El problema de la contaminación del agua en Guadalajara no comenzó en octubre. Una buena parte de la gente en México se enteró de que las tuberías en la zona metropolitana de la capital de Jalisco sacaban líquidos turbios y olores fétidos por las protestas que encendieron a los habitantes de esa región. Pero la historia no empezó allí. La razón por la que los vecinos estaban tan furiosos llevaba meses circulando en el sistema de agua potable —algunos aseguran que años— pero, como cualquier infraestructura sin atender, la ya innegable degradación se manifestó terriblemente a través de los grifos de las casas y comercios en el primer fin de semana de octubre.
Como el problema no era nuevo, las propuestas de soluciones tampoco lo eran. El Gobierno de Jalisco —sin importar el partido político que representara— sabe desde hace más de 10 años que la ciudad, la segunda con más densidad de población después de Ciudad de México, necesitaba con urgencia un sistema seguro para trasladar el agua potable desde el lago de Chapala y la presa de Las Pintas. El plan debió sumergirse en el debate político sobre su costo y la manera de ejecutarlo y, como nunca hubo un consenso, la construcción de un ducto moderno para abastecer de agua a Guadalajara nunca ocurrió. Debe dar mucho coraje saber que la propuesta anduvo de escritorio en escritorio durante una década, que nadie tuvo la voluntad de hacerlo y que por ello miles de personas han enfermado o se quedarán sin agua hasta marzo de 2027.
La rabia de la gente que protesta en Guadalajara desvela también una serie de factores que se reproducen en muchas ciudades en México: la escasez de agua, su baja calidad, sus crecientes costos y las desigualdades sociales sobre su abasto. Problemas como el cambio climático y el crecimiento poblacional desmedido están poniendo más presión sobre el acceso al agua que nunca. Un 36% de la población mundial ya vive en regiones que padecen estrés hídrico, es decir que se enfrentan a la escasez por alguna razón. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), para 2050, el 52% de la población global padecerá de alguna manera el desabasto. Lo que está pasando en Guadalajara es una advertencia para el resto del país sobre la necesidad de repensar el abasto y modernizar la infraestructura de cara a la previsiones sobre el crecimiento de las ciudades en los años por venir. “La modernización de esa infraestructura no corrió a la misma velocidad que el crecimiento de la ciudad”, contaba Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco (CEA), a este diario. La frase de Barboza se puede trasladar al caso de muchas ciudades en el país.
Es difícil imaginar un futuro en el que acceder al agua potable no vaya a ser un problema en México. Existen los discursos sobre el derecho humano universal a tener agua saneada y luego están los vecinos de Guadalajara mostrando a la prensa botellas llenas de líquidos amarillentos y marrones. Está la celebrada derrama económica de 11.000 millones de pesos por los eventos del Mundial en la capital de Jalisco, pero faltan 12.000 millones para empezar a construir un acueducto que resuelva una parte del problema de polución. Están las empresas que promueven programas de sustentabilidad y planes amigables con el medio ambiente, pero que luego desechan sus residuos industriales en el cause de agua que tienen más a la mano. Está el cobro, siempre en aumento, por acceder al agua y también quienes no están dispuestos a asumirlo. El malestar de la gente se enciende cuando los discursos no coinciden con la realidad. Y contrastar no es ciencia.
