La última batalla legislativa en torno a las reglas para votar en Estados Unidos sigue centrada en la SAVE America Act, una propuesta impulsada por el presidente Donald Trump que busca endurecer los requisitos para registrarse y participar en las elecciones federales.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes en febrero, pero permanece estancada en el Senado por falta de apoyo. Como respuesta, los republicanos ahora exploran una nueva estrategia para sacar adelante parte de sus disposiciones mediante un paquete de reconciliación presupuestaria.
Trump ha intensificado la presión sobre el Congreso en las últimas semanas. Durante un discurso a la nación el 16 de julio, pidió a los estadounidenses comunicarse con sus representantes y senadores para exigir la aprobación de la ley y aseguró que quienes se oponen a ella buscan “hacer trampa” en las elecciones. El mandatario también ha insistido en que la legislación es necesaria para reforzar la seguridad electoral de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.
¿Qué propone la SAVE America Act?
La SAVE America Act —cuyo nombre completo es Safeguard American Voter Eligibility Act— plantea modificar las reglas para las elecciones federales mediante requisitos más estrictos para los votantes.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
- Exigir prueba documental de ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, para registrarse para votar o actualizar el registro electoral
- Obligar a los votantes a presentar una identificación oficial con fotografía al emitir su voto
- Requerir que los estados compartan sus padrones electorales con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar la elegibilidad de los votantes mediante la base de datos federal SAVE
- Establecer sanciones para funcionarios electorales que registren votantes sin contar con la documentación exigida
Actualmente, la legislación federal ya establece que únicamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales y exige que los votantes certifiquen, bajo pena de perjurio, que cumplen con ese requisito. Sin embargo, no obliga a presentar documentos que acrediten la ciudadanía durante el registro, una exigencia de la SAVE America Act.
Impulso republicano
Los defensores del proyecto, principalmente legisladores republicanos, argumentan que la medida fortalecerá la integridad electoral y restaurará la confianza pública en el sistema de votación. El senador Mike Lee, principal impulsor en el Senado, ha descrito la iniciativa como una legislación importante.
El presidente Trump —quien también ha hecho llamados para “nacionalizar las elecciones” ha elogiado repetidamente el proyecto y ha insistido en que su aprobación evitaría fraudes electorales como los que, sin pruebas verificadas, ha denunciado respecto a las elecciones de 2020 que perdió frente al demócrata Joe Biden. En su red social Truth, desde hace meses ha reiterado su intención de impulsar el requisito de identificación para las próximas elecciones de mitad de mandato, incluso si enfrenta resistencia legislativa.
En otro mensaje hecho en marzo, el mandatario insistió en que el proyecto debería aprobarse “inmediatamente” y planteó que las elecciones deberían exigir tanto identificación de votante como prueba de ciudadanía, además de restringir el voto por correo, salvo en casos específicos como militares, enfermedad, discapacidad o viajes.
Algunas de las medidas propuestas cuentan con respaldo entre la población. Una encuesta realizada por The Washington Post, ABC News e Ipsos en febrero encontró que el 61% de los estadounidenses apoya exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar, mientras que el 22% se opone. Otro sondeo del centro de estudios Pew mostró que el 83% de los adultos respalda exigir una identificación con fotografía al momento de votar.
Sin embargo, la legislación enfrenta una fuerte oposición demócrata y de las organizaciones de derechos civiles. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha comparado la medida con las leyes de Jim Crow —que imponían la segregación racial en EE UU—, afirmando que podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos que no tienen acceso inmediato a los documentos exigidos. Según estimaciones citadas por organizaciones como el centro Brennan, dedicado a la defensa de la democracia, alrededor de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso fácil a prueba documental de ciudadanía y unos 2,6 millones carecen de cualquier forma de identificación oficial con fotografía.
Los demócratas también han advertido que la postura de Trump de bloquear la firma de otras leyes hasta que se apruebe la iniciativa podría generar un “bloqueo total” en el Senado y paralizar otros proyectos legislativos.
Los críticos también advierten que mujeres casadas que cambiaron su apellido, ciudadanos naturalizados, votantes rurales, comunidades tribales, personas de bajos ingresos y otros grupos podrían enfrentar mayores obstáculos para registrarse o votar.
Asimismo, recuerdan que el voto de personas no ciudadanas en elecciones federales ya es ilegal y que los casos detectados representan una proporción extremadamente baja del total de sufragios emitidos.
¿Por qué sigue estancada en el Senado?
Aunque los republicanos controlan el Senado con 53 escaños, la legislación necesita 60 votos para superar el filibusterismo y avanzar hacia una votación final. El líder de la mayoría republicana, John Thune, ha reconocido en varias ocasiones que no existen los apoyos suficientes para alcanzar ese umbral y también ha descartado eliminar el filibusterismo, como ha sugerido Trump.
Además, algunos senadores republicanos han mostrado reservas sobre la propuesta. Lisa Murkowski votó previamente en contra de iniciar el debate del proyecto, mientras que Thom Tillis, Mitch McConnell y Susan Collins se han opuesto a distintos intentos de incorporarlo a otras iniciativas legislativas.
¿Podría aplicarse antes de las elecciones de noviembre?
Varios legisladores consideran que ese escenario es poco probable. El senador republicano Thom Tillis ha afirmado que más de 10.000 entidades gubernamentales tendrían que adaptar sus procedimientos para implementar los nuevos requisitos y sostiene que ese proceso no podría completarse antes de las elecciones de medio mandato.
Incluso si parte de la propuesta lograra aprobarse mediante la reconciliación presupuestaria, los recursos previstos comenzarían a distribuirse hasta el año fiscal 2027, lo que limitaría su impacto inmediato sobre los comicios de noviembre. Sin embargo, Trump y sus aliados aún buscan alternativas.
