“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco. Además del uso de chorros de agua o de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este miércoles durante su conferencia matutina diaria. La mandataria ha asegurado que desde este martes solicitó a la Secretaría de Gobernación que instruya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que haga una investigación a profundidad sobre la tortura que la mayoría de los detenidos ha denunciado tras su liberación. También aseguró que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que entrar a investigar.
“Lo que pido es que la CNDH haga una investigación muy profunda. ¿Quién dio la orden? Que encuentre cómo se dieron las cosas, que entreviste a las víctimas y que haya responsables, porque no puede haber tortura”, dijo la mandataria. Paralelamente, en Guadalajara, Jalisco, ha trascendido que dos de los policías que habrían cometido abuso de autoridad durante la marcha del pasado 11 de octubre ya han sido llamados a declarar ante el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado.
En un vídeo dado a conocer este miércoles, se observa a un hombre joven vestido de civil, caminando y custodiado por varios funcionarios de la dependencia, dentro de las oficinas de la Secretaría. Su rostro ha aparecido en decenas de videos y fotografías tomadas por manifestantes que grabaron varios momentos en los que un policía se lanza contra los manifestantes a golpes. La aparición de este elemento de seguridad y su forma de contener la protesta causó intriga desde el primer momento, además, porque en su uniforme portaba en uno de los brazos el símbolo de una calavera combinada con el escudo nacional.
De los detenidos que ha reconocido oficialmente el Gobierno de Jalisco, por lo menos una decena de ellos ha denunciado haber recibido tratos de tortura desde su detención, y, sobre todo, durante su estancia en Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, así como durante sus traslados hacia esta sede.
Durante la noche del domingo y el lunes, fuera de la Fiscalía del Estado, en Guadalajara, uno a uno fueron liberados varios de los detenidos, que salieron de esas instalaciones con la ropa llena de sangre, vendados de la cabeza; incluso una de las mujeres tuvo que salir en una silla de ruedas con la nariz rota. Según varios de sus relatos, los golpes y tratos más severos los recibieron desde que fueron capturados y durante varias horas dentro de Casa Jalisco. También confirmaron que, una vez en la Fiscalía, la violencia física se detuvo; sin embargo, los amagos psicológicos continuaron. “Nos han dicho que los han presionado para firmar desistimientos en contra de la policía estatal que los agredió, que los laceró, que les fracturó huesos”, dijo la noche del lunes uno de los representantes legales.
A algunos detenidos, como Luis Fernando Álvarez, que salió vendado de la cabeza, con moretones en la cara y cuerpo, la misma policía los llevó a recibir atención médica a la Cruz Verde por la gravedad de sus lesiones.
La comparecencia de por lo menos dos elementos acusados de la brutalidad policial sucede menos de 24 horas después de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aceptara que había habido “errores y detenciones injustificadas” por la policía durante la marcha del domingo, en la que familias enteras se manifestaron por el derecho a recibir agua limpia en sus hogares.
En respuesta, irónicamente, recibieron chorros de agua de un cuerpo de bomberos que acompañó la represión, así como golpes y detenciones que todavía siguen sin clarificarse. “Siempre hemos dicho que el que la hace, la paga, y eso también aplica para los de adentro. Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados”, dijo Lemus, la tarde de este martes.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México indica que un servidor público comete este delito “con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin” cuando cause dolor físico o psíquico a una persona, cuando cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento.
Gina Romero, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, solicitó públicamente al Gobierno mexicano una investigación “pronta e independiente” de todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de derechos humanos, y “abstenerse de discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales”. “Según la información recibida, gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión fueron usados indiscriminadamente, así como detenciones arbitrarias. La integridad y derechos de todas las personas detenidas deben garantizarse”, publicó el pasado lunes.
