierno, y mucho menos de la oposición. ¿Hay espacio para aprovechar la renovación de la presidencia del INE a fin de que se privilegie una capacidad técnica que derive en confianza, que desde luego no puede existir sin obvia y evidente autonomía?
Dado que la crisis Taddei obliga a una purga mayúscula —que ya ha iniciado— en muchos de los puestos clave de la organización de los comicios, se abre el espacio para, precisamente, buscar que el rearmado de las direcciones que han de ser renovadas sea a partir de perfiles con recorrido profesional lo más ajeno, y lo más refractario, a la política, comenzando con la presidencia misma del organismo.
El INE actual ya tiene demasiados políticos. De ellas y ellos, los consejeros, toca esperar que descifren adecuadamente el reto de la coyuntura. Si la Cámara de Diputados hace por una vez lo correcto y procede a una selección de la mejor persona, y si el acento de ese perfil es por lo técnico, ¿quién duda de que las consejeras y consejeros que no sigan la tónica de ese liderazgo se verían exhibidos?
Lo contrario también es previsible y por tanto ominoso: si en San Lázaro la cabra tira para el monte y ponen a alguien de la cuadra morenista, si se repite el error de 2023 de nombrar a quien se quería tripular desde Gobernación, bastantes consejeros y consejeras caerán en el juego, es inevitable, de asumirse actores políticos en la defensa de ciertos intereses (todo a nombre, unos y otros, de la democracia).
¿Se puede volver a introducir al duende en la botella? ¿Los actuales consejeros del INE pueden plantarse y comprometerse a crear un momento preponderantemente técnico, sustraerse del calor de ciertos debates —sobre todo del ruido barato de algunos representantes de los partidos—, priorizar los trabajos para una prontísima recuperación del prestigio de la presidencia y, por ende, de la institución?
El que exista esa posibilidad depende, fundamentalmente, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaría muy en la línea de lo que prometió que sería su administración —una donde la técnica se pone al servicio de la política— el que la definición de la quinteta de candidatos que su mayoría legislativa elabore esté marcada por cuadros con probidad, reconocida autonomía y experiencia técnica.
Da pena ver en lo que convertimos al INE. Los nefastos videos de la era Taddei, rematados con su oropel parisino, son una llamada de atención mucho más allá del obradorismo. Todos los partidos, de una forma u otra, le fallaron al IFE/INE, que hoy se parece —más que nunca, pero esto tampoco inició en 2023, no equivocarse en ello— a nuestra política; justo el camino que se quería evitar en los noventa.
El IFE/INE iba a ser algo que estuviera por encima de nuestros políticos. No resistió. El problema es que se ha desfondado en un momento muy delicado y de la obscena forma en que ha ocurrido, ni qué decir. Volver a los orígenes no debería ser difícil para Sheinbaum a la hora de decantarse por alguien de prestigio para presidir el INE: honraría los pasos, entre otros, de Miguel Ángel Granados Chapa y José Agustín Ortiz Pinchetti.
El agua sucia desborda la tina donde chapoteaba la nunca suficientemente madura democracia mexicana. Parte de lo que causó la contaminación fue la versión morenista del “cuates y cuotas” implementada en 2023. El experimento no pudo salir peor, y le ha estallado en una agenda saturada de temas explosivos a la presidenta Sheinbaum, pero también le ofrece un enorme regalo.
Reconducir al INE hacia una dimensión técnica es obligado porque de otra forma se compromete la macroelección de 2027; y garantizar una autonomía genuina de la persona que presida el árbitro electoral le dará nuevo oxígeno a la política, y por esa vía a la democracia. Lo contrario sería un gran error político de una presidenta con formación científica que tiene todo para no dar ese paso al vacío politiquero.
