Un juez federal ha exonerado a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), de su responsabilidad en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua. Ocurrido en 2023, en el que murieron 40 personas debido a que los custodios huyeron, dejando encerrados a los migrantes mientras el fuego se propagaba. El magistrado considera que Garduño Yánez cumplió con las condiciones que se habían impuesto e incluían el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y la supervisión de estancias migratorias. Garduño estaba acusado del delito de ejercicio ilícito del servicio público, al ser la cabeza del organismo encargado de las estancias migratorias. El término exacto es extinción de la acción penal, que implica que el proceso no puede continuar ni se puede iniciar una nueva denuncia por los mismos hechos. Los abogados de las víctimas han anunciado que apelarán la sentencia.
Esta tragedia, ocurrida en marzo de 2023, acabó con 40 migrantes muertos después de que 67 hombres se quedaran encerrados en medio de un fuego provocado para protestar por las condiciones dentro del albergue. Los relatos de los supervivientes y los vídeos de seguridad coinciden: los funcionarios del Instituto y los guardias de seguridad privada se van del edificio, sin mirar atrás, dejando atrapados, bajo llave, a los migrantes.
La audiencia ocurrió el martes y duró hasta el final del día, con varios recesos. Hubo traducción a la lengua maya k’iche, ya que la mayoría de las víctimas directas e indirectas son de Guatemala. Garduño había logrado ya diferir una vez esta audiencia, que estaba programada para principios de septiembre, cuando no se presentó tras solicitar declarar por videoconferencia. Esta vez acudió, y fue increpado a su entrada justo por familiares y víctimas, según reportan medios locales.
Seis funcionarios de Migración fueron imputados por este caso, siendo uno de ellos Garduño, debido a que “incurrió en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes”. En enero de 2025, el juez encargado aprobó suspender el procedimiento penal contra Garduño si, en el plazo de 18 meses, el funcionario realizaba una serie de medidas compensatorias, que incluían una disculpa pública. Ésta ocurrió en septiembre de 2025, pero los familiares de las víctimas no quedaron satisfechos. Este martes, el juez determinó que Garduño ya cumplió con las condiciones impuestas, y dijo que el hecho de que los familiares no estén satisfechos no es un obstáculo legal para sobreseer la causa. Sus abogados han confirmado a este periódico que van a apelar la resolución.
“Se pactaron condiciones a modo con Garduño, y todas partían desde la formalidad, pero sin garantizar el acceso a las familias. Nuestra impresión es que fue una audiencia basada en formalismos, donde se dejó a las víctimas absolutamente de lado”, explica Miguel Zenteno, abogado de la Fundación para la Justicia y que representa a los afectados. “Aquí se ha beneficiado a Garduño, con condiciones fáciles en las que no importa lo que digan las víctimas. Vamos a interponer recursos legales en los próximos días”, anuncia.
Esta es la gran mancha de un muy controvertido historial de Garduño como comisionado de migración. Garduño, fundador de Morena y colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000, llegó a la dirección del Instituto Nacional de Migración en junio de 2019. Sustituyó a Tonatiuh Guillén, primer comisionado de López Obrador. En contraste, Guillén era un académico con enfoque en derechos humanos, mientras que Garduño venía de dirigir las cárceles de México. Su encargo era claro: convertir Migración en el muro con el que el Gobierno de López Obrador pudiera tener contento a Estados Unidos. El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, había amenazado con imponer aranceles si México no detenía a los extranjeros antes de que cruzaran su frontera, lo que hizo dar un giro copernicano a la política migratoria de México.
Bajo su mandato, se planteó como remedio militarizar el Instituto. Si antes de los acuerdos con Trump, había menos de 9.000 militares en tareas migratorias, para 2022 eran más de 40.000 elementos militares y de la Guardia Nacional en estos cometidos. En junio de 2024, de los 32 titulares de las oficinas estatales, al menos 15 oficinas estaban lideradas por personal con formación castrense, incluyendo generales de brigada, generales de ala y contralmirantes de la Marina. También gran parte de las estaciones migratorias acabaron bajo mando militar. Todo esto en un contexto de récord absoluto de detenciones de migrantes en México, que pasó de 180.000 en 2019 a 1.200.000 personas en 2024.
Pese a la tragedia del Centro Migratorio de Ciudad Juárez, Garduño se mantuvo en su cargo y hasta sobrevivió al cambio de Administración, siguiendo como cabeza de migración hasta abril de 2025. Menos de un año después fue recuperado por Mario Delgado, secretario de Educación Pública para convertirse en director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría.
