Los mexicanos pasan cada vez más horas atrapados en el tráfico y recurren menos al transporte público. En uno de los países con mayor congestión vehicular del mundo, cada persona que se traslada pierde, en promedio, 111 horas al año por los embotellamientos, con un costo de oportunidad de 5.645 pesos (unos 308 dólares), equivalente a casi 18 días de salario mínimo. En las grandes ciudades, las pérdidas se disparan y llegan a duplicarse, en un reflejo de problemas como la cobertura limitada de las rutas de transporte colectivo, la inseguridad y las deficiencias de las unidades. A la cabeza están los pasajeros de Ciudad de México, que con sus 21 millones de personas en la zona metropolitana, pierden hasta 10.721 pesos anuales por los atascos, una suma con la que podrían comprar un vuelo de ida y vuelta a Santo Domingo, Nueva York o Los Ángeles.
“Es más que dinero: nos cuesta vida. Este es el valor de estar atrapado en la congestión”, ha señalado Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante la presentación del estudio Costo del tráfico 2026, realizado junto con la empresa de datos de geocomportamiento Dat’s Why. La investigación analiza la relación de unos 32,5 millones de personas, en 44 zonas metropolitanas del país, con las ciudades, el parque vehicular y la red de transporte a su disposición. Los resultados revelan que el costo de oportunidad del tiempo perdido en coches, autobuses o sistemas de transporte masivo asciende a unos 203.300 millones de pesos (cerca de 11.000 millones de dólares), una cifra casi equivalente al presupuesto que el Gobierno federal destina a la partida de transporte en 2026: 209.998 millones de pesos. También, que quienes utilizan transporte público pierden más tiempo y dinero, en una relación que profundiza la desigualdad económica del país.
La medición no sigue el gasto en gasolina, mantenimiento de los vehículos o tarifas del transporte, sino el cálculo de lo que dejan de percibir las personas económicamente activas, basado en el ingreso mediano de cada ciudad analizada. La suma también apunta al tiempo que podría dedicarse a estudiar, realizar labores de cuidado, disfrutar del ocio o descansar. En total, es un indicador que acumula los salarios no percibidos y la pérdida de calidad de vida que afecta a adultos, pero también a infancias y personas jubiladas, con una mayor incidencia en las mujeres. Para contrarrestarla, el IMCO propone una receta de recomendaciones para procurar la sostenibilidad financiera del transporte público mediante aumentos de tarifas, además de inversiones públicas y privadas necesarias para ampliar y mejorar el servicio. También recomienda acelerar la modernización tecnológica y energética de las unidades y orientar los subsidios federales y locales hacia los sistemas que transportan a más pasajeros. Y para el sector privado, medidas de desahogo como considerar el trabajo remoto siempre que sea conveniente.
En este sentido, la congestión funciona como un impuesto no oficial sobre el tiempo, que pesa más sobre quienes más dependen del transporte público. Aunque sus usuarios representan el 40% de quienes se trasladan, concentran el 56% del costo de oportunidad, dejan de percibir unos 112.600 millones de pesos al año. También pierden más horas por los atascos: 140 al año, frente a 94 entre quienes utilizan un vehículo privado. En Ciudad de México, el tiempo perdido asciende a 211 horas anuales, casi nueve días completos. Oaxaca aparece como una de las sorpresas del estudio, con 175 horas, en un reflejo de las limitaciones de su sistema de transporte público. También destaca con 171 horas Puerto Vallarta, donde buena parte de los desarrollos inmobiliarios se erigen fuera de las zonas de mayor actividad económica, en las que se concentran negocios, restaurantes y hoteles que son la fibra de la ciudad turística. Al contrario, las ciudades con menores tiempos reportados son Chilpancingo, Saltillo, Hermosillo y Culiacán, esta última con 55 horas por persona.
Los resultados coinciden con los de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, que sitúa al automóvil particular como el medio más utilizado para trasladarse al trabajo, con un 31% de las respuestas. El transporte colectivo ocupa el segundo lugar, en un cambio respecto a la encuesta de hace una década, cuando el 38% de la población ocupada declaraba utilizarlo. “Aquí hay un tema de desigualdad también importante”, ha agregado Moy. “¿Tiene o no tiene sentido que las personas hagan su mayor esfuerzo por comprar su coche? Es una decisión racional. ¿Nos gusta eso? No lo sé, pero nos demuestra cómo se mueven las decisiones por falta de un transporte público eficiente”.
Estas decisiones también reflejan un sesgo de género, vinculado a las brechas económicas y de seguridad que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Las mujeres recurren más al transporte público que los hombres, en parte porque dependen más de este servicio y cuentan con menos recursos para acceder a otras alternativas, mientras perciben cerca de 86 pesos por cada 100 que ganan los hombres. Y en este renglón, la seguridad es otro obstáculo. Si bien el 43,3% de los usuarios se sienten inseguros al utilizar el transporte público, la proporción aumenta al 51% entre las mujeres.
