La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana ha informado este viernes que ha restituido el acceso a parte de los recursos del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, disponibles en cuentas bancarias que la dependencia había ordenado inmovilizar al sistema financiero en mayo, en medio de una acusación estadounidense sobre supuestos nexos del político con el narcotráfico. La unidad ha añadido que, con la medida de desbloqueo parcial, acata la resolución de un juzgado administrativo de Sinaloa, que salvaguarda el acceso a pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación.
La unidad fue cauta en su comunicado al referirse al sujeto de la medida solo como “un exfuncionario del gobierno de Sinaloa”, aunque tampoco negó que se tratara de Rocha Moya en solicitudes adicionales de información hechas por EL PAÍS. “La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones”, ha aclarado el despacho.
La decisión constituye el último episodio en la saga del político morenista, acusado por las autoridades estadounidenses, junto con ocho colaboradores y el senador Enrique Inzunza, de sendos cargos relacionados con tráfico de drogas y legitimación de capitales, presuntamente en colaboración con el poderoso Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada. ras varios meses de licencia por la investigación, el exaliado de la presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un breve amago de regresar a su cargo, aunque encontró oposición dentro de su propio partido, Morena, del Ejecutivo y hasta de las fiscalías, que “recomendaron” a Rocha volver al ostracismo para evitar agitar la relación bilateral con Washington.
Inmediatamente después de que surgió la acusación de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en abril, los bancos mexicanos se movieron de manera directa a filtrar y cerrar las cuentas del renombrado exfuncionario y su círculo cercano, según confirmaron fuentes financieras en su momento, con el objetivo de evitar sanciones financieras desde EE UU que comprometieran su reputación y liquidez. Semanas después, y como parte de una pesquisa local que no ha arrojado imputaciones, la presidenta y la UIF confirmaron el congelamiento de los recursos. También informaron de que inteligencia financiera había incorporado a los sospechosos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), una herramienta que obliga a las entidades financieras a suspender de inmediato cualquier operación o servicio de los clientes incluidos en ella. En aquella ocasión, el organismo tampoco identificó directamente a los implicados, un procedimiento habitual en procesos judiciales en curso.
La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, ha explicado que el procedimiento judicial que ha dado lugar al desbloqueo parcial fue promovido por el propio político: “se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, puntualizó.
