La Suprema Corte volverá a pronunciarse sobre uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de México. El Alto Tribunal ha decidido este lunes, por mayoría, atraer el expediente sobre el activista Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por miembros del Ejército en 1974, en los años de la denominada Guerra Sucia. Ya se había hecho involucrado en 2011, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado mexicano en 2009 por este caso, el primero de esta naturaleza en llegar al tribunal. La Suprema Corte resolvió entonces restringir el fuero militar para actos cometidos contra civiles, que deberán pasar por los tribunales ordinarios. La sentencia que salga de esta nueva discusión irá un paso más allá y será también de vital importancia para el futuro, pues definirá si las omisiones del Estado en la búsqueda constituyen violaciones graves a los derechos y qué medidas puede ordenar un juez de amparo para garantizar que esta sea efectiva y no quede en papel mojado.
Entre los aspectos que concretará está la posibilidad de ordenar planes de búsqueda, diligencias en las indagaciones y acciones dirigidas a conservar la memoria histórica, al margen de las actuaciones de otras autoridades y siempre sin llegar a sustituirlas. La definición de estas cuestiones fijará un criterio para todos los casos que, como el de Radilla, se topen con la falta de presteza o incluso la negligencia de las dependencias que deben tomar la iniciativa en la investigación.
En ese sentido, en una durísima sentencia emitida en 2024, una jueza federal de Guanajuato denunció que “la ineptitud de la Fiscalía” no solo había impedido “el conocimiento de la verdad” sobre el caso, sino que la había ocultado “entre miles de fojas con información que el fiscal no consulta ni ordena”. Eso, agregó, ha hecho que “se mantenga en la opacidad la intervención en los hechos de funcionarios de Estado del más alto nivel”, a saber, agentes del Ejército mexicano.
Radilla fue un líder campesino que destacó por su defensa de la autonomía colectiva y del reparto de la tierra frente al monopolio. Su activismo en Guerrero, que dejó plasmado en numerosos corridos, lo llevó a la presidencia municipal de Atoyac en 1955, según recoge la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a participar en el Congreso Campesino de la localidad. En medio de la brutal represión con la que el Estado respondió a los grupos guerrilleros ―la denominada Guerra Sucia― un retén militar detuvo al camión donde viaja Radilla con su hijo de 11 años, y lo retuvo alegando que había compuesto corridos a Lucio Cabañas, líder del grupo armado Partido de los Pobres. Fue la última vez que se supo de él y, 52 años después, todavía se desconoce su paradero.
Su hija Tita Radilla, activista también, ha emprendido una lucha imparable para obligar a las autoridades a buscar su cuerpo y procesar a los potenciales culpables. En uno de los grandes hitos de esa batalla, logró que el caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó por primera vez al Estado mexicano por desaparición forzada y lo conminó a tomar medidas de justicia y reparación. México cumplió algunas de ellas, pero no la parte sustancial, que incluye “conducir los procesos penales para determinar las correspondientes responsabilidades y aplicar las sanciones” previstas; “continuar con la búsqueda efectiva y localización inmediata” del activista; y “brindar atención psicológica gratuita e inmediata a las víctimas”. El caso sigue bajo supervisión de la Corte IDH, junto con otros 14 que en los siguientes años llegaron a presentarse ante esta instancia.
La pelea ha seguido para Tita Radilla, que interpuso un amparo por incumplimiento de la sentencia. Ese es el amparo que aceptó la jueza de Guanajuato, que además enmarcó la represión política sufrida por Radilla como un caso de “terrorismo de Estado”. Las autoridades ―desde la Fiscalía General hasta la Consejería Jurídica, pasando por las Secretarías de Gobernación y de Defensa― respondieron con un aluvión de impugnaciones que dieron lugar al amparo que revisará ahora la Suprema Corte, a petición de la hija del activista, que buscó que algún ministro hiciera suya la facultad de atracción del expediente, pues ella no tiene competencia para solicitarlo directamente. Fue Loretta Ortiz quien lo hizo, y este lunes ha llegado al pleno del Alto Tribunal, que ha decidido por mayoría entrar de nuevo al caso y fijar criterios.
El ministro Giovani Figueroa ha justificado su “interés y trascendencia para sentar un precedente que equilibre la autonomía ministerial con el deber constitucional y con el deber interamericano de garantizar la verdad, la justicia y un recurso efectivo”. Esta nueva sentencia, ha agregado, les permitirá interpretar el artículo 2 del Pacto de San José y “fijar un estándar claro frente a las omisiones de investigación estatal”.
La atracción de expedientes de profundo interés social se ha vuelto un hábito relativamente frecuente entre los nuevos ministros, que han resuelto 420 desde que entraron a la Corte, según los propios datos de la institución. El el segundo asunto más frecuente, después de la revisión de amparos. Fuentes del tribunal explican que ahora llegan muchas más solicitudes que antes a la Secretaría General de Acuerdos por parte de ciudadanos que buscan que algún juzgador haga suyo su caso y lo atraiga. Un acuerdo general aprobado días después de iniciarse la nueva era judicial simplificó el procedimiento y eximió a los ministros de tener un proyecto para este tipo de procesos, para el que ya solo necesitan un resumen que hacen circular entre los ministros. Ambos factores explican en parte las cifras de atracción de casos del Alto Tribunal, que tiene entre manos varios asuntos de gran impacto para la sociedad mexicana, entre ellos, el de Rosendo Radilla.
