Cuando el Congreso aprobó la formación de la Guardia Nacional en 2019, una de las condiciones que puso la oposición fue que la institución dependiera de un mando civil. Ergo, se reformó el artículo 21 de la Constitución, donde se ordenó que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. La estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional quedó “adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.
- Una vez aprobada la reforma constitucional, se promulgó la Ley de la Guardia Nacional, donde claramente se define que “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”.
Así, aunque la Guardia Nacional fue concebida como una institución fundamentalmente militar, de jure quedó subordinada a la autoridad civil. Sin embargo, a este gobierno le importa un pepino la ley. Como López Obrador siempre quiso que la Guardia Nacional dependiera del Ejército, de facto así ocurrió. Formalmente dependía de la SSPC, pero, en la práctica, quedó a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Después de las elecciones intermedias de 2021, el Presidente anunció la intención de hacer tres reformas constitucionales durante la segunda mitad de su sexenio. Una de ellas sería acabar con la simulación de la Guardia Nacional: hacer de jure lo que de facto ya estaba ocurriendo, es decir, adscribirla a la Sedena.
El gobierno, sin embargo, no tiene los votos para aprobar ninguna reforma constitucional sin el apoyo de la oposición (me refiero a la suma del PAN, PRI, PRD y MC).
En abril pasado, la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica. Gracias a que la oposición se unió, no se obtuvo la mayoría calificada de dos terceras partes. Fue una dura derrota para el gobierno. Empoderada, la oposición anunció que tampoco votarían a favor de las otras dos reformas del Presidente, incluyendo la de pasar la Guardia Nacional a la Sedena.
Ayer, López Obrador anunció que eso de la Constitución le tiene sin cuidado. Quiere militarizar la Guardia Nacional por decreto. Bueno, ya está militarizada, pero ahora, por sus pistolas, hará de jure lo que está sucediendo de facto:
“Por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”.
Ah, bueno.
Se trata de una mentada de madre para el orden jurídico mexicano. Como no tiene los votos en el Congreso para enmendar la Constitución, el Presidente decreta que se haga el cambio, aunque esta modificación sea inconstitucional.
Previsiblemente, varios interesados demandarán que el acuerdo del Ejecutivo se eche para atrás porque contradice la Constitución y la Ley de la Guardia Nacional. El caso seguramente llegaría al Poder Judicial, que declararía inconstitucional e ilegal el susodicho decreto.
El Presidente también dijo ayer que el cambio lo podría hacer reformando las leyes secundarias. Mencionó la “Ley de la Administración Pública”, pero habría que modificar también la Ley de la Guardia Nacional.
En términos de reformas a leyes secundarias, el Ejecutivo sí tiene mayoría en ambas cámaras. Aquí la apuesta sería realizar algo similar a lo ocurrido con la industria eléctrica. Aunque la nueva ley secundaria en esta materia era inconstitucional, se requería que ocho de los once ministros de la Suprema Corte así la definieran. Pero sólo siete lo votaron de esta forma, por lo que la Ley de la Industria Eléctrica quedó en una especie de limbo jurídico, donde no es inconstitucional, pero sí sujeta a desafiarse por la vía del amparo.
Bueno, pues lo mismo ocurriría con la Guardia Nacional en caso de que cuatro ministros de la Corte se atrevieran a declarar como constitucional una reforma legal secundaria que la adscribiera a la Sedena, cuando la Carta Magna define, con toda claridad, que tiene que estar a cargo de la SSPC.
En fin, que hoy tenemos una militarización en los hechos y mañana podría legalizarse por decreto o reforma a leyes secundarias, aunque éstas contradigan a la Constitución.
- Twitter: @leozuckermann
