La inversión es uno de los factores clave de una economía pues no solamente determina el nivel actual del PIB sino que es crucial para definir la tasa de crecimiento futura, pues es mediante la inversión que se incrementa el acervo de capital de un país. Analizando las últimas décadas se puede apreciar una alta correlación, que de acuerdo con la teoría económica es una causalidad: los países que más invierten son los que más crecen.
Asimismo, la inversión, en especial la privada, suele ser el componente del PIB que muestra mayor volatilidad, pues en las recesiones se contrae con mayor fuerza que otros como el consumo o el gasto del gobierno. Ante la incertidumbre, las empresas suelen reducir primero su gasto en inversión antes que el gasto corriente.
Así ocurrió en la crisis de la pandemia: en 2020 la economía se contrajo 8.5 por ciento mientras que la inversión privada cayó 20 por ciento, caída −esta última− antecedida de un periodo de debilitamiento. Después de crecer a tasas de doble dígito por varios años, la inversión en México se frenó en 2016 cuando Donald Trump ganó la elección presidencial en Estados Unidos con un retrógrado discurso proteccionista y mercantilista antagonizando a todos sus socios comerciales, pero en particular a México. Amenazó con romper el acuerdo comercial de América del Norte −a pesar de abundantes evidencias de que éste ha resultado en una creación neta de empleos y que no ha restado al crecimiento de Estados Unidos.
La incertidumbre en torno a lo que pudiese ocurrir con las relaciones económicas entre ambos países resultó en que la inversión en México no creciera entre 2016 y 2018. Ya en 2019, una serie de medidas que generaron incertidumbre acerca del compromiso del entonces nuevo gobierno con el Estado de derecho y con el respeto de las reglas del juego una vez empezado el partido, ocasionaron que la inversión no solamente no aumentara, sino que cayera. De esta manera, hoy la inversión en nuestro país está 5.0 por ciento por debajo del nivel prepandemia y 13 por ciento por debajo del nivel de enero de 2019.
El estancamiento en la inversión desde 2016 se ha dado tanto en la inversión nacional como en la inversión extranjera directa que no ha vuelto a alcanzar los niveles que tuvo en 2015 cuando ascendió a 35 mil cuatrocientos millones de dólares. La contracción en la inversión nacional ha sido generalizada: la inversión pública en 2015 equivalía a 3.6 por ciento del PIB (llegó a ser de 6.0 por ciento en 2009) y para 2019 representaba solamente 2.6 por ciento (a medida en que se ha perdido espacio fiscal el ajuste se ha dado en este rubro); por su parte, mientras que la inversión privada representaba 17.9 por ciento del PIB en 2015, para 2019 equivalía al 16.7 por ciento.
Si no se logra revertir esta tendencia en la inversión, el país tendrá una senda de crecimiento económico todavía peor a la observada en las últimas dos décadas, que ya era muy mediocre. Para que las empresas inviertan necesitan percibir que tendrán retornos positivos. La experiencia internacional muestra que para ello lo más relevante es un entorno de certidumbre institucional. Esto significa tener confianza en que las condiciones legales en las que se realiza una inversión no se van a modificar en cualquier momento.
Me parece que la inversión en México va a aumentar en los próximos años como resultado del alto crecimiento que experimentará la economía estadounidense, por la pérdida de inversión que tendrá China como resultado de sus conflictos comerciales con EU, así como por el movimiento de nearshoring, en el que las empresas buscan reducir riesgos de disrupción en sus cadenas de suministro y prefieren que sus proveedores estén localizados más cerca de los centros de venta. Pero esta oportunidad no se capitalizará del todo si el país no hace mejoras sustanciales en el Estado de derecho. Podría haber una enorme oleada de inversión si se ofrece certidumbre jurídica a inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Esperemos que la oportunidad no se desaproveche.
El autor es economista en jefe de BBVA México.
