La presente administración ha estado tomando medidas antidemocráticas para asegurarse la victoria en las elecciones de medio término de noviembre, independientemente de la voluntad del votante.
En estos comicios nacionales, el partido republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes y en ciertas condiciones, del Senado.
La endeble justificación de sus acciones es que supuestamente millones de indocumentados han votado ilegalmente y que el fraude masivo está detrás de su derrota electoral en 2020. Una premisa nunca demostrada y que no por repetirla mil veces deja de ser falsa.
El 16 de julio, en discurso televisivo en horario de máxima audiencia, Trump repitió esas acusaciones desacreditadas poniendo en duda la integridad de las elecciones. Afirmó que hubo injerencia china en los comicios de 2020.
Y en un reciente podcast dijo: “debemos controlar las elecciones en al menos 15 sitios… los republicanos deben nacionalizar las elecciones”.
Aprovechando que la Corte Suprema le acababa de otorgar el derecho de configurar juntas anteriormente independientes, Trump destituyó recientemente a los dos miembros demócratas de la Comisión de Asistencia Electoral, a cargo, precisamente, de mantener el formulario federal de registro de votantes y de certificar los equipos de votación electrónica. Con la renuncia de los dos miembros republicanos del total de cuatro, la comisión ya no existe.
De ser aprobada, la moción de ley SAVE, paralizada en el Senado, impedirá que millones de votantes ejerzan su derecho al voto.
Buscando sembrar la desconfianza en nuestro sistema democrático, exige que las personas presenten “papeles”, como ser un certificado de nacimiento o un pasaporte, para probar su ciudadanía. Según el Brennan Center for Justice más de 21 millones de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen a la mano ningún documento que pruebe su ciudadanía.
A comienzos de año varios estados republicanos, notablemente Texas, rediseñaron sus distritos electorales para desechar el voto de afroamericanos y latinos y asegurar victorias republicanas en áreas anteriormente demócratas. Reacciones de estados como California no lograron compensar totalmente esas pérdidas.
Se teme que el gobierno federal envíe en noviembre tropas federales, esencialmente agentes de ICE, para interferir en los centros de votación bajo falsas premisas de que indocumentados tratan de votar, apoderándose de las urnas de votación.
El Ejecutivo ha demandado las listas estatales de votantes, violando la premisa de que cada estado administra sus propias elecciones, sin requerir la autorización federal.
Especialmente resaltan los ataques oficiales contra el voto por correo. En una nueva orden ejecutiva en marzo, la Casa Blanca asignó al Servicio Postal la función de examinar los padrones electorales estatales en busca de votantes que no sean ciudadanos, prohibiéndole que envíe formularios de votos a quienes determine que no lo son. Además, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional proporcionar listas de quienes cree que son elegibles para votar.
Veintitrés estados gobernados por demócratas impugnaron la orden ejecutiva, y tribunales federales bloquearon su implementación. Doce estados republicanos, en cambio, apoyaron al Ejecutivo.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, ratificó el bloqueo de la orden ejecutiva el pasado fin de semana, porque “amenaza con privar de su derecho al voto a muchos electores habilitados”.
Pero el lunes, la administración solicitó a la Suprema Corte de Justicia que le permitiera proceder con la implementación de la orden ejecutiva. De obtener el visto bueno de la mayoría republicana en este tribunal, ignorará los fallos adversos e impondrá su política antidemocrática.
Los abogados del gobierno basaron su apelación ante el tribunal en la premisa de que de todos modos no hay tiempo para implementar los cambios en este ciclo electoral, por lo que es prematuro bloquearlos, sin siquiera pretender que esos cambios contradicen la separación de poderes.
Solo los estados y el Congreso pueden regular las elecciones. La ley no le otorga a la presidencia ningún poder al respecto.
Nuestro país merece elecciones seguras y libres de interferencia política, no supervisadas por partidistas leales al Presidente que niegan resultados adversos.
La respuesta de la ciudadanía a los intentos de suprimir su voto es precisamente votando y participando en el ciclo democrático de la nación.
