El decomiso de combustible ilegal de 59 millones de litros, presumido la semana pasada como el más grande de la historia de México, ha pasado esta semana a un lugar sonrojante. La agencia de investigación y su delegado en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, han sido cuestionados a medida que crecen las réplicas sobre cuántos de aquellos millones de litros serán finalmente ilegales. Según fuentes cercanas al caso, Vera Ayala es el principal responsable de este aseguramiento en la planta de distribución de hidrocarburos de Grupo Simsa en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide. Esta operación se ha desinflado conforme pasaban los días, pasando de manos de la oficina estatal de la Fiscalía a las de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a medida que crecían las dudas sobre cuál podría ser la cantidad final que, realmente, sea combustible de origen ilegal. Aunque durante las últimas 24 horas se ha publicado en varios medios que Vera Ayala habría dejado su cargo, en la oficina de Guanajuato han confirmado a EL PAÍS que el funcionario sigue en su puesto.
El corazón del caso reside en este centro de distribución. Tiene 15 hectáreas de superficie e incluye una conexión ferroviaria para recibir el combustible directamente desde la frontera. A principios de 2019, cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró los ductos de distribución para combatir el robo de combustible y hubo casi dos semanas de desabasto de combustible en el país, esta planta pudo seguir suministrando a las gasolineras justo al recibir su producto en trenes. El combustible que está en la planta y fue decomisado por la Fiscalía no pertenece a Grupo Simsa. Esta compañía solamente se encarga de su almacenamiento, siendo terceras empresas las propietarias de los hidrocarburos.
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El 17 de septiembre, Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad de Guanajuato, anunció por redes sociales este decomiso. Las cantidades eran pantagruélicas: 33,5 millones de gasolina regular, 18,3 de diesel y 7,3 de premium, repartidos entre 10 enormes tanques de almacenamiento. Eso sí, no había un solo detenido. Al día siguiente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de visita en el Estado, prometían detenciones y la Fiscalía explicó, en un comunicado, que no se había acreditado el origen del combustible.
A las horas, Grupo Simsa, perteneciente a la familia Issa Tafich, sacó un comunicado en el que, además de asegurar tener todos sus permisos en regla, explicaban cómo opera su planta: ellos se limitan “a recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, que son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía, y acreditan la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de sus productos”. Entre sus clientes están Petróleos Mexicanos, la paraestatal, y otras grandes petroleras como Shell, ExxonMobil o Energas. Fuentes del sector apuntan a que la cantidad real de combustible asegurado, a medida que las compañías dueñas demuestren su legalidad, puede ser mucho menor.
