Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que no son militantes de la 4T, le pusieron en la mesa una buena solución al Ejecutivo y Legislativo sobre la reforma judicial. De inmediato, la Presidenta y los líderes en la Cámaras la rechazaron.
Los ministros, por un lado, anunciaron que dimitirán a sus puestos dejando libre el camino para la elección por medio del voto ciudadano de los próximos integrantes de la Suprema Corte. Son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña. El ministro Luis María Aguilar termina su periodo en noviembre.
Las otras tres integrantes de la Corte (Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz) sí se presentarán a los comicios a realizarse en junio del año que viene. Muy probablemente, con el apoyo de la maquinaria electoral de Morena, permanecerán en ese puesto.
Con esta decisión, los ocho ministros que se van están aceptando la constitucionalidad y legalidad de la reforma judicial. Punto a favor de la 4T.
Más allá de las renuncias, la Suprema Corte revisará el contenido de la reforma para decidir qué es constitucional y qué no. El proyecto del ministro González Alcántara, que supongo contará con el apoyo de los siete ministros que se retirarán, está proponiendo la invalidez parcial de la reforma.
Se considera como constitucional el voto popular para elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. También las medidas de austeridad para cargos futuros, los salarios por debajo de lo que gana la Presidenta de la República, la extinción de los fideicomisos y la creación de un Órgano de Administración Judicial. Asimismo, se validan los plazos para resolver asuntos fiscales y penales y la prohibición de suspender normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
En contraposición, el proyecto de González Alcántara sugiere la inconstitucionalidad del voto popular para elegir a jueces y magistrados federales, así como locales, lo cual implica la prohibición de remover masivamente a todos estos funcionarios. De igual forma, se declararía la inconstitucionalidad de los jueces sin rostro, el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones, algunas facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, la inatacabilidad de las decisiones de este órgano y la prohibición de suspender normas generales por medio de amparos.
Finalmente, el proyecto propone que no existen vicios al proceso legislativo en la aprobación de la reforma. En este sentido, se cumplieron las formas.
De aprobarse este proyecto, los ministros estarían aceptando dar sus cabezas y de los magistrados del Tribunal Electoral a cambio de salvar la de todos los demás jueces federales y locales.
Es una propuesta sensata y responsable dado el contexto de crisis constitucional que estamos viviendo. Una buena salida a los niveles de enfrentamiento de Poderes. Además, le ahorraría al país el dolor de cabeza de organizar una elección que no tiene ni pies ni cabeza de más de mil 600 juzgadores federales y cinco mil 200 locales.
A través de la elección de ministros y magistrados, la 4T lograría su propósito fundamental: dominar al Poder Judicial. Además, recordémoslo, con la mayoría calificada que tienen en el Congreso siempre pueden reformar la Constitución a su antojo, por lo que el control judicial está, en los hechos, muerto.
Lástima, Margarito, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo aceptaron esta salida.
De inmediato la rechazaron y anunciaron que, de ser así la resolución de la Suprema Corte, la desacatarían.
Terrible, entonces, el mensaje que está enviando la 4T. No admite márgenes de negociación. Son maximalistas. Quieren la enchilada completa. Es lo que ordenó el fundador del movimiento y ellos no se moverán ni un ápice en su objetivo de desaparecer los poderes judiciales federal y locales para crear un monstruo que, eso sí, ellos controlarán.
Para los que todavía tenían la esperanza que la 4T se comportaría de manera democrática, respetando los contrapesos del régimen, implementando soluciones sensatas, pensando en el bien de la República, la duda se va disipando. No, lo que les interesa es instituir un régimen autoritario donde el poder esté concentrado. Ya tienen al Ejecutivo y Legislativo. Están a punto de quedarse con el Judicial. ¿Quién seguirá?
X: @leozuckermann
